Lo que ocurrió la madrugada del 4 de marzo de 2016 en Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, aún estremece a sus habitantes y decenas de familias siguen sin recibir justicia ni reparación de daños. Ese día ocurrió lo que pronto se conoció como la masacre de Tumeremo, que dejó un saldo de al menos 17 personas asesinadas -según cifra oficial-. La masacre fue perpetrada por un grupo irregular armado liderado por Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo.
El abogado Alexis Duarte Perroni fue testigo del terror que sufrieron los sobrevivientes y el dolor de las familias de las víctimas. Esa noche estaba en su finca, cercana a la mina Atenas, donde ocurrió la masacre.
“Estaba en mi finca descansando, cuando escuché a personas gritar pidiendo auxilio, algunos heridos de bala, otros con sus rostros pálidos de haber sobrevivido el horror”, recuerda Duarte, quien estima que fueron unas 60 personas las que lograron huir de la masacre.
| “El Arco Minero hoy está lleno de impunidad, de silencios largos, de funcionarios cómplices y sus calles llenas de horror y miedo”
Américo De Grazia |
El primero en hacer público lo que ocurrió fue Américo De Grazia, entonces diputado de la Asamblea Nacional, quien afirma que para él significó un antes y un después en su vida.
“Era de madrugada, tomaba café. Me llama un amigo desesperado contándome que le habían matado a su hijo y, obviamente, al principio creí que se trataba de un homicidio como tantos otros que ocurren a diario en Venezuela y especialmente al sur del Orinoco”, relató De Grazia.
No obstante, cuando su amigo le narró los detalles que le contaron testigos presenciales, que le contaron cómo habían matado a su hijo, quiénes estuvieron presentes, dónde y cuándo ocurrió todo, supo que se trataba de una masacre.
Una masacre anunciada
“Las minas al sur del Orinoco, vale decir en Bolívar, Amazonas y parte de Delta Amacuro; son custodiadas por grupos criminales que hacen vida activa, que cobran la alícuota que les corresponde a ellos y a los jefes militares de la zona, se encargan de intimidar para cobrar y son los que finalmente administran las minas de manera fáctica. Y eso viene ocurriendo desde el año 2006 concretamente”, denunció.
Precisamente, De Grazia ya denunciaba la presencia de grupos irregulares armados en el sur del estado Bolívar ante la complacencia de las instituciones estatales, específicamente de las Fuerzas Armadas, permitiendo la presencia de un pranato minero. Diez años después, la situación no ha cambiado, al menos para mejor.
Sobre ese año, recordó la masacre de La Paragua, “la primera masacre de la que se tuvo conocimiento público notorio y comunicacional. Y a propósito de esa masacre, que fue ejecutada por funcionarios y oficiales de las Fuerzas Armadas, cambian el rol y ya no son los militares quienes van a custodiar y hacer la cobranza a los mineros in situ, sino que colocan de administradores en cada mina a los pranes”, además del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
“Los mineros debían pagar el 40 por ciento de toda su producción, sino eran echados o desterrados. Comenzó un dominio armado que fue creciendo día a día y se fue expandiendo. Por tierras debían pagar ancestros indígenas quienes también fueron dominados y en algunos casos incorporados a las filas del paramilitarismo del Topo”, agregó Duarte Perroni.
La masacre virtual de Rangel Gómez
La impunidad en la masacre de Tumeremo se vio venir desde el momento en que el entonces gobernador, Francisco Rangel Gómez, desestimó la alerta de De Grazia y aseguró que se trataba de una “masacre virtual”, argumento del que días después tendría que retractarse y admitir la matanza.
Pero fueron precisamente esas declaraciones y la exigencia de justicia lo que llevó a una protesta del pueblo de Tumeremo. Cerraron el paso por la troncal 10, vía internacional que comunica a Bolívar con Brasil. Una pancarta con fotos de los desaparecidos le dio rostro a la denuncia.
La noticia escaló a nivel nacional e internacional, lo que obligó al Ministerio Público a comisionar a los fiscales 42º nacional y 5º del segundo circuito del estado Bolívar, Merving Ortega y Marcos Hernández, respectivamente, para verificar los hechos.
El 9 de marzo, Tarek William Saab, como defensor del Pueblo, informó que dos testigos revelaron datos sobre el lugar de los hechos. Además se refirió a la participación de dos colombianos en la masacre. Dos días después, el Ministerio Público identificó a 16 víctimas desaparecidas, luego de entrevistas con familiares.
Pero fue hasta el 14 de marzo cuando asistió la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz. Ese día, oficialmente, se confirmó la masacre con el hallazgo de una fosa común en el sector Nuevo Callao. Se identificaron 17 cuerpos en total, aunque en principio se denunció la desaparición de 28 mineros.
Esa disparidad en las cifras reveló otra realidad de la vida en las minas. Una habitante, cuyo esposo fue una de las víctimas, manifestó entonces: “Aquí todos los días matan gente, lo que pasa es que no se sabe, no se dice. Los que no son del pueblo, no tienen dolientes que los reclamen. Por eso a veces la familia simplemente nunca más sabe qué pasó con ellos. Esta vez fue distinto. El pueblo salió a protestar”.
La fiscal calificó el hecho de masacre y cuestionó la presencia de un “Estado paralelo”, en alusión al poder de los grupos irregulares armados en estas zonas.
La caída de el Topo
En los días posteriores al hallazgo, siguió el dolor. Familiares sepultaron a las víctimas, y el pueblo de luto vivía entre la tristeza y el temor que marcó a Tumeremo.
Se libraron tres órdenes de captura. Ortega Díaz informó de la primera persona detenida: Rosa Zoraida Gil Salazar, presunta lugarteniente de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo. Otro de los detenidos por su vinculación con los hechos fue Francisco David Carache Zambrano.
Otros implicados a quienes les dieron privativa de libertad fueron: Luis Tomás Rivera Malavé, presuntamente vinculado con el manejo de capitales del ecuatoriano Ulloa Suárez; los primos Manuel Alejandro y Carlos Alonso Balaguera, imputados por legitimación de capitales y asociación para delinquir; Rodolfo Andredy Castrillón Castro y Publio Evelio Martínez Suárez, ambos de nacionalidad colombiana, por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El 6 de mayo se informó sobre la muerte de Jamilton Ulloa Suárez. Según el reporte oficial, “Fuerzas de Acciones Especiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) iniciaron a las 3:00 am una operación en el sector de Nuevo Callao, logrando abatir a alias el Topo”.
Responsabilidad estadal
Más allá de las detenciones y la muerte del autor de la masacre de Tumeremo, 10 años después no hubo reparación para las víctimas, ni garantías de seguridad en las zonas mineras.
“Hay responsabilidad en el mismo momento en que la seguridad nacional es un compromiso, es una responsabilidad directa del Estado venezolano. En consecuencia, no pueden obviar la existencia de ese problema, más aún cuando es una zona custodiada militarmente por varios organismos”, reiteró De Grazia.
Denunció también que el Estado sabe de la existencia del pranato minero y “comulgan con ellos entregando alianzas mineras, además de hacerse cómplices silenciosos bajo el signo de la opacidad (…) Por supuesto que llegará un momento en que en Venezuela se pueda hacer justicia y podamos actuar en consecuencia, además de sanar las heridas ambientales, sociales e incluso humanas”.
¿Advertencia olvidada o una herida abierta?
Para De Grazia, las condiciones que permitieron la masacre de Tumeremo, siguen vigentes.
“Sospecho que van a ser utilizadas ahora, conforme a la nueva Ley de Minas que están aprobando en la Asamblea Nacional, por las grandes transnacionales. Van a utilizar a estos grupos armados como una suerte de proxys a favor de las transnacionales para garantizar la tranquilidad y la efectividad de la cobranza”, advirtió.
Para unos, la masacre de Tumeremo fue una advertencia ignorada; para otros, es una herida que sigue abierta.
| “Los mineros debían pagar el 40 por ciento de toda su producción, sino eran echados o desterrados. Comenzó un dominio armado que fue creciendo día a día y se fue expandiendo” Duarte Perroni |
“Yo creo que es ambas cosas. Dejó una herida desgarradora en más de 18 familias, pero además se ha repetido de manera sistemática en muchas minas en el estado Bolívar, en Amazonas. Se ha convertido en desaparecidos en masacres, aliviaderos, fuga de capital y desplazamientos. Ha sido un ecocidio financiero porque también se ha desangrado financieramente a la Nación”, expresó De Grazia,
Para Duarte Perroni, a una década de este hecho, “ha habido una multiplicación del mal, una expansión general del control social y una población cautiva en su totalidad, incluyendo las fuerzas policiales, militares y de cualquier orden, quienes conviven con grupos delictivos en un esquema de silencio masivo”.
“El Arco Minero hoy está lleno de impunidad, de silencios largos, de funcionarios cómplices y sus calles llenas de horror y miedo”, agregó.
A diez años de la masacre, Tumeremo es un lugar marcado por la violencia, un reflejo de lo que ocurre cuando el miedo, el silencio y la impunidad se vuelven norma. Las voces que aquella madrugada pidieron auxilio siguen resonando en la memoria de un país que aún les debe respuestas, justicia y dignidad por la violación de sus derechos. Es una herida abierta, pero también un recordatorio de la justicia que no llega.
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