Bogotá, 12 abr (EFE).- Más de 2.300 personas han sido desplazadas de manera forzada o están confinadas en varios municipios del Pacífico colombiano, próximos a la frontera con Ecuador, por enfrentamientos y amenazas de grupos armados en las últimas dos semanas, según una alerta de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Esta oficina de la ONU lanzó una alerta humanitaria por la situación en los municipios de Olaya Herrera, Roberto Payán (Nariño) y entre El Charco y Argelia (Cauca) donde entre el 27 de marzo y el 4 de abril, más de 2.333 personas (1.081 familias) afrodescendientes e indígenas se han unido a las más de 16.000 personas que se encuentran en todo el departamento de Nariño desplazadas o confinadas.
La situación se debe a los enfrentamientos entre grupos armados, en una zona donde hay presencia de dos disidencias de las FARC -el Estado Mayor Central (EMC) y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico de la Segunda Marquetalia- y del ELN, que además han hecho amenazas directas a la población y minas antipersonales, que no permiten el movimiento ni los desplazamientos entre veredas.
«Se requiere la entrega de más de 1.081 kits de alimentos para las familias confinadas, desplazadas y con restricciones a la movilidad», estima la OCHA, que además pide más de 1.000 kits de higiene y que se preste atención a salud a estas personas.
Más desplazamientos en Cauca
También en Cauca, en una zona más al norte, en el municipio de López de Micay, la OCHA alertó del confinamiento de casi 200 familias en varias comunidades «a raíz de la constante presencia y control social de los grupos armados no estatales, que se disputan el control territorial en la zona rural del municipio».
El cañón del Micay es una de las principales zonas de influencia del EMC, que controla buena parte de este municipio y ha sido epicentro de roces en las actuales negociaciones que este grupo, encabezado por ‘Iván Mordisco’, quien no firmó el acuerdo de paz con las FARC, y el Gobierno nacional.
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«La continua presencia de los grupos armados en la zona rural de López de Micay ha venido evidenciando una serie de afectaciones directas a la población civil resultando afectadas al menos 9.130 personas, quienes están bajo la interposición de códigos de conducta e impactos en la libre movilidad», apuntó esta oficina de la ONU.
En la zona hay «sospecha de instalación de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explosionar (MSE) en caminos transitables y cerca a establecimientos educativos, amenazas y un riesgo inminente de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad».
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