Más de 120 organizaciones de la sociedad civil venezolana en la diáspora advirtieron que la ley de amnistía, aprobada el pasado jueves por la Asamblea Nacional, excluye a un número significativo de presos políticos, carece de mecanismos de verdad y reparación, y no garantiza la no repetición de violaciones de derechos humanos, por lo que instaron a las autoridades a adoptar medidas complementarias y reformas legislativas para que este instrumento contribuya de manera real y sostenible a la reconstrucción democrática de Venezuela.
En un comunicado conjunto, las ONG señalaron que, pese a que la ley se define como una amnistía “general y plena”, su alcance está limitado a episodios específicos y deja por fuera a al menos 181 militares presos políticos, además de decenas de civiles vinculados a esos procesos.
“El texto excluye un número significativo de casos de personas privadas de libertad por razones políticas, particularmente militares”, indica el comunicado, citando que existen aproximadamente 800 casos documentados de presos políticos en total.
Asimismo, el marco de los derechos gremiales y/o sindicales que se han visto afectados en este periodo general -señalaron- no aparecen expresamente con garantías.
Fijaron además una posición frente a las “deficiencias sustantivas que subsisten en el texto aprobado, en tanto no sitúa de manera inequívoca en el centro la restitución plena de derechos ciudadanos ni los derechos de las víctimas de violaciones graves a la verdad, la justicia y la reparación integral, ni se ajusta plenamente a los estándares internacionales aplicables en materia de justicia transicional”.
Adviertieron además que el instrumento no reconoce de forma expresa el derecho individual y colectivo “ni crea instancias destinadas al esclarecimiento de los hechos, a la identificación de patrones de violación ni a la preservación de la memoria histórica”.
“Tampoco incorpora condiciones sustantivas vinculadas al reconocimiento de responsabilidad o a la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad como requisito para acceder a los beneficios, lo que debilita su coherencia con los estándares internacionales en materia de justicia transicional”, añadieron en el comunicado.
Ley de amnistía: retorno de exiliados y inhabilitaciones políticas
Las organizaciones también criticaron que la ley no garantiza condiciones seguras para el retorno de personas exiliadas.
Aunque el artículo 7 permite representación legal para quienes están fuera del país, exige su comparecencia personal posterior ante tribunales sin asegurar que no serán detenidos.
“Para que el instrumento restitutorio sea verdaderamente efectivo respecto de las personas exiliadas, resulta indispensable una interpretación y aplicación que permitan obtener una decisión firme previa al retorno y garantice seguridad jurídica plena. De lo contrario, la incertidumbre normativa puede desalentar el regreso de muchas personas y frustrar uno de los objetivos declarados de reconciliación nacional”, advirtieron.
Señalaron además que el instrumento no garantiza expresamente la restitución plena de los derechos civiles y políticos de quienes han sido forzados al exilio, ni aborda el régimen de inhabilitaciones políticas, lo que constituye una omisión significativa en términos de reintegración efectiva a la vida pública.
Asimismo, el texto no delimita con suficiente claridad su alcance material respecto de conductas vinculadas al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación política, dejando espacio para interpretaciones restrictivas que podrían perpetuar la criminalización de la disidencia.
“Resulta además preocupante que el propio instrumento prevea en su artículo 15 la creación de una Comisión Especial para el seguimiento de su aplicación, de carácter político-administrativo, sin atribuirle competencias en materia de esclarecimiento de la verdad, determinación de responsabilidades o diseño de políticas de reparación, lo que confirma que el instrumento carece de mecanismos estructurales que aborden integralmente las dimensiones de justicia transicional que el contexto exige”, añadieron.
Finalmente, las organizaciones exhortaron al gobierno a garantizar «no solo la aplicación inmediata y efectiva del instrumento político restitutorio de derechos aprobado en favor de todas las personas injustamente privadas de libertad, sin discriminaciones ni exclusiones indebidas, sino de realizar las reformas necesarias y complementarias para que este instrumento contribuya de manera real y sostenible a la reconstrucción democrática de Venezuela, colocando en el centro a las víctimas y el respeto irrestricto de los derechos humanos».
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