Durante más de 12 horas pasaron detenidos 30 trabajadores de la compañía Gurimetal, propiedad del empresario Ricardo Albacete Vidal, quien alojó a la líder opositora María Corina Machado en su vivienda el pasado 27 y 28 de junio durante su visita al estado Táchira, en medio de un allanamiento que inició a las 12 del mediodía del pasado jueves 11 de julio por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, denunció que los trabajadores fueron sometidos a interrogatorios ilegales, a tratos crueles, inhumanos y degradantes e incomunicados de sus familiares hasta horas de la madrugada.
Acotó que la empresa fue saqueada, dañados parte de sus equipos y confiscada, por lo que además estos empleados se quedarán sin un medio de sustento para sus hogares.
Indicó que hubo un amplio despliegue policial dentro y fuera de la vivienda y de la empresa de Albacete, la cual fue acordonada con tres anillos de seguridad que impedían el libre tránsito de los habitantes de la zona.
Márquez resaltó que en vez del Ministerio Público investigar la denuncia que él hizo sobre el asalto a la vivienda de Albacete ocurrido el pasado 4 de julio, lo que se desató fue una persecución en contra de los dueños y de los empleados. “En el día de ayer simultáneamente detuvieron a Ricardo Albacete en un hotel de Caracas junto con algunos obreros que estaban arreglando el vehículo en el que se moviliza María Corina Machado, para continuar en la gira electoral en el país, y a la misma hora en un despliegue inusitado de fuerzas, tomaron por asalto la empresa y sometieron a tratos inhumanos y degradantes a más de 30 trabajadores de la empresa Gurimetal”.
Para Walter Márquez estos hechos lo que buscan es ocultar el fracaso de la presencia de Nicolás Maduro en el estado Táchira. “Ni siquiera llenó cuatro cuadras angostas en Barrio Obrero, mientras que María Corina llenó más de 20 cuadras de la Quinta avenida y toda la plataforma del Viaducto Viejo y el sector del banco Provincial y Banesco”, agregó.
El defensor de derechos humanos detalló que estos hechos contravienen la Constitución de la República, tratados internacionales, los acuerdos de México y Barbados, así como el compromiso que adquirió Nicolás Maduro con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, el pasado 30 de abril de 2024 en Miraflores al asegurarle que en Venezuela se garantizará la paz, la libertad y la plena participación para el proceso electoral del 28 de julio.
Sin orden judicial
Por su parte, Solvey Colmenares, concejal del municipio Guásimos, denunció que hubo un despliegue “descomunal” por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la PNB, quienes ingresaron a las instalaciones de la vivienda donde se hospedó María Corina Machado son orden judicial de allanamiento.
Detalló que todo el procedimiento se desarrolló por órdenes recibidas a través de llamadas telefónicas, y no con documentos que especificaran el motivo del allanamiento, ni de los interrogatorios.
“Para nosotros resulta una violación flagrante de los derechos de los trabajadores y de las personas que viven allí en el sector, porque inclusive ellos desesperados querían grabar, querían comunicarse con sus familiares y esto efectivamente fue negado”, agregó.
Indicó que los familiares de los trabajadores están en zozobra porque no saben qué va a ocurrir con ellos, porque los galpones fueron vandalizados. “Salían carros, entraban, subían, y nos dejaban a las personas ni siquiera acercarse a sus hogares, sino que simplemente les preguntaban a dónde se dirigían”, explicó.
Al respecto el concejal Sergio Guerrero, denunció que a las 2 de la tarde también cortaron el servicio eléctrico en Palmira, lo que dejó a los vecinos sin servicio de datos celulares y de wifi, mientras que se desconocía qué estaba ocurriendo con los trabajadores.