Un alto cargo del gobierno de Maduro y un intermediario se gastaron junto a sus familias más de 1,1 millones de dólares en unas vacaciones en la paradisiaca isla de San Bartolomé gracias a los 28 millones de dólares en sobornos por cuenta de Telefónica Venezuela, de acuerdo con información publicada el martes por el diario El País.
Las vacaciones en sí costaron más de 500.000 dólares, pero además, el intermediario se gastó allí unos 605.000 dólares en relojes de lujo y joyas, para disfrute del alto cargo y su esposa, reseña el medio español.
Por esta trama, Telefónica Venezuela, subsidiaria de la española Telefónica, pagará una multa de más de 85,2 millones de dólares en Estados Unidos, donde la justicia investiga el caso de sobornos a dos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y en la que también están involucrados dos intermediarios. Fuentes judiciales indicaron que, gracias a todos ellos, la compañía venezolana pudo tener acceso preferente a dólares en una subasta de divisas.
Telefónica Venezuela llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) con la justicia estadounidense a cambio del pago de una multa de 85,2 millones de dólares.
Según documentos judiciales, Telefónica Venezolana participó en 2014 en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno de Nicolás Maduro que le permitió canjear bolívares por más de 110 millones de dólares, 65% de los fondos que el gobierno venezolano adjudicó en dicha subasta.
Para garantizarse el cambio, Telefónica Venezuela reclutó a dos proveedores que pagaron aproximadamente 28,9 millones de dólares a un intermediario, a sabiendas de que parte de esos fondos se pagarían como «comisión» a funcionarios del gobierno venezolano a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, según la justicia.
Para ocultar dichos pagos, Telefónica Venezolana cubrió el coste de los sobornos comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados, según la acusación.
«Telefónica Venezolana (…) acordó llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos para obtener acceso a divisas estadounidenses y mantener su posición en el mercado de telecomunicaciones venezolano», asegura el fiscal federal Damian Williams del distrito sur de Nueva York en un comunicado.
Como parte del acuerdo, Telefónica Venezolana y la matriz española se comprometieron a seguir cooperando con el tribunal neoyorquino en cualquier investigación penal en curso o futura que surja durante la vigencia del DPA.
Telefónica Venezuela estará vigilada por tres años
La compañía estará sometida a una vigilancia o supervisión especial durante un periodo de tres años, la vigencia del acuerdo al que ha llegado con el Departamento de Justicia, en que se halla en una situación de “liberación condicional de responsabilidad”. Si al cabo de esos tres años ha cumplido sus compromisos, el Departamento de Justicia no presentará cargos.
También se comprometió a no hacer declaraciones que supongan un rechazo de su responsabilidad en el caso. Si las hiciera, se consideraría una violación del acuerdo. Incluso debe pedir el visto bueno si quisiera enviar un comunicado o convocar una rueda de prensa para hablar del caso.
Las exigencias son múltiples y someten a la compañía ―y a sus relaciones con proveedores y contratistas― a un examen continuo. El consejo de administración de Telefónica Venezuela estuvo examinando el mes pasado el contenido del acuerdo, por el que asume obligaciones en materia de formación contra la corrupción, relativas a su código de conducta, controles, políticas y procedimientos internos y también sobre la estructura de su política de retribuciones y bonus.
Con respecto a esto último, el acuerdo obliga a Telefónica a poner en marcha “mecanismos claros para incentivar” el cumplimiento de su código de conducta y de las directrices contra la corrupción. Entre esos incentivos, será obligatorio que la compañía incluya “criterios relativos al cumplimiento normativo en su sistema de retribución y bonus”.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de los involucrados en la trama de corrupción.
Redacción El Nacional
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