Después de dos años de trámites administrativos y legales, de revisión de expedientes y de que finalmente el Ministerio de Educación Superior aprobara la entrega de títulos de 132 estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), la ministra Ana María Sanjuán informó el pasado miércoles 4 de noviembre a través de la página web de la institución que debe ser suspendido, por lo que el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, le exigió cumplir la ley y no ser cómplice del exministro Ricardo Sánchez.
En rueda de prensa, Márquez acompañado de la abogada Ana Hernández y de los graduandos, David Cubillos y José Nieto, recordó que la entrega de títulos de este grupo de estudiantes ha estado paralizada porque trabajadores del Ministerio de Educación, dependientes del anterior ministro, estaban solicitando miles de dólares para permitir el evento académico.
“Tenemos las pruebas, lo hemos denunciado públicamente y ante la Fiscalía del Ministerio Público en Maracay. Nosotros exigimos que el acto de grado sea en San Cristóbal y así lo exigen los propios estudiantes. No se puede seguir violando la ley en una etapa de transición. Señora Ministra, usted es una de las negociadoras del gobierno en las conversaciones de transición junto con Dinorah Figuera, y ¿va a violar la ley?, ¿va a encubrir a esos bandidos de Ricardo Sánchez? me voy a convertir en el denunciante nacional e internacional de estas violaciones”, manifestó Walter Márquez.
Destacó que el acto de graduación fue organizado en el marco de la autonomía universitaria para este lunes 9 de noviembre en el auditorio de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet), porque se demostró que no hubo ninguna irregularidad en el desarrollo académico.
“Esto constituye una grave violación a la autonomía universitaria, la violación constitucional al derecho a la educación, a la descentralización de los procesos administrativos, y también el crimen de persecución contra los estudiantes de la UBA Táchira, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, explicó.
Recordó Márquez que dos estudiantes murieron en las carreteras del país mientras viajaban para buscar sus títulos universitarios. Una familia oriunda de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira. “No es lo mismo trasladar a ocho autoridades a San Cristóbal, que trasladar a 500 personas, entre graduandos y familiares. Estamos frente a un hecho arbitrario no solamente contra los estudiantes, sino contra el Táchira”, afirmó.
“No hay irregularidad”
José Nieto, uno de los 132 graduandos afectados, manifestó que han luchado para que se concrete la entrega de un título que les corresponde después de haber cumplido con los trámites administrativos y la carga académica exigida, y después de que se hicieran auditorías internas de la base de datos de la universidad y de los expedientes de los egresados, en las que el Ministerio concluyó que no había ningún tipo de irregularidad.
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“Es imposible que ya se tenga planificado un acto de grado, en donde tenemos compañeros que ya están viajando de diferentes partes del país y de otros país, ya hicimos una inversión en toga, birrete, y aparece el Ministerio con un comunicado de prensa para crear miedo, después de que hemos superado las barreras. No es posible que se nos siga atacando y violando nuestros derechos”.
Desconoce si la ministra Sanjuán no tiene conocimiento total de lo que está ocurriendo, pero indicó que continuarán luchando por su derecho a la titulación.
