Luego de su denuncia contra la fiscal de la Corte Penal Internacional –CPI-, Fatou Bensouda, presentada ante la presidencia de dicho organismo por complicidad con el gobierno de Nicolás Maduro; el diputado jubilado a la Asamblea Nacional y defensor de derechos humanos, Walter Márquez, informó que la funcionaria se pronunció la noche del miércoles 5 de diciembre sobre el caso Venezuela, manifestando que responderá sobre las acusaciones al ejecutivo nacional en un tiempo “razonable”.
“Antes señalaba que no había tiempo para decidir los exámenes preliminares. En un reporte de prensa de ayer 5 de diciembre ella señala que va a presentar las conclusiones sobre el caso de Venezuela en un tiempo razonable. Ese criterio es bien importante porque ella tiene más de cuatro años y medio investigando el caso de Venezuela y ha sido negligente en el cumplimiento de su deber, ha empleado dilaciones indebidas y arbitrarias y ha violado el debido proceso”, explicó.
Márquez precisó que por ello la denunció y solicitó al mecanismo de supervisión independiente de la CPI, que es una especie de inspectoría, que la procese por negligencia e incumplimiento grave de sus funciones. También solicitó al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, que como Estado parte y miembro integrante de la asamblea, junto con Ecuador y Argentina, exijan la remoción de esta funcionaria, por considerar que ha contribuido al agravamiento de la crisis venezolana, porque la Corte no sólo debe investigar sino también prevenir que no se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad.
“En el caso de Venezuela se han profundizado estos hechos desde abril de 2014 que se hicieron las primeras denuncias por parte de 180 diputados de América Latina, hay 4 millones de venezolanos en un desplazamiento forzoso y miles de venezolanos mueren en el país por falta de alimentos y medicinas. Es corresponsable la fiscal Fatou Bensouda”, expresó.
Aunque Bensouda anunció un tiempo razonable, Walter Márquez sigue exigiendo una respuesta inmediata y su destitución por retardo procesal, corrupción judicial y negligencia grave, pues el Estatuto de Roma la obliga a investigar y prevenir nuevos crímenes.