En un conversatorio promovido por la Fundación El Amparo sobre los alcance del informe publicado recientemente de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michell Bachelet, que contiene 83 párrafos y 25 recomendaciones, los ponentes llegaron a la conclusión de que existen pruebas suficientes que obligan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional –CPI- a actuar de manera inmediata para no ser cómplice o encubridor de crímenes de lesa humanidad, hechos que conmueven y afectan a la opinión pública nacional e internacional.
El presidente de la Fundación El Amparo y diputado jubilado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, indicó que durante el encuentro el profesor universitario y exdirector de la Policía del Táchira, Jesús Alberto Berro, analizó la ineficacia de la administración de justicia reflejada en el informe; el profesor de la Universidad de Los Andes –ULA- experto en temas de frontera, Francisco Sánchez, revisó las omisiones que sobre la grave crisis fronteriza tiene este informe, mientras que la abogada Ana Hernández, revisó 10 de los 11 crímenes de lesa humanidad que se desprenden de este análisis.
“Hice un estudio comparativo de los informes del alto comisionado de derechos humanos anterior, para los años 2017, 2018, con el del año 2019 de la señora Bachelet, y llegamos a la conclusión que se debe pedir la acumulación de estos reportes para que la Corte Penal Internacional como una noticia crimine, verifique los mismos como lo establece el mandato del artículo 15 del Estatuto de Roma, constatando la amplia información que ha sido procesada por la alta comisionaduría de derechos humanos de las Naciones Unidas”, expresó Márquez.
Destacó que aún y cuando existan algunas omisiones, como el caso de la frontera, el informe de Bachelet es una radiografía de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, con más fuerza desde el año 2014.
