A juicio del rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci, existe en Venezuela una política de Estado no escrita, que busca acabar con las universidades, por lo que esta casa de estudios se encuentra en rebeldía, en resistencia, y se niega a cerrar sus puertas a pesar de los bajos salarios y de no contar con recursos para infraestructura.
En entrevista con Diario de Los Andes desde la sede del rectorado en Mérida, Bonucci manifestó que recientemente recibieron la cuota presupuestaria correspondiente al año 2023, un 48% de lo que aspiraban, de los cuales les fue asignado un 8% para gastos de funcionamiento.
“Usted no puede tener un 8% de gasto de funcionamiento y un 92% de nómina o gastos de personal. Pero cuando usted revisa la actuación que ha tenido el Ministerio en los últimos años, descubre que en el año 2020 nos asignaron aproximadamente el 50% del presupuesto, en el 2021 nos entregaron el 10% del presupuesto en bolívares, y a junio del año 2022 nos habían entregado un 1%, vale decir, te pueden ofrecer mil millones de dólares, te pueden ofrecer lo que sea, pero ya tú sabes que no te lo van a enviar, ya tú sabes que es una ilusión… Nosotros tenemos dos opciones, o lloramos o vendemos pañuelos, nosotros decidimos vender pañuelos y nosotros nos hemos declarado en rebeldía”, expresó.
Destacó que la semana pasada visitó el núcleo universitario Alberto Adriani en El Vigia. A esta sede le robaron el sistema de cableado, por lo que no hay electricidad, a lo que se le suma que tienen fallas con el suministro de agua potable, y a pesar de ello compartió con 80 jóvenes que quieren estudiar en esas condiciones en la Universidad de Los Andes. “Porque siguen confiando en esta institución, entonces el mayor acto de rebeldía que nos hemos impuesto los universitarios, los ulandinos, es mantener nuestra universidad abierta, con diplomados, buscando recursos, haciendo un potazo”, acotó.
Bonucci recordó que en los años 2016- 2017 la ULA contaba con 48.000 estudiantes, pero para 2022 quedan 24.000 estudiantes, producto de la diáspora; mientras que a nivel docente un 6% de las plazas vacantes no las pueden cubrir, y a nivel de empleados y obreros cerca de un 10% también está vacío, porque no hay ciudadanos interesados en trabajar en una universidad donde se cancela menos que el sueldo de supervivencia.
Denuncias internacionales
Al ser consultado sobre el acuerdo de la Universidad de Los Andes con la Fundación El Amparo para registrar las dificultades que enfrenta el personal docente, administrativo y obrero, y elevar denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh) y la Corte Penal Internacional (CPI) producto de los bajos salarios que perciben, el rector Mario Bonucci indicó que en situaciones como estas siempre el Consejo Universitario aprueba hacer la denuncia nacional e internacional, ante los organismos de defensa de los derechos humanos.
“Para nadie es un secreto que la mayor cantidad del tiempo nuestros obreros, nuestros empleados, y nuestros profesores ganan menos de 1.9 dólares diarios, lo cual de acuerdo con los indicadores del Banco Mundial, los califica como pobreza extrema o indigencia. Si eso no es violación a los derechos humanos, qué otra cosa puede serlo”, agregó.
Destacó Bonucci que cuando a las universidades se les niegan recursos o se les cercenan derechos, no se está perjudicando al rector o al Consejo Universitario, se está perjudicando a la sociedad venezolana.