Caracas, 9 mar (EFE).- La candidata presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, denunció este sábado la detención del director de su comando de campaña en el estado Barinas, Emill Brandt, quien se suma -señaló- a tres colaboradores regionales aprehendidos en enero.
En X, la exdiputada acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de haber «secuestrado» a Brandt, «solo unas horas después» de su visita a Barinas, donde la opositora llevó a cabo una actividad política, de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio, en las que espera competir pese a la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos de elección popular hasta 2036.
Machado indicó que «hace 47 días secuestraron» a Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, jefes de su comando de campaña en los estados Yaracuy, La Guaira y Trujillo, respectivamente, quienes «hoy están presos en El Helicoide (Caracas), el centro de torturas más grande de América Latina».
A juicio de la líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la detención de Brandt «constituye una violación más al ya pisoteado Acuerdo de Barbados», suscrito en octubre por el Gobierno y esta alianza opositora que establece garantías para los venideros comicios.
«Exigimos una firme reacción de todos los actores nacionales e internacionales que apoyan una verdadera elección presidencial en Venezuela. Nosotros seguiremos recorriendo todo nuestro país en la construcción de más y más fuerza y organización ciudadana para lograr la victoria electoral este año», agregó Machado.
Previamente, el dirigente del partido Voluntad Popular Freddy Superlano, quien respalda a Machado, denunció que Brandt fue «detenido por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)», y alertó de que «el régimen» -en referencia al Gobierno de Maduro- «sigue persiguiendo a quienes piensan distinto».
La ONG Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) advirtió que «se desconoce su paradero», por lo que la organización instó a las autoridades a «emitir información oficial y liberarlo de manera urgente».
«El Estado es responsable de su integridad física y su vida, instamos a respetar su debido proceso», dijo la ONG, que aseguró que «persiste la política de intimidación y represalias contra críticos del Gobierno».
Vente Venezuela ha denunciado un «patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que el régimen ha emprendido contra dirigentes políticos, líderes sociales, activistas de derechos humanos y sociedad civil».
En enero pasado, el Gobierno, tras denunciar conspiraciones que incluían el asesinato del jefe de Estado, activó la ‘Furia Bolivariana’, un plan para «defender el derecho a la paz» que, sin embargo, preocupa a ONG y opositores, quienes alertan de un «recrudecimiento» de la «represión y la persecución» política, a pocos meses de las presidenciales.
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