Antes las declaraciones que en exclusiva publica Diario de Los Andes sobre la solicitud de investigación penal que hiciera en su contra el síndico procurador municipal de San Rafael de Carvajal, abogado Alfredo Araujo, la respuesta del exalcalde Marcos Montilla ejerciendo su derecho a réplica no se hizo esperar lo cual hizo por escrito ante la opinión pública trujillana y carvajalense.
Al respecto, el dirigente político regional, expresa “Quiero pronunciarme una vez más ante la persecución política a la cual seguimos siendo sometidos por el régimen desde hace más de 10 años. Ante las falsas acusaciones de «mandaderos» del régimen en contra de nuestras gestiones. Siempre fuimos una administración transparente que propios y extraños reconocen y reconocieron en su momento, la más auditada, acechada y vigilada para la época, pero por la actual situación política tan caliente y difícil, quieren sacarme de juego por ser un opositor que con trabajo desde abajo con la gente he venido colaborando para que pronto salgamos de esta tragedia nacional. Y eso no me lo perdonan.
Inhabilitación política es el objetivo
El objetivo es claro, se le ve las costuras – revela – siempre ha sido mi inhabilitación política. Estamos seguros que estas ilegales medidas que se pretenden tomar contra mi persona, exconcejales y equipos forman parte de una estrategia de amedrentamiento y hostigamiento por el temor que le tienen a nuestro liderazgo en el estado Trujillo, y por nuestra capacidad de organización social y política en todo el municipio San Rafael de Carvajal, y que el pueblo reconoce.
El pueblo carvajalense y trujillano – precisa – sabe de mi actuación honesta, pulcra, trasparente, además de humilde, eficiente, efectiva y popular en beneficio del pueblo durante mis ejercicios gubernamentales, los vecinos saben que durante mis periodos recibimos más de 200 auditorías por parte de la Contraloría nacional, regional, municipal, y auditorías internas, porque cumplimos a cabalidad con lo establecido en la ley.
Lea también
Alfredo Barrios es quien debe ser investigado
Siguen apuntando a donde no es – conmina – la Contraloría General de la República (nacional y estadal), la fiscalía y los tribunales competentes contra delitos de corrupción deben investigar es al actual alcalde Alfredo Barrios por cientos de presuntas irregularidades administrativas en su pésima y delictual gestión en que ha incurrido en menos de dos años.
El pueblo carvajalense y la opinión pública – denuncia – está clara que la actual Alcaldía en manos del corregidor Alfredo Barrios, no solamente es ineficaz, ineficiente e incapaz para resolverle los problemas a la población, sino que además es vox populi que no aguanta una auditoría ni investigación exhaustiva por la podredumbre administrativa en que está inmersa desde el alcalde hasta el cuerpo de directores más cercanos.
La corrupción de Alfredo Barrios – recuerda – se ha quedado corta en comparación con otra del PSUV cuando dirigieron el municipio hace varios años y que todo el pueblo recuerda. Los delitos administrativos cometidos por la actual gestión de Carvajal de los cuales, Barrios y su entorno, no podrán escapar cuando toda esta tragedia roja termine, involucra incluso, a familiares muy cercanos al alcalde que dejaron «el pelero», no solamente en la institución sino que tuvieron que dejar el país por el cometimiento de hechos ilícitos por la corrupta venta de vehículos pertenecientes al municipio.
En los próximos días – anuncia – denunciaremos las muchas irregularidades y delitos de corrupción del alcalde Alfredo Barrios, que va desde malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, entre muchos otros. Haremos público uno por uno los delitos en que ha incurrido en tan poco tiempo.
El sindico Alfredo Araujo está apuntando mal
Al síndico municipal, Alfredo Araujo, que – por cierto recordó – fue director de Hacienda entre otros cargos que ocupó en mis dos primeros periodos en el municipio, está apuntando mal, porque como abogado del municipio debe comenzar es una investigación por presuntos hechos delictivos de la actual gestión de su tocayo Alfredo Barrios, que han afectado significativamente la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Y en lo que respecta a su denuncia – graficándola como «el cliché» o el «periódico de ayer» – para amedrentarme con respecto a la venta de unos terrenos del eje vial en donde la Ley de Tierras es muy clara al señalar “que cualquier persona o tercero que se pueda sentir perjudicado por la aplicación de dicho instrumento legal solo podrá acudir de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia por ante el Contencioso Administrativo para dirimir la controversia y no reviste carácter penal ni de ninguna otra índole, solo administrativa. Explicaciones que las he dado de manera oportuna en todas las instancias.
Persecución para silenciar a la disidencia
Se trata de una continúa persecución política no solamente contra mí, sino dirigentes opositores que tengan algún peso y les estorbe en sus intereses – deja claro – lo del régimen sigue siendo un esfuerzo desesperado por silenciar la disidencia opositora como se ha visto en los últimos acontecimientos, es una vieja y perversa práctica del régimen. No es la primera vez que inhabilitan o intentan inhabilitar a políticos opositores en Venezuela. Recordemos los casos más emblemáticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Henríque Capriles, Manuel Rosales, María Corina Machado, Carlos Ocariz, entre muchos otros.
Para finalizar manifestó “Como fiel creyente y con fe en el dador de vida, que es mi Dios, el Dios de bondad, protección y misericordia, de esta nueva agresión rojita saldremos librados. Tengo la frente muy en alto, y puedo mirar a los ojos, a mis hijas, esposa, madre, familiares, amigos y compañeros de lucha, sin ningún temor. No nos rendiremos”
