Analistas opinan que con los ataques a las empresas, el gobierno busca deslindarse de sus responsabilidades, justificar el fracaso de sus políticas públicas y obtener votos del chavismo descontento
La campaña electoral de Nicolás Maduro ha estado marcada por una de las prácticas más repetidas durante su gestión: la persecución política, que fue una herencia del presidente Hugo Chávez y que el gobierno ha intensificado previo a la elección del próximo 20 de mayo. Con esto intenta demostrar fortaleza, aumentar su dominio en la ciudadanía y someter a la disidencia política, señalan expertos.
Esa práctica no parece cesar. El presidente, que busca su reelección, ha dicho que acciones como la detención de la directiva de Banesco, las intervenciones bancarias, los allanamientos en las casas de los magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en exilio, así como las inspecciones y expropiaciones de empresas son garantía de estabilidad política y económica con lo cual aspira a ejercer la Presidencia seis años más, pese a la lluvia de críticas y de señalamientos de ser el responsable de la crisis económica en el país.
Benigno Alarcón, director de Centros de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que estos eventos están relacionados directamente con la etapa de campaña electoral porque el partido de gobierno necesita lucir fuerte y capaz de sacar del camino a quien se le interponga, y de inhibir al que tenga la intención de enfrentarse.
“En la medida en que el candidato se muestra débil y desarticulado, aumenta la posibilidad de que pierda. Cuando eso ocurre luce derrotable. El gobierno apela exactamente a dar una impresión contraria: se impone y da un mensaje de que están cohesionados porque tienen el poder de las instituciones y los recursos económicos”, dijo.
Otro de los elementos que forman parte de la estrategia en la campaña de Maduro es la persecución hacia directivos de Pdvsa por casos de corrupción. De acuerdo con unas declaraciones del ex presidente de Odebrecht, el mandatario recibió 35 millones de dólares para financiar su campaña en2013 a cambio de que entregara contratos de obras públicas, que después de 4 años permanecen inconclusas.
Laura Louzza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que la estrategia del gobierno es perseguir a otros agentes para deslindarse de la responsabilidad que tienen por corruptos, que es la razón por la cual el TSJ en el exilio inició un juicio contra Maduro.
“Se plantearon: ‘vamos a demostrar ante la opinión pública que estamos buscando transparencia’. Es un juego en el que quieren un elemento de distracción para trasladar la culpa a otro y aumentar su popularidad”, señaló.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, dijo que el caso de Banesco es un patrón repetido. Ya que anteriormente sucedió con Econoinvest. Indicó que se trata de propagandas del gobierno para justificar el fracaso de sus políticas públicas.
Máquina de atraer votos. Este tipo de acciones influye en la movilización del chavismo que está descontento con Maduro y que el próximo 20 de mayo preferiría no participar o votar por uno de los otros cuatros candidatos.
Luis Salamanca, politólogo, aseguró que el gobierno utiliza la teoría de la democracia protectora y hace creer que cuida la moneda y el patrimonio de la nación para atraer a sus bases a escasos días de la elección. Además, aplica la teoría de la conspiración que considera que ha caracterizado desde sus inicios al chavismo-madurismo.
“Las campañas electorales siempre fueron conflictivas; el conflicto moviliza a sus partidarios y los cohesiona. Es decir, Maduro les dice a sus seguidores: ‘Aquí está el chavismo de siempre, luchando contra los malos y los ricos, y defendiendo a los más humildes’”, precisó.
Daños colaterales. Andrea Rondón, directora del Comité de Derecho de Propiedad de Cedice, indicó que desde 2007 se ha empleado una política de desconocimiento a la propiedad privada a través de expropiaciones, desalojos violentos y fiscalizaciones.
De acuerdo con el registro que lleva los procedimientos se han efectuado previo a elecciones y en meses de temporadas altas como en diciembre. “Inicialmente era una medida populista para ganar el favor del electorado, pero ahora el objetivo es amedrentar”, agregó.
Todas esas acciones han dejado como consecuencia la caída del aparato productivo del país, la desconfianza de inversionistas, aumento en la tasa de desempleo y en desabastecimiento de productos.
EL DATO
Hoy inician las audiencias públicas del 168 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en República Dominicana. En los debates que se llevarán a cabo en Santo Domingo se tratarán los temas relacionados con la situación de derechos elementales en Venezuela, así como también Colombia, Honduras, Nicaragua y México. Para el 10 de mayo está previsto el debate sobre el proceso electoral del 20 de mayo y su impacto sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela.
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