Alegría e indignación. Esas son las contradictorias reacciones que despertó el pasado jueves la elección del representante de Nicolás Maduro, para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La elección se realizó mediante una votación en la Asamblea General de ese organismo a la que se presentaban tres candidaturas para ocupar los dos puestos correspondientes a América Latina y el Caribe. Los ganadores fueron Brasil, con 153 votos, y Venezuela, con 105. En tercer lugar quedó Costa Rica, que obtuvo 96.
Según reseñó la agencia EFE, cuando se anunció el resultado de la votación por Venezuela estalló una ovación en una parte del hemiciclo, algo que no ocurrió en los otros dos casos.
«¡Victoria en la ONU! Con 105 votos a favor Venezuela ingresa como país libre y soberano al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por encima de las amenazas triunfó nuestra Diplomacia Bolivariana de Paz y la libre autodeterminación de los pueblos. ¡Viva la Patria!», celebró Maduro con un mensaje en Twitter.
La elección de Venezuela, sin embargo, generó una gran polémica.
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Insulto
Philippe Bolopion, responsable de la ONG Human Rights Watch calificó ese hecho como un «insulto a las víctimas de abusos en todo el mundo» y una traición de los «ideales del Consejo de Derechos Humanos».
«¿Qué dice el mundo en el que vivimos que una mayoría de países hoy en la ONU hayan votado para el Consejo de Derechos Humanos en favor del abusivo gobierno de Venezuela cuando tenían otra opción?», se preguntó Bolopion en referencia a la postulación de Costa Rica, surgida a última hora como parte de un esfuerzo para evitar el triunfo de Maduro. Pero ¿por qué causa tanta polémica esta escogencia?
GRAVES VIOLACIONES
En julio pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre Venezuela en el que denunciaba graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales.
De acuerdo con el documento, que abarca el periodo entre enero de 2018 y mayo de 2019, en Venezuela se produjeron casi 7 mil ejecuciones extrajudiciales.
Además, establece que durante los últimos años, el gobierno ha aplicado una estrategia para «neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política», y ha impulsado un conjunto de leyes y prácticas que, en la práctica, desmontan el sistema de control institucional sobre el Ejecutivo y han reducido el ámbito democrático en el país.
También denuncia que se dan detenciones arbitrarias y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares.
El texto también apunta que en Venezuela el Estado no cumple con garantizar los derechos a la alimentación y a la atención sanitaria, destacando que los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad.
Maduro criticó duramente el documento y acusó a Bachelet de «mentir para perjudicar a su gobierno».
El informe fue elaborado por solicitud del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano que apenas hace tres semanas aprobó establecer una misión internacional independiente que investigue las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas cometidas en Venezuela en los últimos años.
Paradójicamente, el embajador de Venezuela ante ese Consejo, Jorge Valero, anunció que su país no cooperará con esa misión.
Rentabilizar
En la opinión de Guillermo Olmo, corresponsal de BBC News Mundo en Venezuela, para el gobernante Nicolás Maduro, su elección para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU supone un éxito diplomático notable que no ha tardado en intentar rentabilizar.
De nada han servido los llamamientos del Departamento de Estado de EE.UU., ni la candidatura de Costa Rica, ideada a última hora para desplazar a la venezolana, ni los reclamos de distintas organizaciones civiles. Tampoco el informe de la comisionada Bachelet que denunció graves abusos de las autoridades chavistas.
Al final, el chavismo ganó la votación y Maduro «puede sacudirse» algo la imagen de líder repudiado que hace tiempo le persigue.
Para la oposición y para Estados Unidos, la elección supone un revés no por anunciado menos doloroso.
En el caso de Washington, da una nueva prueba de que su política hacia Venezuela no está logrando los objetivos que dice perseguir. Las sanciones golpean al venezolano de a pie, pero el gobierno sigue donde estaba, y su presión diplomática tiene, al menos en Naciones Unidas, menos peso que el apoyo a Maduro de China, Rusia y otros.
En realidad, un vistazo a la lista de estados miembros del Consejo, con participantes tan cuestionables como la Filipinas de Duterte o la Arabia Saudita sospechosa de descuartizar periodistas, sirve para darse cuenta que esto es mucho más una cuestión de poder e influencia que de respeto a los derechos humanos. Y en esa partida Maduro aún resiste.
Votos Alineados
Llama la atención que la elección del representante de Maduro se realizó con el voto en contra de la mayor parte de los países de América Latina que, agrupados en el grupo de Lima, más bien auparon la postulación de última hora de Costa Rica para evitar que el gobierno de Maduro obtuviera el asiento.
¿Cómo lo consiguió?
La respuesta está en el apoyo recibido por el Movimiento de Países No Alineados (NAM, por sus siglas en inglés), que en su reunión en julio pasado en Caracas acordó respaldar las candidaturas de Indonesia, Irak, Libia, Sudán y Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este movimiento conformado por 120 países, mayoritariamente procedentes de Asia y África, cuenta con una mayoría entre los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU. Venezuela preside esta organización desde 2016.
Así fue como, pese a no contar con apoyos mayoritarios en la región, Maduro logró hacerse con uno de los dos puestos reservados para América Latina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
