Caracas, 11 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado considera como un «importantísimo logro» la prórroga por dos años aprobada este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del trabajo de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos, que investiga presuntas violaciones de las libertades fundamentales en el país caribeño desde 2014.
La exdiputada calificó como «crucial» la resolución que establece dicha renovación y que, además, «condena las violaciones de derechos humanos por parte del régimen venezolano», según dijo Machado en alusión al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Por otra parte, la opositora afirmó que el «aislamiento del régimen es cada vez mayor y más evidente», ya que -señaló- «solo seis países (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) votaron en contra» de la resolución, mientras que 23 lo hicieron a favor y 18 se abstuvieron, entre ellos Brasil y Honduras, aliados del chavismo.
«Agradecemos el apoyo y la firmeza de los distintos países en la lucha por la justicia y la democracia en Venezuela. Venezolanos, avanzamos», expresó Machado, quien dice estar en «la clandestinidad» dentro del país caribeño, al temer por su «vida» y «libertad», según lo manifestó el pasado agosto.
Políticos y partidos opositores, así como organizaciones no gubernamentales, también celebraron, a través de mensajes en X, la renovación de la misión, creada en 2019 y presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y la completan los expertos Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina).
Para el partido Primero Justicia (PJ), el mundo «sabe que el régimen de Nicolás Maduro no asegura un sistema de justicia que proteja y garantice los derechos humanos», por lo que la formación agradeció a los países que votaron a favor y que denunciaron «graves violaciones» en el país caribeño.
La resolución insta a las autoridades venezolanas a cooperar con la misión, así como con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, cuya representación local en Venezuela fue expulsada el pasado febrero.
El texto lamenta profundamente aquella decisión y también expresa alarma por «el agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y el aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático», en especial en el contexto de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Por su parte, el Ejecutivo de Maduro rechazó, en «los términos más enérgicos», la renovación de la que llamó una «despreciable» y «vergonzosa» misión, a la que considera «una muestra clara del extravío de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas, que se han convertido en instrumentos de coerción y chantaje a los pueblos y Gobiernos soberanos», según un comunicado oficial.
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