Brasilia, 18 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, atribuyó este martes los últimos ataques a escuelas del país al «odio» que se difunde «sin reglas» en la internet y a políticas armamentistas, que calificó de «industria de dar tiros».
Lula convocó a autoridades de todos los niveles para analizar una ola de ataques y amenazas a escuelas que en las últimas semanas ha sembrado temor en el país y que relacionó a la «impunidad» en la internet y a políticas de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que facilitaron el acceso de los civiles a las armas.
El mandatario reconoció que «la violencia existe desde siempre» y que en las favelas «mueren inocentes todos los días», pero dijo que eso se ha agravado con «las plataformas digitales, que ganan dinero con la divulgación de la violencia y están cada vez más ricas», promoviendo en internet lo que se prohíbe en la vida real.
Según Lula, esa situación no será resuelta «con dinero, sino con actitudes» y decisiones políticas que impidan los «discursos de odio» en internet y sustituyan las armas por una «cultura de paz», con participación de las propias familias en el proceso educativo.
«No vamos a transformar las escuelas en prisiones de seguridad máxima», dijo frente a propuestas de algunos sectores, que apuntan a instalar detectores de armas en los colegios o a rodearlos de muros.
En la reunión participaron miembros del Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial, junto a gobernadores y alcaldes que, en forma unánime, se comprometieron a para poner fin a la violencia contra niños y adolescentes, sobre todo «en el lugar donde deben estar, que es la escuela», como señaló la presidenta del Supremo, Rosa Weber.
MILES DE AMENAZAS Y CIENTOS DE INVESTIGADOS
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El ministro de Justicia, Flavio Dino, señaló que los ataques a centros educativos suman 22 desde 2002, pero alertó de que siete ocurrieron desde junio pasado y que los cuatro últimos fueron este mismo año.
El más grave ocurrió en la ciudad de Blumenau, en el sur del país, donde un hombre de 25 años ingresó armado con un hacha a una guardería y asesinó a cuatro niños e hirió a otros cuatro, un ataque en el que la Policía cree que el agresor actuó solo.
Dino presentó un balance de las acciones realizadas por el Gobierno en las últimas semanas, en las que las amenazas y los ataques recrudecieron.
Según Dino, 225 personas fueron detenidas, 694 adolescentes han sido citados a declarar ante la Policía y fueron realizados 155 allanamientos, en el marco de 1.224 casos investigados.
Dijo que también han sido suspendidos 756 perfiles en las redes sociales y que fueron recibidas 7.433 denuncias de amenazas.
Aclaró, sin embargo, que la media diaria ha caído de 1.700 hace tres semanas hasta unas 170, aunque subrayó que la mayoría no fue comprobada.
De acuerdo con el ministro, eso comprueba que existe una «verdadera epidemia de odio» que «atemoriza a las familias» y que atribuyó a «organizaciones criminales estructuradas en las redes sociales».
EL RIGOR ELECTORAL COMO MODELO DEL COMBATE AL ODIO
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, respaldó medidas que el Gobierno ya ha adoptado para impedir la difusión de contenidos que incentiven la violencia contra niños en redes sociales, pero dijo que es preciso ser más rigurosos.
Vinculó las amenazas a los centros educativos con los grupos de ultraderecha volcados a desinformar frente a las elecciones del año pasado, que también promovieron el intento de golpe contra Lula del pasado 8 de enero.
Según De Moraes, la internet «no es ni puede ser una tierra sin ley» y «es preciso determinar de una vez por todas que lo que no se puede hacer en la vida real tampoco se puede hacer en el mundo virtual».
Propuso adoptar de forma definitiva, para «los discursos nazis, homofóbicos, racistas» y todos aquellos que promueven la violencia, que las redes sociales sean obligadas a retirar esos contenidos «inmediatamente», como ocurrió en el proceso electoral.
