La Paz, 1 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció este viernes que «grupos armados» afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019) tomaron tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del también líder oficialista en el centro del país, y calificó este acto de «traición a la patria».
«Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que grupos armados afines a Evo Morales han tomado por asalto tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba, reteniendo como rehenes a militares y a sus familias, y amenazando sus vidas», escribió Arce en la red social X.
El gobernante sostuvo que la toma de una instalación militar «por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria» y una «afrenta» a la Constitución, las Fuerzas Armadas y «al propio pueblo boliviano, que rechaza de manera contundente los bloqueos criminales de Evo Morales, así como estas acciones delincuenciales».
Arce deploró que se retenga a los militares de estos regimientos, pues ellos no están interviniendo «en ningún operativo» y solamente resguardan sus unidades.
«Ellos (los agentes retenidos) son de origen popular, y muchos también tienen raíces indígenas originarias, como los policías a quienes estos grupos irregulares están disparando con armas letales y lanzando dinamitas», señaló.
En esta jornada se ejecuta un operativo militar y policial en la región central de Cochabamba para levantar los bloqueos de carreteras que desde hace 19 días cumplen los seguidores de Evo Morales.
Los sectores afines al exmandatario realizan esta medida de presión para que se retiren los procesos judiciales en su contra por trata y estupro, para exigir una solución a la situación económica del país y por la defensa de la candidatura presidencial del líder oficialista para las elecciones de 2025.
Arce también denunció que la ocupación de las unidades militares incluye la toma de los espacios «donde se encuentra el armamento militar, lo que se constituye en un acto criminal absolutamente condenable que dista mucho de cualquier legítima reivindicación social del movimiento indígena originario campesino».
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«Estas acciones estrangulan económicamente al pueblo boliviano (…) buscando la ruptura del orden público legalmente constituido y de nuestra democracia, con el único objetivo de acortar nuestro mandato, imponer una candidatura inconstitucional y lograr impunidad en procesos judiciales», indicó.
Agregó que, «como Gobierno democráticamente electo», continuará actuando para «restablecer el orden público precautelando la vida de las bolivianas y bolivianos, la paz social, así como el derecho del pueblo al libre tránsito, al trabajo, al acceso a combustible, alimentos y medicamentos».
Horas antes, Morales dijo a Arce en una carta abierta que «nadie hubiera imaginado que los últimos meses de su gestión serían tan oscuros y lamentables», y lo comparó con la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) por el uso de la violencia en su contra, y a la que acusa de haberle dado un «golpe de Estado» en 2019.
Y le advirtió a Arce que si desbloquean las carreteras, él sería el «responsable de herir y dividir a Bolivia».
Arce y Morales están distanciados desde 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la directiva nacional del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y elegir al candidato oficialista para las elecciones de 2025.
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