Bogotá, 10 feb (EFE).- Abrir una cuenta en un banco y emprender un local de comidas o tener la certeza de que sus hijos puedan ser atendidos en un hospital. Los migrantes venezolanos en Colombia confían en que el nuevo Estatuto de Protección Temporal anunciado por el Gobierno les sirva para cosas tan sencillas como esas.
Maryann Flores y José Acosta llegaron a Colombia hace dos años. Primero lo hizo él, y seis meses después ella y sus tres hijos cruzaron la frontera en un autobús en dos asientos para todos.
José comenzó a vender tintos (café) con dos termos en el principal mercado al por mayor de Bogotá, de donde lo sacaban varias veces al día los guardias de seguridad, mientras Maryann limpiaba casas. O trabajaban en lo que les saliese, desde hacer el aseo en un geriátrico a vender galletas en autobuses.
«Eso era lo que más nos asfixiaba porque si no salías un día, ese día no generabas lo que tenías que pagar. Y era a veces desesperante», cuenta José a Efe, en su vivienda de dos habitaciones en Bosa, un populoso barrio del extremo sur de Bogotá.
BUSCARSE LA VIDA EN UN FUTURO INCIERTO
Están acostumbrados a buscarse la vida, a no dejar de trabajar en lo que salga porque, aunque ella es enfermera y en Venezuela trabajó en una prestigiosa clínica y luego tenían un negocio de comida juntos, lo que les sacó del país es la precariedad y el no poder asumir el precio de los alimentos.
Como casi dos millones de compatriotas suyos, decidieron irse de su país rumbo a Colombia, enfrentando un futuro muy incierto. Uno de los mayores éxodos del mundo actual.
La situación de su familia es regular, pues a las pocas semanas de llegar consiguieron el Permiso Especial Temporal de Trabajo (PETT), pero eso no les libró de las trabas para conseguir entrar en el sistema de atención hospitalaria y de que los bancos les denieguen aún hoy una cuenta bancaria.
El PETT es un papel impreso, que empresas y bancos no dan por válido en muchas ocasiones, y que ha llevado a la segregación a muchas personas que con todas las de la ley tienen derecho a permanecer en el país.
«Aunque el PETT de una u otra forma ha regularizado al venezolano frente a Migración Colombia y al Estado, frente a la vida privada y de las empresas, no», relata Ana Karina García, presidenta de Juntos Se Puede, una organización de ayuda al migrante.
Por eso, cuando el lunes Maryann escuchó el anuncio del Gobierno que abría la puerta a la regularización de los migrantes venezolanos se le encogió el corazón, y solo pudo sentir alegría por ella y por el resto de su comunidad.
El Gobierno colombiano, junto al Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), anunció el lunes una medida inédita que establece la protección por diez años de venezolanos que hayan entrado a Colombia antes del 31 de enero de 2021.
Una medida a la que se pueden acoger también los más de 950.000 venezolanos que están en situación irregular, como Miguel Ángel Díaz, un joven, que como tantos otros, recorre las calles de Bogotá con una carreta vendiendo carcasas para el celular y pantallas protectoras.
NO PODER ACCEDER A UN TRABAJO FORMAL
Al no poder acceder a un trabajo formal, porque no tienen papeles o cuenta bancaria, las calles colombianas están repletas de vendedores ambulantes o jóvenes que transitan la ciudad en bicicleta cargando a la espalda los repartos de comida de los colombianos.
Tras recibir el rechazo en varios puestos de trabajo, «por ser venezolano», Miguel Ángel decidió emprender, poner el dinero para el carro y las carcasas y hacerse notar al eco de su megáfono: «2.000 pesos, vidrios templados por 2.000 pesos (55 centavos de dólar)».
En el día se puede sacar 60.000 pesos (unos 17 dólares), que aunque le tiene que restar la inversión, el alquiler y lo que gasta en comida, le «sirve para sobrevivir».
Lo que le evoca el anuncio del presidente es poder acceder a un trabajo formal y que le atiendan en el hospital. «Solo imaginarme que se me enferme una de las niñas y no tener los recursos para que ellas tengan unos servicios de salud, se me hace muy complicado», asevera.
ESPERANZA, ALEGRÍA, TRANQUILIDAD
El anuncio le ha traído esperanza. «Hay una sensación general en los venezolanos de alegría y de tranquilidad, sobre todo en aquellos que se encuentran en una condición migratoria irregular porque van a poder mejorar su calidad de vida», asegura el vicepresidente de la Colonia Venezolana en Colombia (Colvenz), Toni Vitola.
Es el sentimiento general de la comunidad venezolana, que siente que por fin dejarán de ser «ilegales» y se convertirán en ciudadanos de nuevo fuera de su país.
«Nos pone en un aprieto a las organizaciones que atendemos a la población migrante, porque el anuncio político sin los procesos de ejecución, genera muchísimas expectativas», relata la presidenta de Juntos Se Puede, quien estos días no para de responder llamadas y whatsapp de compatriotas ansiosos.
Cree que lo que hizo el Gobierno es muy importante, pero de momento es «un anuncio político» para el que aún no hay procesos de implementación. Y sobre todo, sabe que llevará tiempo. Convertir en regular a casi dos millones de personas, de las cuales un gran porcentaje no tiene pasaporte ni forma de probar cuándo entró a Colombia, lleva tiempo.
A pesar de la prudencia, la comunidad venezolana coincide con el presidente colombiano: «Ha sido la medida más importante que se ha aplicado en la región en los últimos 30 años con respecto a éxodos migratorios», como indica a Efe desde Medellín Vitola.
«No fue fácil para Colombia, no estaban preparados y además creyeron que iba a ser una migración de un corto tiempo, creyeron que esto se acababa mañana y que los venezolanos se iban, y lo atendieron como una emergencia, hoy creo que el chip está cambiando a entender que esto es una situación de integración a mediano y largo plazo», dice García.
Y espera que, a partir de ahora, la brecha que les separa de sus vecinos colombianos se estreche hacia la igualdad.
Irene Escudero