Pese a que el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) de 2026, un documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras agencias de la ONU, reportó que la prevalencia de subalimentación en Venezuela descendió de 17,6% a 5,9%, organizaciones como la Fundación Bengoa y el Observatorio Venezolano de la Salud advirtieron que esta reducción no refleja por sí sola las dificultades que atraviesa la población para acceder a una dieta suficiente y nutritiva. De hecho, una encuesta de Consultores 21 divulgada este mes registró que 56% de los hogares venezolanos enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria, una condición que implica incertidumbre sobre si habrá comida para la cena, qué se podrá consumir al día siguiente o si alcanzarán los recursos para abastecerse durante la semana.
La brecha entre los indicadores se hizo evidente durante el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, realizado en Roma, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó el plan Venezuela Alimenta y defendió los avances del país en la lucha contra el hambre, pese a que organizaciones académicas y humanitarias denuncian deficiencias nutricionales, pérdida del poder adquisitivo y desigualdades territoriales que siguen comprometiendo el derecho a la alimentación.
Mientras que Consultores 21 mide la situación de los hogares frente a las dificultades para alimentarse, la FAO estima la prevalencia de la subalimentación mediante indicadores de disponibilidad y consumo aparente de alimentos, y la Fundación Bengoa, junto con otras organizaciones, examina dimensiones que van desde el acceso económico y la diversidad de la dieta hasta el estado nutricional de los niños y las condiciones en las que las familias consiguen comer.
Esto quiere decir que si bien puede observarse una recuperación en determinados indicadores, esto no necesariamente se traduce en bienestar para toda la población. La disponibilidad de productos en los supermercados, la reducción de la subalimentación estimada estadísticamente o un incremento de los ingresos promedio no garantizan, por sí solos, que los hogares puedan adquirir una alimentación variada, saludable y suficiente.
Las cifras de la FAO y la realidad venezolana
Aunque el estudio de Consultores 21 representa una reducción de 11 puntos en la inseguridad alimentaria con respecto a mayo de 2025, cuando el indicador se ubicaba en 67%, el informe advirtió que la mejoría no equivale a una recuperación consolidada.
“La mejora es real, pero en ningún caso equivale a bienestar: los hogares pasan del déficit a la subsistencia, no a la holgura”, señala el estudio compartido por el diario El País de España.
El informe muestra que las dificultades no se limitan a las familias de menores ingresos. En los estratos pobres, que representan casi 60% de la población según la clasificación empleada por la firma, la inseguridad alimentaria alcanza 60%. En los sectores de clase media y media popular, que representan cerca de 30%, llega a 47%.
La encuesta calcula que 27% de los hogares tiene un nivel de seguridad alimentaria muy alto. Las regiones de Guayana, oriente, centro-occidente y los llanos figuran entre las más afectadas.
El ingreso promedio, por tanto, equivale a menos de la mitad de esa cantidad. Aunque el indicador de inseguridad alimentaria disminuya, la capacidad económica de los hogares sigue siendo insuficiente para responder simultáneamente a los gastos de alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos.
Un informe elaborado por la Fundación Bengoa y otras organizaciones, titulado Seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela, alertó que el dato mostrado por la FAO no significa que solo 5,9% de los venezolanos tengan problemas para comprar comida ni que el resto de la población pueda tener una dieta saludable.
Este documento señaló que la prevalencia de la subalimentación y la inseguridad alimentaria son indicadores diferentes. El primero estima la proporción de la población cuyo consumo habitual de energía alimentaria se encuentra por debajo de los requerimientos mínimos. El segundo puede identificar dificultades de acceso, reducción de la cantidad y calidad de los alimentos y estrategias que las familias utilizan para afrontar la escasez de recursos.
Ante esto, la Fundación Bengoa cuestionó que el indicador internacional se interprete sin considerar sus limitaciones y el contexto venezolano. Su informe sostiene que el cálculo de la prevalencia de la subalimentación se basa en estimaciones de disponibilidad alimentaria y consumo aparente que no permiten conocer con suficiente precisión cómo se distribuyen los alimentos ni cuánto consume efectivamente cada persona.
Alimentarse a costa de otras necesidades no es bienestar
Herrera explicó que el problema no consiste en negar que exista comida en los establecimientos comerciales, sino en distinguir entre la presencia de alimentos y la posibilidad de adquirirlos.
“Venezuela no está en una situación como la que teníamos hace una década, donde ibas a los automercados y no encontrabas comida. Tú ahorita vas a los automercados y hay comida. Ahora el problema es de acceso”, señaló.
El consumo aparente no revela si los alimentos llegan de manera equitativa a los hogares, si se desperdician, si se deterioran durante el transporte o si terminan concentrados en determinados grupos sociales. Herrera puso como ejemplo que si 10 personas están en una reunión y hay 10 chocolates, el cálculo podría asumir que cada una consume uno; sin embargo, esa distribución no está garantizada. Una persona podría quedarse con varios, otros podrían dañarse y alguien podría no recibir ninguno.
Por eso, advirtió, el indicador de la subalimentación debe analizarse dentro de un conjunto más amplio de datos. “Tienes que poner en contexto y no guiarte y decir: ‘Ay, mira, Venezuela está maravillosamente bien porque nada más tiene un porcentaje de subalimentación de 5%”.
La investigadora recordó que, cuando la FAO reconoció en 2013 los avances venezolanos hacia las metas internacionales de reducción del hambre, distintas organizaciones académicas también compartieron en esa oportunidad cuestionamientos sobre la manera de interpretar los resultados. Parte de esa discusión quedó documentada en una publicación de Anales Venezolanos de Nutrición.
La falta de estadísticas oficiales actualizadas sobre consumo, nutrición y condiciones de vida agrava el problema. El informe de la Fundación Bengoa señala que el vacío de información institucional obliga a recurrir a estudios de la sociedad civil, universidades y organizaciones humanitarias, muchos de ellos circunscritos a regiones o poblaciones específicas.
Sin una medición pública, continua y transparente, resulta difícil evaluar el alcance de los programas sociales, identificar los grupos que necesitan asistencia urgente y establecer si las mejoras registradas se sostienen en el tiempo, advirtió Herrera.
También mencionó otra clasificación, utilizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), conocida como seguridad alimentaria marginal, la cual puede dar una impresión de estabilidad, aunque las familias estén recurriendo a mecanismos de supervivencia.
“Ese concepto de seguridad alimentaria marginal es para indicar que la gente logra alimentarse, ¿verdad? Pero ¿a expensas de qué? Sí, lograron comprar algunos alimentos, pero porque no compraron las medicinas que tenían que comprar, porque se sacrificaron las listas de útiles en educación, porque se dejaron de pagar servicios como la electricidad”, señaló, e insistió en que el problema no se limita a la cantidad de alimentos que consume una familia, sino a las condiciones necesarias para vivir con dignidad.
A ello se suma la calidad de la dieta. Los hogares con recursos limitados suelen priorizar productos que aportan calorías a bajo costo, aunque no proporcionen las proteínas, vitaminas y minerales necesarios. Por esa razón, disponer de alimentos no significa necesariamente contar con una alimentación adecuada.
Herrera consideró que la evaluación debe incorporar esos sacrificios y no limitarse a determinar si una persona ingirió suficientes calorías. La seguridad alimentaria requiere que los alimentos sean accesibles, suficientes, inocuos, nutritivos y sostenibles, sin que conseguirlos obligue a renunciar a otras necesidades esenciales.
La investigadora advirtió que resulta difícil hablar de una recuperación generalizada cuando todavía hay personas que, a las puertas de un supermercado, piden ayuda para conseguir alimentos o que todavía rebuscan en la basura.
Lo que revela la desnutrición infantil
El informe de la Fundación Bengoa advierte que la inseguridad alimentaria debe analizarse también a partir de sus consecuencias nutricionales. De acuerdo con los datos compilados por la organización, procedentes de informes sobre el derecho a la alimentación de Provea, el sistema de monitoreo nutricional de Cáritas de Venezuela y reportes humanitarios, la desnutrición aguda en menores de 5 años alcanzó 9,1% en 2025, después de haber descendido a 6,8% en 2024.
La organización señala que aproximadamente 22% de los niños evaluados se encontraba en riesgo de desnutrición. También advierte que en comunidades vulnerables de estados como Sucre, Zulia y Portuguesa se han registrado niveles de desnutrición aguda correspondientes a umbrales de emergencia y catástrofe, de entre 18% y 24%.
Herrera explicó que las diferencias territoriales responden a la acumulación de barreras económicas, geográficas y de acceso a servicios. No es lo mismo vivir en una zona urbana con transporte disponible y algún centro de salud cercano que en una comunidad remota donde trasladarse implica un gasto elevado o depende de conseguir combustible.
En Caracas y sus zonas periurbanas, señaló, las familias pueden intentar resolver algunas carencias mediante redes de apoyo, traslados o gestiones para conseguir insumos médicos. Aunque esas estrategias no eliminan las deficiencias de los servicios públicos, pueden facilitar el acceso a una atención que resulta mucho más difícil de obtener en lugares aislados.
“Los promedios al final no reflejan lo individual, no reflejan lo específico”, advirtió Herrera, destacando que pueden existir condiciones mucho más graves que solo se hacen visibles cuando se examinan comunidades concretas.
El retraso del crecimiento, una de las manifestaciones de la desnutrición crónica, constituye otra señal de alarma. El informe de Bengoa señala una prevalencia de 26% en 2024, y en 2025 advierte que la proporción alcanzó 30% en contextos de alta vulnerabilidad.
Herrera subrayó que el retraso del crecimiento puede afectar el desarrollo cognitivo, las capacidades de aprendizaje y las oportunidades futuras, unas consecuencias que ya se están registrando en niños y adolescentes hoy día.
“Esto no es que es para dentro de 10 años, es que ya pasaron 10 años o más en esta situación y ya lo estamos reportando”, afirmó.
La investigadora explicó que la talla de una población es un indicador de capital humano. Durante los períodos críticos de crecimiento y desarrollo, las deficiencias nutricionales pueden asociarse con alteraciones cognitivas y psicomotrices.
Mencionó, además, estudios sobre la relación entre las deficiencias de hierro durante los primeros meses de vida y las dificultades posteriores en habilidades matemáticas. El impacto de una alimentación insuficiente, por tanto, puede extenderse a la escolaridad y a las capacidades que una persona desarrolla durante su vida.
El documento de Bengoa también alerta sobre la situación de los lactantes menores de 6 meses, en quienes la desnutrición aguda superó 17% en las comunidades evaluadas. La organización vincula este riesgo con la desnutrición materna, las dificultades en la atención prenatal y las deficiencias de la red de salud pública.
Respecto a 2025, el informe señala que el bajo peso materno alcanzó 25% en comunidades vulnerables debido principalmente a una combinación de privaciones durante el embarazo, dificultades para mantener una alimentación adecuada y obstáculos para acceder a servicios sanitarios, lo cual incrementó la vulnerabilidad de las madres y sus hijos.
Por eso, la Fundación Bengoa insiste en que la respuesta no debe concentrarse exclusivamente en distribuir comida. También necesita garantizar servicios básicos, atención sanitaria, seguimiento nutricional y programas específicos para las personas que enfrentan mayores riesgos.
Una dieta de supervivencia que compromete la nutrición
La inseguridad alimentaria en Venezuela también se expresa en la pérdida de variedad de la dieta y en la sustitución de alimentos nutritivos por productos más económicos y ricos en calorías, reiteró Herrera.
El informe de la Fundación Bengoa advierte que la contracción económica y la pérdida del poder adquisitivo han favorecido dietas monótonas, con una presencia elevada de carbohidratos y deficiencias de proteínas de alto valor biológico y micronutrientes esenciales.
En los hogares que no pueden pagar una dieta variada, la prioridad es comprar los productos que proporcionan mayor cantidad de energía por el menor precio. Sin embargo, una alimentación basada principalmente en harinas, arroz, pasta y otros alimentos ricos en almidón puede dejar sin cubrir necesidades de proteínas, vitaminas y minerales.
Herrera explicó que esta dinámica puede producir una doble carga de malnutrición: por una parte, persiste la desnutrición; por otra, aumenta el exceso de peso entre quienes logran consumir suficientes calorías, pero no una dieta equilibrada.
“Hay gente que tiene acceso al menos a comprarse estos alimentos que son más baratos y ricos en calorías, están engordando. Pero entonces le hacen un examen de sangre y está anémico”, señaló.
El aumento de peso, por tanto, no constituye una prueba suficiente de buena nutrición. Una persona puede consumir abundantes calorías y, al mismo tiempo, presentar deficiencias de hierro u otros nutrientes esenciales.
La investigadora también señaló que Venezuela necesita alinear la producción de alimentos con las necesidades nutricionales de su población. Entre las deficiencias que identificó a partir de estudios disponibles figuran las relacionadas con calcio, ácido fólico, vitamina D y colina, un nutriente importante para el desarrollo cerebral.
Herrera mencionó el huevo como un alimento que podría tener mayor presencia en las estrategias de producción nacional, debido a su aporte nutricional y a que su ciclo de producción es relativamente corto. También destacó el potencial de los programas de alimentación escolar que incorporen leche y otros alimentos adecuados para los niños.
La investigadora considera que el país tiene oportunidades para ampliar la producción local de frutas, hortalizas y otros alimentos, aprovechando sus condiciones naturales y fortaleciendo las economías regionales. Para ello, sin embargo, se requiere inversión, asistencia técnica y un sistema agroalimentario capaz de responder a las necesidades reales de la población.
La caída de la producción agrícola
La inseguridad alimentaria también está vinculada a las dificultades del sistema agroalimentario venezolano para garantizar una oferta estable y diversa de productos. El informe de la Fundación Bengoa identificó que la producción agrícola venezolana se encuentra por debajo de los niveles debido a la reducción de las superficies sembradas, los bajos rendimientos, la descapitalización del campo y la dependencia de insumos importados, como semillas certificadas, fertilizantes, repuestos y maquinaria.
Las deficiencias de las vías rurales, los sistemas de riego, el almacenamiento y el transporte también afectan la distribución. Cuando los alimentos perecederos no pueden trasladarse oportunamente, aumentan las pérdidas y se reduce la capacidad de abastecer de manera regular a las comunidades.
El informe señala, además, que la productividad de la tierra y del trabajo en Venezuela equivale aproximadamente a un tercio de la observada en América Latina y el Caribe y en el resto del mundo, de acuerdo con los indicadores comparativos citados de la FAO. La pérdida de trabajadores agrícolas y las limitaciones de los servicios de apoyo al sector profundizan esa brecha.
Aunque se han registrado avances en algunos rubros, las organizaciones advierten que todavía existen obstáculos estructurales. El documento recoge, por ejemplo, una recuperación interanual de 30% en la producción de rubros hortícolas como papa, tomate, cebolla, repollo y zanahoria durante el primer semestre de 2025, según datos de Fedeagro citados por Provea. Ese crecimiento, sin embargo, convive con problemas de financiamiento, vialidad, combustible y tecnología.
Para Herrera, la recuperación del sistema alimentario requiere algo más que aumentar la cantidad de productos que llegan a los mercados. Es necesario establecer qué alimentos necesita la población, qué puede producirse en el país y cómo garantizar que los productos lleguen a los hogares a precios asequibles.
“Venezuela es un país que necesita más calcio”, explicó, al referirse a las deficiencias nutricionales identificadas en estudios disponibles. La investigadora considera que la producción nacional debe responder también a esas necesidades y no concentrarse exclusivamente en los rubros más fáciles de comercializar.
Los CLAP como mecanismo de control
Desde el gobierno de Hugo Chávez, la alimentación ocupó un lugar central en la política social. Tras la crisis política de 2002, el Ejecutivo fortaleció la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) y promovió reservas de productos básicos. En 2003 se creó Mercal, una red de establecimientos que ofrecía alimentos subsidiados, y en 2007 el programa se integró a la Misión Alimentación. Posteriormente, también se desarrolló la red Pdval, vinculada a Petróleos de Venezuela.
Estos programas contribuyeron a ampliar el acceso a alimentos subsidiados durante sus primeros años. Sin embargo, con el deterioro económico, la corrupción y los problemas de abastecimiento, ambas redes perdieron capacidad operativa. A partir de 2015, la crisis de escasez y el desplome del poder adquisitivo agravaron las dificultades para conseguir alimentos.
En 2016, el gobierno de Nicolás Maduro creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuían bolsas o cajas con productos básicos a precios subsidiados. Arroz, pasta, harina, granos, aceite y otros alimentos no perecederos formaban parte de los paquetes destinados a hogares con dificultades para abastecerse en el mercado.
La iniciativa se convirtió en una fuente de ayuda para familias empobrecidas, pero también en objeto de denuncias por irregularidades en la adquisición y distribución de los productos.
Investigaciones periodísticas y organizaciones como Transparencia Venezuela documentaron señalamientos respecto a sobreprecios, intermediarios y presuntos beneficios económicos para empresarios y funcionarios relacionados con el programa. En el caso de Álex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció que las operaciones de importación de alimentos vinculadas a los CLAP se habrían realizado mediante empresas que vendían productos a precios inflados.
Las denuncias también evidenciaron problemas de calidad, entregas irregulares y diferencias entre los productos recibidos por las comunidades. La distribución de las cajas fue señalada, además, como un mecanismo de control político en zonas donde los hogares dependían de la asistencia estatal.
El informe de la Fundación Bengoa coincide con esa preocupación desde una perspectiva nutricional. Según el documento, los CLAP ofrecían principalmente alimentos procesados y no perecederos, con predominio de carbohidratos, sin diferenciar adecuadamente las necesidades de los distintos grupos de edad, las condiciones biológicas o las enfermedades preexistentes.
Herrera señaló que, al investigar los programas de distribución alimentaria, no encontró objetivos nutricionales claramente establecidos que permitieran determinar cómo debían responder a las necesidades de la población.
“Pareciera que el objetivo es simplemente la distribución de alimentos, porque al parecer seguimos pensando que distribuir alimentos va a solucionar los problemas y no necesariamente es así”, explicó.
En una investigación sobre seguridad alimentaria realizada en 2020 y 2021, explicó, se encontraron diferencias importantes entre las comunidades en cuanto al contenido y la frecuencia de las entregas. Algunas familias reportaban que recibían las cajas cada seis meses.
“Eso no es un programa de subsidio de alimentos”, dijo.
Herrera señaló que una política alimentaria debe comenzar con una evaluación de las necesidades de cada hogar: conocer si hay niños pequeños, embarazadas, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas que requieren una alimentación específica.
La dependencia de estos programas también puede limitar la capacidad de las familias para elegir una dieta adecuada. Cuando la asistencia es irregular y contiene una variedad reducida de alimentos, los hogares que no pueden completar el mercado con sus propios ingresos quedan expuestos a una alimentación monótona.
La reducción de las entregas de los CLAP, por tanto, no significa necesariamente que las familias hayan dejado de necesitarlas. Consultores 21 reporta que la recepción mensual de las bolsas disminuyó considerablemente, mientras la inseguridad alimentaria continúa afectando a más de la mitad de los hogares.
La organización InSight Crime también ha documentado cómo el programa fue utilizado por redes de corrupción y grupos criminales que se beneficiaron de la distribución. Según esa investigación, las cajas comenzaron a llegar con mayores retrasos desde agosto de 2025 y dejaron de distribuirse por completo a comienzos de 2026, aunque el gobierno no anunció formalmente el cierre del programa.
Delcy Rodríguez promete erradicar el hambre
En ese contexto, Delcy Rodríguez presentó en Roma el plan Venezuela Alimenta, con el propósito declarado de articular los procesos productivos nacionales y avanzar hacia la erradicación del hambre.
Durante su intervención en el Foro Mundial de la Alimentación, la presidenta encargada defendió los resultados históricos del país en materia alimentaria y atribuyó parte del deterioro posterior a las sanciones internacionales.
“Venezuela es un país que supo llegar a su meta de hambre cero, y luego tuvimos todo este proceso derivado de las sanciones internacionales. Hoy estamos mostrando importantes avances para regresar a ese objetivo”, afirmó.
Durante su intervención en la FAO, Rodríguez también defendió el principio de que la alimentación no debe utilizarse como instrumento de presión sobre la población, lo que contrasta con las denuncias mencionadas anteriormente sobre los mecanismos de distribución de alimentos subsidiados en Venezuela.
Un grupo de organizaciones venezolanas, entre ellas la Fundación Bengoa, aprovechó el evento de la FAO en Roma para reclamar a través de un documento que la respuesta alimentaria se base en información verificable y en criterios de necesidad, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La misiva cuestionó que la narrativa oficial del gobierno encargado e informes multilaterales pueden invisibilizar las dificultades que persisten en el país. También solicita garantizar asistencia humanitaria neutral y despolitizada, auditar las estadísticas nutricionales y acompañar un plan de recuperación agroalimentaria.
Recuperar la alimentación escolar y la data oficial
Herrera consideró prioritario recuperar los programas de alimentación escolar. La escuela, explicó, en contextos de precariedad también puede ser un lugar donde los niños reciben alimentos esenciales para su desarrollo.
“A la escuela no se va solamente a aprender, también se va a comer”, afirmó.
La regularidad de las comidas escolares, la calidad nutricional de los menús y la atención diferenciada a los niños con mayores necesidades son elementos fundamentales para que estos programas contribuyan a prevenir la desnutrición.
El documento de la Fundación Bengoa también propone fortalecer la atención materno-infantil, implementar transferencias monetarias indexadas para compensar la pérdida del poder adquisitivo, reactivar la producción agrícola y mejorar la infraestructura rural.
La organización plantea asimismo recuperar el sistema estadístico nacional mediante la publicación periódica de indicadores sobre consumo, nutrición, precios, gasto familiar y producción agrícola. Sin información actualizada, las instituciones no pueden identificar oportunamente las emergencias ni medir el efecto de las políticas aplicadas.
Estas sugerencias pueden ayudar a aprovechar mejor los alimentos disponibles, pero no sustituyen la necesidad de ingresos suficientes ni de políticas públicas que garanticen el acceso a una dieta adecuada. La responsabilidad de superar la inseguridad alimentaria no puede trasladarse exclusivamente a las familias ni depender de su capacidad para administrar recursos escasos, advirtió la organización.
La investigadora insistió en que Venezuela tiene condiciones naturales para desarrollar una producción local más diversa y sostenible. A su juicio, fortalecerla también permitiría generar empleos, reducir ciertos costos de transporte y disminuir la dependencia de las importaciones.
¡Mantente informado! Síguenos en WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook o X
.