En la última reunión de la Asamblea Nacional surgieron dos situaciones que es necesario analizar, como forma de saber “por dónde van los tiros”, como decimos los venezolanos. Hasta ese momento, las fracciones de diputados del gobierno y de Cambiemos, partido dirigido por Timoteo Zambrano, habían venido actuando en función de incorporar en las agendas de las reuniones de la Asamblea, el inicio del proceso para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta estrategia iba orientada a presionar a los diputados de la franquicia opositora a asumir dicho proceso, pues de lo contrario sería declarada una omisión legislativa y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encargaría de dicha designación.
Curiosamente, el punto fue incorporado a la agenda asamblearia por la fracción de Guaidó y no por las fracciones que lo venían manejando. Cabría preguntarse: ¿Acaso las intervenciones de los diputados dialogantes convencieron al extremismo opositor de tomar la política con seriedad? ¿Decidió por fin la franquicia opositora, asumir las negociaciones para cumplir la obligación constitucional de designar un nuevo CNE? Sería iluso si respondiera afirmativamente. Las declaraciones de Guaidó no dejan lugar a dudas de que no es ése el caso, por lo menos por ahora. Pareciera que lo que se quiere es seguir impulsando las líneas fracasadas, mediante el refuerzo de la política de constitución de un gobierno paralelo.
Tendríamos dos presidentes, dos asambleas, dos TSJ, dos fiscales y ahora dos CNE, pues la AN designaría uno con su supuesta mayoría de los dos tercios sin un acuerdo de consenso con el gobierno, que entonces recurriría a dejar el CNE existente o a cambiarlo en el TSJ por uno previamente acordado con la oposición democrática de la mesa nacional de diálogo. Esto último sin duda sería una mejora cualitativa en relación a la situación que hoy existe, pero no sería completamente aceptado por todos los sectores políticos del país ni reconocido por quienes internacionalmente hoy apoyan a Guaidó. De darse una elección de AN en estas condiciones, la abstención se reduciría pero nunca en una proporción imposible de ser negada.
La otra situación sobrevenida fue la reacción de los diputados del PSUV a la propuesta ya explicada de los opositores extremistas. En lugar de apoyar una propuesta similar a la que ellos mismos venían haciendo, se sorprendieron, se confundieron y procedieron a no aceptar participar en la designación del comité de postulaciones y a abandonar el hemiciclo. No sin antes reafirmar que la AN no había salido del desacato y que ellos designarían el nuevo CNE en el TSJ. Esa actitud es contradictoria con su incorporación a la AN y con la conformación de la mesa nacional de diálogo. Es meridianamente claro de esta actitud la existencia de serias contradicciones entre el gobierno de Maduro y el PSUV.
Aunque las confusiones surgidas y las disputas se pudieron resolver en pocas horas, por lo que el proceso para nombrar un nuevo CNE en la AN continuará con participación de todos, es claro que ambos sectores enfrentados parecen estar convencidos de que no llegarán a un acuerdo de consenso en esta materia o, incluso, de que no desean alcanzar ningún consenso. El gobierno parece desear que se produzca la omisión legislativa de la AN y ya está listo para que sea el TSJ quien haga las designaciones. Los extremistas opositores se alegrarían también de la falta de consenso en la AN y estarían listos para designar un CNE a su imagen y conveniencia.
Sin embargo, que todos acepten que sea la AN el organismo que intente designar al CNE, para lo cual será necesario mucho diálogo y negociaciones, es indiscutiblemente un avance, a pesar de que unos ya estén preparando abortar el posible acuerdo y otros se preparen para cuando esto ocurra. De lo que no debe quedar duda ninguna es que en 2020 toca constitucionalmente elegir a una nueva AN y eso no puede diferirlo nadie. Es cuestión de escoger si se hace con el actual CNE o se hace con un nuevo CNE escogido de consenso por todos.