Bogotá, 16 jun (EFE).- Pese a que el secuestro no está explícitamente prohibido en los protocolos del cese al fuego bilateral con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comienza el próximo 3 de agosto, el Gobierno colombiano considera este delito un «crimen de guerra».
«El secuestro es una acción que está catalogada como crimen de guerra y eso tiene una connotación muy grave», explicó en una entrevista con EFE el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño.
De momento, en el protocolo de cese al fuego las partes se comprometen a «no realizar las acciones prohibidas dentro del Derecho Internacional Humanitario (DIH)», y según este convenio la «toma de rehenes» está prohibida.
LA POLÉMICA
Sin embargo, tras el anuncio del cese al fuego bilateral en el cierre del tercer ciclo de diálogos en La Habana, el pasado 9 de junio, el jefe negociador del ELN, «Pablo Beltrán», admitió que esto se había debatido pero no se había acordado nada porque es una de sus formas de financiación y si a la guerrilla «le quitan una cuchara, le tienen que dar otra».
«Nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Las retenciones, si no son necesarias no se harán», dijo a varios medios Beltrán.
Patiño, por su parte, alegó que el secuestro «significa riesgos de orden político, de orden jurídico y riesgos morales en el sentido en que la gente empieza a no creer mucho en la voluntad de paz del ELN».
Por lo que, «así no esté escrito expresamente en el cese al fuego, la gente imagina que se está en un proceso de desactivación de las armas para hacer política y entonces, por supuesto, eso también mina altamente la confianza de la gente», añadió.
Y le lanzó una advertencia a la guerrilla: «La responsabilidad que tiene el ELN en su conjunto, en sus altos mandos, en sus mandos medios y en su base guerrillera es altísima frente a este tema».
MÁS CONCRECIÓN
A pesar de la polémica, el Gobierno quiere que haya más concreción antes de que empiece el cese el fuego.
«De aquí al 6 de julio vamos a terminar de hacer los protocolos y el despliegue de todo el mecanismo (de monitoreo y verificación) va a ser hasta el 3 de agosto», explicó Patiño.
Parte de las delegaciones de ambos lados siguen en La Habana concretando justamente cómo funcionará el mecanismo y qué será lo que observe y verifique, por lo que los protocolos firmados de cese al fuego podrían ampliarse.
El negociador del Gobierno lamentó que el ELN tampoco ha entregado las zonas exactas donde están ubicados, que es una forma de evitar que el Ejército realice ofensivas allá donde se encuentran.
«De momento, el ELN no ha querido o no ha podido fijar áreas específicas de movilidad controlada, pero estoy seguro que eso se va a definir», dijo Patiño, es decir, que aspiran a que haya zonas delimitadas donde sepan que se encuentra la guerrilla y pueda transitar libremente, pero donde también haya control de la fuerza pública porque el Gobierno no quiere zonas de despeje.
«Caguán, cero», dijo en referencia a la zona del sur del país que fue desmilitarizada para los fallidos diálogos con las FARC entre 1998 y 2002.
Lea también
Otro asunto por definir es qué sucederá en las zonas donde el ELN tiene combates con otros grupos, como disidencias de las FARC o el Clan del Golfo. «Es una situación un poquito compleja», reconoció Patiño.
Sin embargo, el Gobierno confía en el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con esos otros grupos, en el marco de la «paz total», y que así se «impida» los choques.
«Tiene que haber una claridad e impedir que esos choques se produzcan, bien sea por voluntad de ambas partes o porque haya digamos mecanismos de contención que así lo impidan. Creo que el ELN no puede suspender la guerra contra las Fuerzas Militares y al mismo tiempo mantener sus guerras contra otra fuerza», apuntó Patiño.
.
