Los grupos guerrilleros y otras organizaciones criminales en el territorio venezolano mantienen una dinámica de expansión, reacomodo y control territorial que no ha sido contenida por los operativos militares que se han realizado en el país en los últimos años. Aunque las intervenciones lograron reducir o desplazar algunas actividades en determinados sectores, las estructuras armadas conservan espacios de actuación, redes de apoyo y mecanismos para retomar sus actividades en otras zonas. Esto se observa tanto en la frontera con Colombia como en la Amazonía venezolana, donde la minería ilegal también avanza.
El criminólogo y especialista en seguridad Pedro Barrueco Pérez afirmó que la presencia de grupos criminales transnacionales en la frontera colombo-venezolana es histórica y señaló que existe el riesgo de que los espacios utilizados como refugio por ellos en territorio venezolano se conviertan en asentamientos permanentes.
Campamentos, posiciones de defensa y corredores
Las redes criminales —explicó Barrueco— aprovechan los 2.200 kilómetros de frontera para establecer campamentos, posiciones de defensa y corredores que les permiten movilizarse, replegarse y mantener sus operaciones. Recordó que, durante años, hubo una falta de accionar en ambos lados de la frontera, en el contexto de políticas de seguridad distintas a las que se están aplicando actualmente en Colombia bajo el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
“En Colombia había un gobierno (del expresidente Gustavo Petro) donde el enfoque era lograr acuerdos de paz, zonas liberadas o zonas de liberación o de paz. Tenían miles de conceptos, pero, básicamente, ¿cuál era el enfoque de esa doctrina? Desescalar el conflicto. Hablo académicamente y en términos de lo que planteaba esa doctrina. Uno puede estar de acuerdo o no con ese enfoque, pero estoy hablando de lo que proponía”, dijo.

Indicó que, antes de que comenzara a aplicarse esta política de seguridad, las autoridades se percataron de que los guerrilleros pasaban al lado venezolano, donde encontraban refugio y un aliviadero. “El tema de la presencia de los grupos narcoterroristas —y los llamo así porque el gobierno colombiano los calificó de esa manera— responde a que, por un lado, incorporaban el narcotráfico a sus economías ilícitas; también practicaban el terrorismo y, por supuesto, tenían como objetivo fundamental el desplazamiento del Estado formal. Esos son los tres vectores que el gobierno colombiano tomó en consideración para calificarlos de esa manera”, señaló.
“A lo largo de esa frontera hay una serie de campamentos, que son la arquitectura operativa de estos grupos narcoterroristas. A partir de ellos, empiezan a establecer sus posiciones de defensa y contención y, sobre todo, comienzan a moverse. Para estos grupos es importante la movilidad y crear corredores. No es algo nuevo, es algo permanente e histórico. Los corredores no se están creando ahora ni están dirigiéndose apenas hacia la frontera. Siempre han estado allí, porque los grupos narcoterroristas tienen el principio de que deben ir a la retaguardia, replegarse y buscar una salida para luchar otra vez”, detalló.

“Eso se convirtió en una fuente de ingresos importante para estos grupos narcoterroristas. Al final son organizaciones criminales transnacionales y, en ese sentido, me refiero a ellos de esa manera. Son muy flexibles, adaptativos, ven las oportunidades e identificaron esta. Tuvieron esa diáspora que viajaba por todas esas fronteras y ellos manejaron esa actividad o economía ilícita”, afirmó.
La continuidad de la minería ilegal
El informe Situación de los derechos humanos en Venezuela 2025, elaborado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos y publicado en mayo pasado, documenta la presencia de grupos armados irregulares, organizaciones criminales y redes vinculadas en territorios indígenas. Las denuncias recogidas por la ONG describen cómo estas organizaciones ocupan comunidades, intervienen en el control de minas y rutas fluviales, reclutan a jóvenes y generan desplazamientos, enfrentamientos y amenazas contra quienes intentan defender sus tierras.
Emiliano Terán Mantovani, sociólogo e investigador de Provea y del Observatorio de Ecología, destacó la continuidad de la minería ilegal y de la presencia de grupos criminales en la Amazonía venezolana —que comprende los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro—, incluso después de operativos militares para desalojarlos. Mencionó es el Parque Nacional Yapacana, en Amazonas, donde se había conseguido reducir la actividad minera, pero luego se detectó la reanudación de esas operaciones.
“El informe intenta precisar que hay un problema de continuidad muy grave, pero también intenta dar detalles de un avance de la frontera minera ilegal. El problema persiste, pero se sigue avanzando en diversas cuencas hidrográficas, algo que es posible detectar a través de análisis de imágenes satelitales, entre otros métodos. Hay varios focos de avance en Amazonas, inclusive en Yapacana, donde se consideraba que se había desplazado mucho la minería por el tema de los operativos militares. Sin embargo, hay una detección de la reanudación de la explotación”, manifestó.
Afirmó que esta situación también ocurre en el río Caroní y en algunas afluencias más pequeñas.
“La actividad minera no desaparece, disminuye mucho, pero ahora se detecta una reanudación o un reimpulso. Lo que suele ocurrir con la minería ilegal es que, cuando haces un operativo y despejas un área, no eliminas la minería, sino que desplazas la actividad de esa zona. Los mineros y toda la logística que está alrededor se mueven a otro sitio. Esa es la dinámica que termina ocurriendo. Se necesita realmente un enfoque multidimensional para abordar el tema, no solamente militar”, afirmó.

Terán advirtió que la expansión minera ha provocado daños ambientales que en algunos casos son difíciles de remediar, entre ellos la remoción de los suelos del escudo guayanés, cuya fragilidad hace que su recuperación tome demasiado tiempo, además de la deforestación y la destrucción de las cuencas hidrográficas. Explicó asimismo que la minería ilegal puede llegar a destruir los ríos hasta hacerlos prácticamente desaparecer y señaló que la grave situación del Caroní tanto por el nivel de deterioro como por la continuidad de los daños, ya que es el principal río que alimenta la generación hidroeléctrica de Venezuela.
Explicó que las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se fragmentaron y que varios grupos surgidos de esa estructura se independizaron, por lo que consideró impreciso identificarlos a todos bajo una misma denominación. Refirió además situaciones de asedio a trabajadores mineros y comunidades indígenas, cuyos territorios han sido degradados y, en algunos casos, afectados por desplazamientos vinculados con el avance de la minería armada.
El investigador aseguró que las intervenciones militares no necesariamente eliminan las estructuras que sostienen la explotación, sino que pueden desplazar a los mineros y a toda la logística asociada hacia otros sectores. Señaló que el problema persiste en distintas zonas de Bolívar y Amazonas y destaca la situación del municipio Sifontes, donde se han registrado conflictos relacionados con la extracción de minerales como la casiterita y el estaño, en los que se ha señalado la actuación de grupos identificados como guerrilla colombiana o exguerrilla.
Como prueba de eso, Terán indicó que los análisis de imágenes satelitales que muestran avances de la frontera minera en distintas cuencas hidrográficas de Bolívar y Amazonas.
Efectos del mercurio
El investigador de Provea expresó que la deforestación también afecta otras zonas de bosque húmedo, especialmente en Amazonas, donde se encuentran ecosistemas extremadamente delicados y la minería está prohibida desde 1989. Indicó que allí la actividad minera es completamente ilegal y que uno de los problemas más alarmantes es el uso de mercurio, un componente biocumulativo que se incorpora al tejido de las especies y permanece en él, sin posibilidad de revertir sus efectos.
Agregó que algunos estudios han detectado concentraciones de mercurio en el tejido corporal de integrantes de comunidades indígenas que superan los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud, y aclaró que las comunidades indígenas no necesitan participar directamente en la actividad minera para quedar expuestas a ese metal.
Debido a la técnica de minería aluvial, explicó Terán, se bombea agua del río hacia una piscina excavada en el terreno, donde se vierte mercurio y luego se realiza un proceso de cernido para separar las partículas de mineral amalgamadas. Esta práctica genera una contaminación que puede afectar a las comunidades cercanas, aunque sus integrantes no trabajen en las minas.

El experto advirtió que el mercurio permanece en los peces y los ríos y puede desplazarse a través de la cuenca del Orinoco hasta llegar al delta, en el extremo oriental de la Amazonía. La contaminación representa un problema grave para las comunidades indígenas, cuya dieta depende en buena medida del consumo de pescado, pero que en esas poblaciones han dejado de comerlo por el riesgo de intoxicación, lo que compromete su soberanía y seguridad alimentaria.
“Es un problema gravísimo porque hay un montón de peces y los indígenas comen peces, esa es su dieta. Comen peces, pero han dejado de comer peces porque no se quieren suicidar. Es un tema de soberanía y seguridad alimentaria para comunidades, entonces ellos no pueden comer peces porque están contaminados y eso genera otra crisis porque son comunidades alejadas, que tampoco tienen recursos para tener un mercado o acceder a los alimentos de una forma como lo pueda hacer uno”, indicó.
“Depende de tener dinero o hasta de tener oro. Cambian los patrones alimentarios. ¿Por qué una comunidad indígena tiene que estar comiendo harina, pan, azúcar, refresco, cosas así?, por dar un ejemplo, porque es un cambio cultural que tiene un impacto en las propias comunidades indígenas. Ser indígena es algo cultural, es una forma de vida, y eso se modifica. Es un impacto tremendo. Por supuesto, el mercurio está en toda la Amazonía. Es una cosa terrible, realmente gravísima; un problema de salud pública que, a pesar de su gravedad, no se está discutiendo mucho a escala nacional”, dijo el sociólogo.
Terán advirtió que la minería también favorece la propagación de la malaria, debido a que los pozos y las piscinas utilizados en la técnica de explotación aluvial facilitan la reproducción de los mosquitos. Por esa razón, los índices más altos de esta enfermedad se registran en las zonas mineras.
Presunta complicidad de militares y funcionarios
El informe de Provea destacó la relación que distintas investigaciones y organizaciones de derechos humanos señalan entre los grupos guerrilleros colombianos, los circuitos de minería ilegal y sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La ONG recoge denuncias sobre la presunta coordinación entre guerrilleros y militares en zonas mineras de Amazonas, así como señalamientos sobre el pago de una parte de las ganancias de la actividad extractiva a funcionarios y actores estatales para poder operar.
También afirmó que las operaciones militares anunciadas por el entonces régimen de Nicolás Maduro para combatir la minería, además de no lograr detener la actividad en algunos territorios, genera consecuencias principalmente a comunidades indígenas que enfrentan la pérdida de control sobre sus territorios, contaminación de ríos, enfermedades, explotación laboral, reclutamiento y amenazas.

El documento identificó situaciones en Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, entre otros estados.
“Los guerrilleros operan en coordinación con los militares venezolanos, y todos los involucrados en la minería deben pagarles una parte de sus ganancias a los militares y a otros actores estatales para que se les permita trabajar (…) En Yapacana y Atabapo, a veces se ve a guerrilleros viajando juntos en un barco militar, o viceversa. O se puede ver a agentes del Ejército de alguno de los puestos aislados en un bote guerrillero”, dijo un defensor local de derechos humanos, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
Provea también citó señalamientos de Fundaredes sobre las operaciones militares en Amazonas. Aunque las autoridades presentaron esos despliegues como acciones para preservar la soberanía y la seguridad del país, la organización advirtió que podrían responder a una reestructuración de las relaciones de poder entre la FANB y los grupos armados irregulares, con el objetivo de mantener el control sobre las minas y la población que trabaja en ellas, integrada en gran cantidad por indígenas.
“Mientras la narrativa oficial ofrece como motivo del despliegue de dichas operaciones militares la preservación de la soberanía y seguridad nacional, organizaciones de la sociedad civil —como Fundaredes— han documentado que estas operaciones militares podrían haberse ejecutado para reestructurar los sistemas de poder entre la FANB y los Grupos Armados Irregulares para controlar las minas y lograr el sometimiento de la población minera, en su mayoría indígenas”, señala.
La ONG subrayó que no se conocen datos precisos sobre la desarticulación de los grupos armados irregulares en esas zonas. Tampoco hay información suficiente sobre el número de personas que integraban esas estructuras ni sobre los nombres de quienes habrían sido detenidos o dados de baja durante las operaciones militares.
Por otra parte, SOS Orinoco ha cuestionado los resultados de los operativos Roraima 2022, Autana 2023 y Neblina 2024. “Lejos de erradicar la minería ilegal, parecen tener un fin propagandístico para mejorar la imagen del gobierno. Esta organización ha documentado cómo zonas mineras, como la de bulla de oro en el estado Amazonas, continúan expandiéndose y operando con total impunidad, incluso con la complicidad de las fuerzas armadas”, alertó en un reporte de hace dos años.
El documento de Provea menciona el caso de Haximú, en el municipio Alto Orinoco (Amazonas), donde la minería ilegal habría aumentado sin control pese a la presencia de una base militar cercana y que se habría mantenido indiferente ante la creciente llegada de mineros brasileños. Citó además al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que recibió denuncias sobre la continuidad de la explotación minera en territorios indígenas amazónicos.

SOS Orinoco que identificó a las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional y Segunda Marquetalia como operadoras de una estructura criminal transnacional dedicada a la explotación y comercialización de minerales como coltán, casiterita y tierras raras. Asimismo, una investigación de Armando.Info reveló que grupos armados utilizan drones y armamento avanzado para controlar yacimientos, sometiendo a pueblos indígenas a trabajo forzado.
“Como panorama general, hay un diagnóstico de una muy grave continuidad del deterioro ambiental en el marco de un abandono estatal de la gestión ambiental, un abandono generalizado que mantiene una situación de degradación de los ecosistemas, con impacto social. Esa es una cosa importante porque a veces se ve el ambiente como un tema de conservación de áreas protegidas, y tiene directamente que ver con el sustento de miles de familias venezolanas que está siendo afectado directamente por los impactos ambientales en diferentes ecosistemas del país, por diversas razones”, expresó Terán.
El ataque cinético en Apure
Juan Francisco García Escalona, coordinador de Fundaredes en Apure, reportó a principios de noviembre que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atacó un campamento del Ejército de Liberación Nacional en esa entidad. El activista informó a la agencia EFE que la organización tuvo conocimiento de un monitoreo intenso antes de que ocurriera un bombardeo con drones en el sector Buena Vista del Meta, fronterizo con el departamento colombiano de Vichada.
El diario estadounidense The New York Times, citando a cuatro funcionarios estadounidenses, confirmó posteriormente que el ataque contó con el apoyo de drones y de inteligencia proporcionada por Estados Unidos. Uno de los informantes explicó que el modelo de los drones utilizados para el bombardeo suele ser operado por el Ejército estadounidense.
La investigación señaló que la instalación atacada, en la que murieron más de 20 personas, era utilizada como centro de distribución de cocaína. Sin embargo, de acuerdo con el activista de Fundaredes, no todas las víctimas pertenecían a la guerrilla de origen colombiano. El reportaje del Times también indicó que la permanencia del ELN en Venezuela le ha permitido ampliar sus operaciones de narcotráfico y explotación ilegal de minerales, así como mantener el control de corredores fronterizos.
Un problema en la frontera y para una transición
Pedro Barrueco Pérez advirtió que uno de los riesgos de la presencia de grupos armados en la frontera colombo-venezolana es que los puntos de alivio y refugio que utilizan se conviertan en espacios permanentes, lo que podría favorecer la expansión de sus actividades criminales y redes ilícitas.

Señaló que estos grupos narcoterroristas pueden volver a transformarse en organizaciones criminales transnacionales organizadas y ampliar sus economías ilícitas a lo largo de la frontera colombiana, lo que supondría un problema para la región y para una eventual transición democrática en Venezuela.
El experto en seguridad indicó que la actividad política requiere libertad y que esta no puede desarrollarse plenamente cuando existen estructuras de control territorial que imponen condiciones a la población. Asimismo, dijo que, si las personas necesitan pedir permiso para desplazarse, opinar o participar en actividades políticas, o requieren la autorización de estos grupos para hacerlo, no existen condiciones para ejercer la democracia libremente.
“Es una arquitectura operativa militar asimétrica. Y, por supuesto, estos grupos narcoterroristas no se convierten en una mejor versión de sí mismos, sino que, por el contrario, vuelven a transformarse en organizaciones criminales transnacionales organizadas y amplían sus redes o economías ilícitas a lo largo y ancho de la frontera colombiana. Ese es el verdadero peligro porque, si empiezan a enquistarse, van a representar un problema real en esta franja fronteriza y para una transición democrática”, expresó.
El Escudo de las Américas
Barrueco afirmó que el Escudo de las Américas, una alianza para combatir el narcotráfico y el crimen organizado impulsada por el gobierno de Trump, es otra realidad que debe tomarse en cuenta porque llegó para proporcionar recursos a los aproximadamente 18 países que colaboran en esa iniciativa. Cree que Venezuela seguramente tendrá, en su momento, una participación estelar y explicó que el mecanismo está proporcionando recursos, especialmente equipamiento de alta tecnología, como drones y posiblemente aeronaves Reaper.
También mencionó que en octubre varios Black Hawk de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizaron ejercicios de entrenamiento en aguas próximas a Venezuela.
“Los helicópteros representan hoy día la doctrina militar de una guerra rápida, lo que se conocía en la Segunda Guerra Mundial como Blitzkrieg, o guerra relámpago. Se desplazan las tropas, se alivia la zona a través de bombardeos y se avanza. Ante ese despliegue, a esos grupos les queda replegarse, pasar la frontera. Hay una estrategia de pinza para no dejarlos entrar o, evidentemente, puede ser que los dejen entrar para hacerles cercos, bloquearlos y neutralizarlos”, explicó el experto.

“Lo que observamos en Apure es resultado del Escudo de las Américas. Hay que decirlo: existe una presencia importante de Estados Unidos. Venezuela tiene ahora un rol geopolítico extraordinario por todo lo que está pasando en el mundo. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado. Sigue la presión de Irak. Hay un corredor que las fuerzas navales norteamericanas tratan de mantener operativo y eso tienen que pagarlo y ha inflado los precios. Después, está el mar Rojo, donde los hutíes también generan presión. Están Ucrania y Rusia, uno de los principales productores de gas, gasoil, queroseno y otros combustibles. Ahora hay una Venezuela que tiene todo un potencial energético y, por tanto, Estados Unidos lo va a cuidar. Hay que olvidarse de que aquí ocurrirá un escenario catastrófico y bíblico”, añadió.
Barrueco enfatizó que habrá una “presencia más latente” del Escudo de las Américas y que la acción militar cinética confirma que es probable que haya más ataques de este tipo. “Esto también es un mensaje claro para esas fuerzas (irregulares), para dejarles claro que Venezuela tampoco es un refugio seguro. En Apure se mandó un mensaje bastante contundente porque básicamente ahí no hubo advertencia ni oportunidad para que ellos pasaran a la frontera. Creo que muy pronto vamos a estar seguramente participando en este Escudo de las Américas”, aseguró.
El criminólogo explicó que Venezuela ocupa una posición geográfica primaria por su importancia como puente logístico entre Estados Unidos y Europa en materia de prevención del narcotráfico, por lo que consideró que el país podría funcionar como una pinza de cierre para las rutas utilizadas por las organizaciones criminales.
Dijo que la estrategia estadounidense también contempla otros puntos neurálgicos de la región, como Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay, además de puertos ubicados más al sur desde donde salen cargamentos de estos grupos criminales. Asimismo, indicó que el cierre de espacios mediante operaciones contra embarcaciones tiene como objetivo neutralizar sus capacidades y generar presión sobre sus rutas, lo que podría desplazar parte del tráfico hacia el sur del continente.
Barrueco mencionó el despliegue en el que se neutralizaron aproximadamente 53 lanchas y afirmó que esta estrategia también ha transmitido un mensaje a las organizaciones narcoterroristas.
Asimismo, advirtió que las bandas criminales buscan recuperar espacios y territorios porque eso les proporciona capacidad operativa, lugares para esconderse y redes de apoyo, además de posibilidades para expandir su influencia regional, afectar a distintos sectores de la sociedad y desplazar al Estado de los territorios donde operan.

En opinión del experto, estos grupos enfrentan actualmente mayores dificultades debido a las iniciativas de cooperación y al cierre de sus espacios de operación.
Vacío de política pública y de soberanía
Emiliano Terán Mantovani sostuvo que las operaciones contra los guerrilleros en el país necesitan estar acompañadas de una política pública integral que contemple aspectos sociales, ambientales y territoriales, además de la participación de las comunidades indígenas en la vigilancia y reorganización de sus territorios. Asimismo, denunció que la precariedad de las instituciones ambientales, la falta de canales para procesar las denuncias y la ausencia de una política sostenida dificultan la contención de estas actividades.
“La dimensión de esta presencia es tan compleja que se trata de un problema persistente. Persiste la minería y persiste la presencia de estos grupos. Esto necesita algo más que un operativo. El gobierno emprendió tres operativos fuertes desde el segundo semestre de 2022, que tuvieron cierta eficacia. En algunos casos lograron detener la actividad minera; en pequeñas localidades se pudo paralizar, mientras que en otras se mantuvo. En algunos sitios la actividad se desplazó y en otros se trasladó hacia nuevas zonas. Es una dinámica extremadamente compleja”, analizó.
“No se necesita solamente un enfoque operativo, sino también una respuesta sobre qué hacer con las decenas de miles de personas que ya están involucradas directa o indirectamente en esta actividad y que la han convertido en su sustento. Es un problema que requiere un enfoque integral, pero la política pública perdió hace mucho tiempo sus dimensiones social, ambiental y territorial”, acotó el investigador de Provea.
Señaló que Venezuela atraviesa un vacío de política pública y de soberanía en materia ambiental, una situación que se estaría superponiendo con problemas anteriores relacionados con la ausencia de derechos ambientales indígenas y el irrespeto a las áreas protegidas.
Acotó que que el enfoque del gobierno de Donald Trump no tiene una perspectiva ambiental y que responde a una orientación antiambiental, incluso dentro de Estados Unidos. Advirtió que esta situación agrava la vulnerabilidad de la Amazonía venezolana, donde existen parques nacionales de grandes dimensiones, como Canaima y Parima Tapirapecó, además de la reserva de biosfera Alto Orinoco-Casiquiare y numerosos monumentos naturales.
Sin embargo, Terán señaló que, pese a las restricciones establecidas para estas áreas, prevalecen la extracción minera y la corrupción que permite la explotación del oro, y recordó que los parques nacionales atraviesan desde hace tiempo una situación muy precaria.
El informe de Provea denunció que las cifras de extracción minera han estado cubiertas de opacidad y que no existe una rendición de cuentas pública que permita conocer cuánto oro y otros minerales se extraen de esa zona ni cuánto dinero ingresa a las reservas del Banco Central de Venezuela. También documentó asesinatos de defensores indígenas que habían denunciado la presencia de grupos armados y la ocupación de sus territorios, como el guardián indígena Virgilio Trujillo, asesinado en junio de 2022 por grupos externos armados.
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