Rubén M. Perina
La reciente renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski puso en dudas la realización de la cumbre de presidentes en Lima el próximo abril 13-14. Sin embargo, el nuevo presidente, Martín Vizcarra (ex vicepresidente primero), confirmó que ella se realizará tal como estaba programado.
La Cumbre de las Américas es importante no sólo porque ofrece a los mandatarios demócratas del hemisferio la oportunidad para conocerse mejor e intercambiar ideas sobre los desafíos más relevantes que enfrentan individual y colectivamente, sino también porque en esta ocasión el tema a tratarse es “la gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. La corrupción, el cáncer de la democracia, no la desconoce nadie y es causa de la crisis de gobernanza que atraviesan varios gobiernos de la región, revelando además la debilidad de las instituciones democráticas para combatirla y extirparla de la cultura política.
Pero igual de importante en esa ocasión es que la Cancillería peruana también ratificó que el presidente Maduro de Venezuela no está invitado y no entraría al Perú “por cielo ni por suelo”. Esto en consonancia con la declaración del 13 de febrero del Grupo de Lima (los 14 países más importantes del hemisferio más Estados Unidos). Maduro insiste en que irá y hasta se rumora que llegará como parte de la delegación de Bolivia, lo que causaría una verdadera crisis diplomática de consecuencias impredecibles.
No se puede más que aplaudir esa decisión peruana. Los dictadores no pertenecen en las cumbres. Raúl Castro, el dictador cubano, tampoco debería ser invitado a participar. En la Cumbre de Québec, Canadá, en 2001, los presidentes de ese entonces destacaron que “el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son… un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en esta y en futuras cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de cumbres…”.
La Cumbre de Lima tiene además el atractivo de que contará con la presencia del enigmático y controvertido presidente norteamericano, Donald Trump. Sus pares podrán escuchar en directo qué tiene en mente este señor para las relaciones interamericanas. Hasta ahora lo más saliente de su “política” hacia América Latina parece ser, por un lado, su obsesión por construir un muro en la frontera con México para contener la entrada ilegal de inmigrantes “indeseables” del sur y el tráfico de drogas. Una insensatez en ambos casos. Aunque parece haberse dado cuenta finalmente de que México no lo pagará como él prometió, ni el Congreso se lo financiará. Por otro lado, lo único rescatable de su revisionista y errática política exterior es su dura y punzante política de sanciones diplomáticas y financieras contra los personeros de la dictadura madurista, y su endurecimiento de las relaciones con la dictadura castrista. Nadie se sorprenderá si en la cumbre anuncia nuevas y más drásticas sanciones contra ambas dictaduras.
El gran desafío de los mandatarios es culminar la cumbre con un consenso o acuerdo mayoritario:
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- Recomendando o instando a sus miembros la adopción de mecanismos nacionales/internacionales de lucha contra la corrupción como la exitosa Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), implementada en Guatemala por Naciones Unidas, o como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) de la OEA en Honduras.
- Ratificando su compromiso de Québec de excluir de las cumbres a gobiernos que no respetan el orden democrático/constitucional, ni los compromisos hemisféricos para el ejercicio y la defensa de la democracia, como la Carta Democrática Interamericana.
- Reiterando al régimen madurista, en consonancia con la declaración del Grupo de Lima y la resolución de la OEA (febrero 23), que se rechaza la alteración del orden democrático; que no se reconoce a la asamblea nacional constituyente por inconstitucional; que no se acepta el adelanto de las elecciones presidenciales sin garantías suficientes; que se establezca un calendario electoral que garantice la realización de elecciones íntegras, con observación internacional; y que se advierte que de lo contrario no se reconocerá al nuevo gobierno.
- Y, finalmente, ofreciendo la facilitación de un acuerdo entre el gobierno y la oposición que garantice la realización de elecciones íntegras y la posibilidad de que personeros del régimen puedan exiliarse en caso de que pierdan las mismas; comprometiéndose, en su defecto, a adoptar mayores sanciones punitivas contra los personeros del régimen y el Estado venezolano, y a autorizar, incluso, a través de la OEA, a sus miembros a tomar todas las medidas necesarias para restaurar la democracia –particularmente si se concluye que Venezuela se ha convertido en una amenaza real e inmediata para la seguridad y paz de sus vecinos y la región.
