Bogotá, 22 ene (EFE).- Colombia cerró 2025 con 187 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 14 más que el año anterior, una cifra que evidencia la continuidad del conflicto y que causa preocupación en vísperas de las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo por el riesgo de un repunte de la violencia política.
Desde 2016, cuando el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) empezó a registrar estos asesinatos, se observa un incremento progresivo que alcanzó su pico en 2020 con 252 homicidios. Aunque en los años siguientes hubo un descenso, la violencia no ha logrado revertirse, lo que confirma la gravedad de la situación.
«La situación ahora está estancada, no mejora», advierte a EFE la Defensoría del Pueblo, que registró entre enero y noviembre pasados 165 asesinatos y señaló que entre las causas de estos crímenes hay factores estructurales como la transformación de la violencia, el fortalecimiento de grupos armados y el debilitamiento de la capacidad estatal.
Para Juana Cabezas, investigadora y coordinadora del Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz, una de las principales razones del aumento en 2025 está relacionada con el calendario político.
«Lo que hemos visto desde que hacemos el registro en 2016 es que el año previo a las elecciones y durante el mismo año electoral tienden a aumentar las cifras de asesinatos de liderazgos sociales», explica a EFE.
Cabezas resalta que los líderes comunales, especialmente en zonas rurales, cumplen un papel clave en la organización social y política local y regional y que eso los convierte en «abanderados» de procesos políticos, lo que implica que llaman la atención «no solo de los grupos armados, sino también de actores que buscan incidir en la política de esas zonas».
El impacto de la impunidad
La investigadora de Indepaz señala que la impunidad tiene un gran impacto en la continuidad de los asesinatos de líderes sociales.
Los grupos que más cometen asesinatos de este tipo son las disidencias de las FARC, que son «los autores intelectuales, pero cuando se investiga, en muchos casos se llega únicamente al autor material y a veces ni siquiera a él».
Según la investigadora, cuando se logra identificar al autor material suele tratarse de jóvenes que pertenecen a bandas asociadas con grupos armados.
Entonces, sostiene Cabezas, es cuando los casos terminan reducidos a una «rencilla o disputa» por algún conflicto puntual o se presentan como «hechos pasionales», y no como crímenes relacionados con el liderazgo social.
En cuanto a la respuesta social frente a la violencia, la experta lamenta que «aún falta conciencia» por parte de la población colombiana, aunque destaca que no todas las expresiones de protesta han desaparecido.
«En el caso de las comunidades indígenas, las manifestaciones sí han sido una constante. Ellos siempre han exigido su protección y tienen muy claro que insistir permanentemente en su situación es una forma de seguir demandando garantías al Gobierno», concluye.
Defensa del territorio
La senadora indígena Aída Quilcué, quien es lideresa del municipio de Páez, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), relata a EFE que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.
Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo.
La congresista atribuye estos riesgos a su labor y a la estigmatización de quienes cuestionan modelos políticos y económicos dominantes.
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En sus palabras, en Colombia «pensar distinto» sigue costando la vida y la ayuda que reciben de las instituciones a veces «no es suficiente», lo que obliga a los líderes y defensores a tener que buscar «mecanismos de autoprotección».
Por su parte, Héctor Marino Carabalí, defensor social del municipio de Buenos Aires, en el Cauca, explica a EFE que cada líder asesinado representa una historia, un legado cultural y una responsabilidad colectiva en la defensa de la vida, el territorio y la naturaleza.
Carabalí recuerda el asesinato de un compañero cercano en 2018, un hecho que lo afectó profundamente y lo obligó a desplazarse temporalmente e incluso a salir del país junto a su familia.
«Claro que sentimos miedo, pero eso no nos detiene para continuar con esta labor, para seguir desplegando este mensaje esperanzador y de unidad a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, porque no podemos ser inferiores al compromiso que hemos asumido con nuestros ancestros», manifiesta para reivindicar la importancia de los liderazgos sociales.
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