Víctor Álvarez R.* / @victoralvarezr
Nicolás Maduro anunció el reinicio de las negociaciones directas con EEUU. Dicen que los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios. La oposición interpreta que el oficialismo se está preparando para su derrota en las Presidenciales del 28 de Julio, mientras el gobierno asume que EEUU no descarta que Maduro pueda ganar y por eso retoma las negociaciones directas, a menos de un mes de las elecciones.
La solución pactada de la crisis venezolana no puede ser una capitulación del gobierno ni la rendición incondicional de la oposición. Las iniciativas nacionales o internacionales que intenten contribuir a la solución del conflicto político venezolano tienen que partir de la premisa de que cualquiera de los candidatos puede ganar. No pueden dar por hecho la derrota a priori de Maduro y, sobre ese supuesto, decretar la transición política. Eso es políticamente incorrecto y cierra las vías para un acuerdo político con el gobierno.
¿Reconocerá EEUU un eventual victoria de Nicolás Maduro?
¿Cuáles son las condiciones a crear para que Maduro entregue el poder si pierde las elecciones?
¿Qué hacer para evitar que se aferre al mando por el temor a que la derrota electoral se convierta en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas?
¿De qué depende recuperar la alternancia en la Presidencia de Venezuela?
En el reinicio de las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores, la clave no está en liberar los fondos bloqueados para que Maduro financie la campaña electoral, a cambio de que el TSJ no anule la tarjeta de la MUD y dejen seguir a Edmundo González Urrutia (EGU) en la carrera presidencial. La clave para destrancar el juego y facilitar la alternancia en el poder está relacionada con las garantías de no persecución para quien pierda las elecciones y quede desprotegido una vez que entregue el poder.
EEUU puede contribuir a atenuar la preocupación y el miedo que sembraron en el oficialismo las amenazas que han recibido. Recordemos que María Corina Machado amenazó a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso”. Y también dijo: “Yo estoy dispuesta a negociar con Maduro su salida, no su quedada. No estoy dispuesta a negociar la cohabitación y la permanencia de estos individuos en el poder”. Y no hace mucho, los voceros del interinato reconocido y apoyado por EEUU sentenciaban que: “lo único que negociarían con Maduro sería su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo.” Y esas amenazas no son fáciles de olvidar.
Si a quienes están en el gobierno la derrota electoral se le convierte en una ola de persecuciones, juicios y condenas, para evitar esa tragedia preferirán aferrarse al poder. El gobierno de EEUU puede evitar que el oficialismo se vea forzado a tomar medidas desesperadas como la de anular la tarjeta de la MUD y sacar a EGU de la carrera presidencial. Con este fin, está llamado a hacerle a Maduro una oferta pragmática, viable y creíble de quitar las recompensas, las sanciones personales y la persecución judicial internacional. Igualmente, EEUU está llamado a reconocer una eventual victoria de Maduro que sea validada por la observación electoral nacional e internacional. De lo contrario, el oficialismo no se va a exponer a que se suelten los demonios de la persecución y la venganza, y se desate una cacería de brujas en su contra.
Si estos temores y riesgos no se despejan, en Venezuela será muy difícil recuperar la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica. Por eso, reanudar las negociaciones directas entre EEUU y Venezuela -a menos de un mes de las elecciones-, solo tiene sentido si Miraflores y la Casa Blanca están dispuestos a negociar las garantías de no persecución política, en caso de que Maduro pierda las elecciones presidenciales y tenga que entregar el poder.
La candidatura de EGU encabeza las encuestas, pero sin garantías de no persecución el candidato oficialista no se va a medir con quien sabe que puede perder. Si el oficialismo se ve expuesto a una ola de persecuciones apelará a una maniobra que ha sido anunciada y no debería sorprender a nadie. Desde que Luis Ratti solicitó ante el TSJ la anulación de la tarjeta de la MUD se viene tejiendo una narrativa que deja al descubierto la intención de sacar a EGU de la carrera presidencial. Al no firmar el Acuerdo de Reconocimiento de Resultados, el presidente del CNE declaró: «Si ellos no quieren presentarse de todas maneras habrá elecciones». Por otra parte, el representante de Copei, Jaime González, introdujo en el TSJ un recurso de amparo para suspender las elecciones, hasta tanto EEUU levante las sanciones contra Venezuela. En una reciente entrevista, Aimé Nogal, rectora principal del Consejo Electoral Nacional (CNE), recordó que “el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene una decisión pendiente en relación con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).”
La aspiración nacional de recuperar la alternabilidad en el poder por la vía electoral está en tiempo de descuento, pero el liderazgo político de la oposición no termina de proponerle nada concreto al gobierno para evitar que este le dé un tiro de gracia a la tarjeta de la MUD, al ver que marcha hacia una derrota segura en las Presidenciales del 28 de Julio, sin haber negociado antes las garantías de no persecución.
¿Habría habido transición democrática en Chile si partidarios del NO le hubiesen dicho a Pinochet que lo único que negociarían con él sería su salvoconducto o el color del uniforme de la cárcel? ¿Cómo evitar que perder las elecciones se convierta en una tragedia para el perdedor y por eso se aferren al poder? Para que Pinochet entregara el mando político sin la amenaza de ser perseguido pactaron su designación como senador vitalicio con inmunidad parlamentaria y su continuidad como Comandante en Jefe del Ejército.
Las negociaciones para una solución electoral y pacífica del conflicto político venezolano pueden avanzar si EEUU ofrece suficientes garantías e incentivos para que Nicolás Maduro, en caso de perder, entregue el poder. Además de la eliminación de las recompensas, de las sanciones personales y la persecución judicial, su designación como diputado vitalicio con inmunidad parlamentaria contribuiría a facilitar la alternancia en el poder y sería un paso de avance en la solución electoral y pacífica del conflicto venezolano.
Las garantías de no persecución política serán un incentivo para que Maduro se mude del Palacio de Miraflores al Palacio Legislativo. Con inmunidad parlamentaria tendrá la seguridad de que no será perseguido y el chavismo podrá competir para recuperar el mando político en la próxima elección. Facilitar la alternancia en la Presidencia de Venezuela también implica eliminar la reelección indefinida y recortar el mandato a 4 años, con una sola e inmediata reelección. El chavismo no quiere esperar tanto para aspirar nuevamente a recuperar el poder.
¿Está la sociedad venezolana preparada para pagar este precio a cambio de unas elecciones que faciliten la alternancia en poder por la vía electoral y pacífica?
Cualquiera sea la respuesta a esta pregunta, Maduro no va a tomar la iniciativa de proponer un pacto de garantías de no persecución porque esto puede interpretarse como una actitud derrotista, como que ha llegado la hora de poner a salvo sus cabezas. Para el chavismo, asumir esa posición de perdedor a priori lo consideraría desmoralizante y desmovilizador. Su gente no iría a votar. Por lo tanto, no lo van a proponer.
EEUU puede hacer una oferta viable y creíble de garantías de no persecución política para despejar la incertidumbre y amenaza de conflictividad poselectoral, a fin de que Maduro finalmente compita con EGU, el candidato que encabeza las encuestas y le puede ganar la elección presidencial. La campaña electoral ya empezó, entramos en tiempo de descuento y en las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores, EEUU está llamado a hacer esta propuesta antes de que el TSJ anule la tarjeta de la MUD y saquen a EGU de la carrera presidencial.
*Premio Nacional de Ciencias / Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral