El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció ante el relator de Personas Temidas en las Américas, el relator de Ejecuciones Extrajudiciales y el Comité Nacional contra la Tortura, los hechos registrados el pasado 16 de agosto en el Centro de Detención Judicial Preventiva del estado Amazonas, donde asesinaron a 39 privados de libertad, mientras que 5 funcionarios policiales y militares resultaron heridos, informó Humberto Prado, director del OVP.
Ayer, en conferencia de prensa, Prado estuvo acompañado de Marino González, integrante de la ONG; del vicario de esa entidad, Jhonny Reyes, y de Josefina Payema, madre de una de las víctimas. La investigación estuvo a cargo de González.
Prado dijo que en los años que tiene trabajando lo relacionado con penales y retenes policiales, nunca había visto que de noche se interviniera un recinto de esa categoría y con las características del de Amazonas.
“El Estado es responsable y no puede ejecutar a privados de libertad”, afirmó. Agregó que han solicitado a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía que se inicie una pesquisa en torno a lo ocurrido; también han pedido que les den respuesta y han tenido que recurrir a instancias internacionales para que les respondan. “Es muy fácil decir que la culpa la tiene el gobernador y que este afirme que la culpa es del ministro”, indicó Prado.
Denunció que ha habido persecución y amedrentamiento a los internos. Los que sobrevivieron fueron llevados a un penal de Apure.
La averiguación. González se trasladó a Amazonas para pesquisar lo ocurrido en el centro de detención y para ello se valió de diferentes fuentes, incluidos sobrevivientes de la masacre, familiares de las víctimas y funcionarios del Estado que por razones obvias dieron información amparados en el anonimato.
El activista hizo un paréntesis para señalar que representantes del OVP realizaron una visita en marzo pasado a ese recinto y se percataron de que no había vigilancia porque la policía de la entidad está intervenida. Observaron que los presos entraban y salían del centro de detención por su cuenta.
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Indicó que el día de la masacre en esa dependencia había 103 detenidos; 3 heridos se encontraban en un hospital. Además, estaban 10 mujeres y 3 niños (uno de 6 años de edad, otro de 4 años de edad y un bebé de 2 meses de edad). Ellos resultaron ilesos a pesar de que la comisión que ejecutó a los presos, integrada por funcionarios de la GNB, el Cicpc, la PNB y un grupo especial del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, lanzo lacrimógenas, morteros y granadas. “39% de la población fue masacrada. Unos estaban condenados y otros procesados. Había algunos con orden de libertad y otros presos por delitos menores”, dijo.
El último mensaje
Josefina Payema, madre de una de las víctimas, viajó por vía terrestre. Representó a todos los familiares de los fallecidos. Pidió justicia. Varias veces interrumpió su intervención al no poder contener el llanto. El último mensaje que recibió de su hijo señalaba: “Mamá, estoy casi muerto. Cuídate. Los quiero mucho” y cuando lo llamó ya no respondió. Antes de que la comisión llegara a ese centro, los detenidos ya lo sabían y lograron avisarles a sus parientes con mensajes de texto.
