Bogotá, 26 mar (EFE).- A Manuel González Segura, uno de los 75 líderes de sustitución de cultivos ilícitos asesinados desde la firma en 2016 del acuerdo de paz en Colombia, lo desaparecieron en junio de 2019. Su homicidio marcó un periodo sangriento contra el trabajo comunitario de miles de campesinos del país.
El cuerpo de Gónzalez fue encontrado con impactos de arma de fuego, las manos atadas y signos de tortura en el departamento de Córdoba (norte) donde unas semanas después un grupo narcoparamilitar decapitó en el municipio de San José de Uré al campesino Manuel Osuna Tapias.
Los asesinatos de Gónzalez y Osuna, ambos vinculados a la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor), hacen parte de una ofensiva contra este tipo de defensores que se agudizó desde 2016, cuando el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC pactaron la paz, según un informe divulgado hoy por la organización colombiana Somos Defensores.
De acuerdo con el estudio, los 75 crímenes, ocurridos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020 en 12 de los 32 departamentos del país, evidencian los tropiezos de la política antidrogas de Colombia, así como los obstáculos que enfrentan miles de familias acorraladas por los grupos armados ilegales y la fuerza pública.
«La sustitución voluntaria es mucho más rentable, es sostenible, pero sobre todo es legítima para contener los cultivos de uso ilícito, y esta es una de las razones más poderosas por las cuales promovemos la sustitución por encima de la fuerza y la violencia», dijo este viernes durante la presentación del informe la vocera de la corporación de derechos humanos Viso Mutop, Sandra Bermúdez.
Los homicidios demuestran además las dificultades propias del inicio de la implementación del acuerdo de paz durante 2016 y 2017, cuando ocurrieron respectivamente uno y 11 asesinatos.
Sin embargo, el aumento de los crímenes en los años posteriores evidencian que esta situación más que obedecer a las tensiones propias de una etapa de transición, se debe a un aumento de la violencia.
El año en el que se presentó la mayor cantidad de homicidios fue 2018, con 27 casos; seguido del 2020, cuando entre enero y junio fueron documentados 20 homicidios, y en 2019 ocurrieron 16, según el informe en el que también participaron la Asociación Minga y Viso Mutop.
Sobre los presuntos responsables de los asesinatos, 34 habrían sido cometidos por desconocidos, 14 por paramilitares sin identificar el grupo, 10 por disidencias de las FARC, 7 por la guerrilla del ELN, 7 por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -la banda criminal más grande del país-, 2 por la Fuerza Pública -Ejército Nacional-, y un caso por disidencias del Ejército Popular de Liberación (EPL).
INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PAZ
Esta situación, según Somos Defensores, obedece al incumplimiento de gran parte de lo acordado en el proceso de paz, especialmente el punto 4 sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, así como a la ausencia de una efectiva implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), al que están vinculadas casi 100.000 familias.
Precisamente, de los 75 líderes campesinos, comunales, comunitarios, afrodescendientes e indígenas que fueron asesinados, el 84 % (63) estaba vinculado al PNIS.
Las víctimas del aumento de la violencia son familias que le apuestan a la sustitución como proyecto económico alternativo, especialmente en regiones abandonas por el Estado y disputadas por grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico.
Esas agresiones generan desplazamientos forzados, masacres, estigmatización hacia la población y otros hechos de violencia que frenan los procesos comunitarios de sustitución.
Los defensores de la sustitución voluntaria enfrentan además las consecuencias de una política antidrogas tradicional enfocada en la erradicación forzada y los planes del Gobierno nacional para regresar a la aspersión aérea con glifosato suspendida hace cinco años, lo que, según el informe, genera choques entre la fuerza pública y las comunidades.
Según el informe, los cinco departamentos con mayor número de asesinatos son Antioquia con 24, Cauca (18), Norte de Santander (8), Putumayo (7) y Nariño (5); zonas que coinciden con los lugares en los que se ha presentado la mayor cantidad de incidentes entre campesinos y fuerzas del Estado por la erradicación forzada.
«La lenta y muy parcial implementación de los acuerdos (…) está contribuyendo a los ataques y asesinatos de líderes sociales, incluyendo los líderes de sustitución que llevan soluciones reales a economías ilícitas y el Gobierno está perdiendo una oportunidad histórica para avanzar», advirtió la codirectora de la organización internacional Latin America Working Group, Lisa Hauugard.