No hubo tregua ni se aceptaron sugerencias para la aprobación en segunda discusión de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social. Las empresas privadas tendrán que pagar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) el 15% del salario mensual de sus trabajadores, pese a los análisis negativos que los especialistas han hecho sobre este nuevo impuesto.
Desde Fedecámaras se envió un comunicado a la Asamblea Nacional (AN), el lunes 6 de mayo, en el que se expuso que el nuevo tributo agravaría la carga fiscal representada por el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y el Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (Fonacit).
A esto se suman las contribuciones que se deben hacer a Ley Orgánica de Drogas y a la Ley Orgánica del Deporte, los aranceles y tasas por servicios aduaneros, aportes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), tributos estadales (Unidad Tributaria Estadal, Timbres fiscales, Tasas), y tributos municipales (Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, Impuesto sobre publicidad, Aseo Urbano y tasas). Además de los impuestos específicos al consumo en los sectores que aplican: bebidas alcohólicas, cigarrillos, etc.
Modificación al artículo 7 de la Ley de Pensiones no admitida
En el documento, Fedecámaras pidió la modificación del artículo 7 de la Ley de Pensiones, antes de su aprobación en segunda discusión, pero no fue admitida.
La propuesta del gremio empresarial era que la alícuota se estableciera conforme a lo establecido en la Constitución y en otras leyes nacionales, que no debe ser superior al 6% porque no puede ser equivalente al efecto que sería tener una nómina adicional inexistente, “porque una situación así no es sostenible para ninguna empresa privada, dado que el sector ha estado haciendo esfuerzos inmensos porque no se pierdan puestos de trabajo y por tratar de mejorar la remuneración de los trabajadores”.
También pidieron que la Ley de Pensiones tenga un tope máximo para la base del aporte (en lugar de un mínimo), para que no se castiguen los esfuerzos de las empresas que mejor pagan, por lo que plantearon el importe equivalente a tres veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo.
Exoneraciones y consideraciones especiales
Otro de los planteamientos de Fedecámaras respecto a la Ley de Pensiones es que se contemplara la exoneración o exención del pago de la contribución para los sectores prioritarios de la economía nacional, como el de alimentos y otros productos de primera necesidad.
Propusieron que la contribución para aquellas empresas que mantienen un plan de jubilación se cumpla mediante la ejecución de su plan privado de pensiones, o se fije un mínimo tributable, o se conceda una exoneración para las mismas, ya que la aprobación de esta contribución adicional podría poner en riesgo la viabilidad de dichos planes de jubilación.
Otra acción en contra de la productividad
Distintos gremios empresariales del país han concluido que, el establecimiento de una contribución adicional pone en riesgo el futuro del empleo en Venezuela y el ingreso de los trabajadores, con las graves consecuencias económicas y sociales que ello representa.
Desde Fedecámaras sostienen que la creación de un tributo adicional que recae en definitiva sobre el salario afectará, igualmente, a los emprendedores que generan puestos de trabajo, a los trabajadores activos y a los desempleados que aspiran a tener un empleo en el futuro, pues este gravamen adicional, cualquiera que sea su base de cálculo y su alícuota, encarecería la nómina, pudiendo resultar en el congelamiento de los salarios y beneficios, en el cierre de los negocios y; en definitiva, en un agravamiento de la destrucción del empleo formal en Venezuela.
“En una economía con una caída muy importante del PIB (Producto Interno Bruto) de 75%, el deterioro de los mercados, la disminución de las industrias y de los empleos formales, dificulta que bajo el esquema de ley que se plantea, las pocas empresas que operan formalmente y cumplen de manera cabal con sus obligaciones tributarias, asuman cargas adicionales, pues esto significaría afrontar una mayor presión de costos, restándoles competitividad, favoreciendo la informalidad y desestimulando el empleo formal”, se lee en el documento.
Colapsado el sistema de pensiones en Venezuela
El economista Alejandro Castro resaltó que con esta ley queda en evidencia que el sistema de pensiones hoy día en Venezuela está colapsado, y que el Seguro Social no funciona como fue concebido originalmente, cuando tenía la concepción de bienestar.
“Pero, en la práctica, lamentablemente por temas asociados a mal manejo de dinero que se recauda o por una recaudación insuficiente, las pensiones hoy día son de menos de cuatro dólares mensuales al cambio en bolívares”.
Explicó que para que se puedan pagar las pensiones Debe existir venezolanos en edad productiva que trabajen en sector formal. “Y sea insuficiente para poder mantener un sistema de pensiones con un pago más alto”.
Castro considera que el modelo más idóneo es el chileno, donde hay un sistema de pensiones privadas al que la gente se afilia bajo el control del Estado, para que cada quien reúna y cuando llegue ese momento de la edad dorada, pueda vivir en sus últimos años de forma digna.
La Ley de Pensiones no es la solución
Pese al objetivo de la ley de recaudar fondos para el pago de las pensiones en el país, el economista aseguró que no es la solución de fondo.
“La economía debe recuperarse para que haya personas trabajando en el sector formal, por ende, más contribuciones y mayores ingresos para que se puedan pagar mejores pensiones”.