Por María Paola Puglia
Caracas. María Andree López, de 24 años de edad, hizo su labor social en un colegio en San Antonio de los Altos. A sus 17 años de edad instruía a niños de cuarto grado de educación primaria en catecismo como parte de uno de los requisitos indispensables para obtener su título de bachiller.
María tenía el acompañamiento de una docente que le indicaba parte de lo que debía impartir a los niños. Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aseguró que esta no es una práctica nueva y que pasa en las regiones donde los docentes no son suficientes para la cantidad de alumnos.
La escuela de Educación ha informado de esto a lo largo de los seis últimos años por eso el director no se explica el revuelo y la campaña de desinformación que se ha promovido contra la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica.
Esta ley fue aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional el martes, 7 de febrero. Cuenta con 22 artículos y tiene como objetivo promover y desarrollar los medios para la participación protagónica y el ejercicio de la ciudadanía activa de los estudiantes.
Sin embargo, se ha generado una ola de comentarios contra la ley aprobada y una serie de opiniones alarmistas acerca de presuntos bachilleres que tomarán el rol de docentes en las escuelas de primarias.
«Bachilleres» es tendencia porque la Asamblea Nacional de Maduro aprobó la «Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica»
La cuál permite que bachilleres puedan dar educación básica sin ningún tipo de formación como docentespic.twitter.com/kiP6EH8lNW
— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) February 9, 2023
Calatrava aclaró que la ley no propone nada nuevo. Los reglamentos de convivencia estudiantil ya promueven la participación tanto en clases como en actividades extracurriculares.
Carlos Trapani, abogado y director de la organización no gubernamental Cecodap, rectifica que la ley en ningún momento determina que los bachilleres tomarán las aulas por la falta de docentes, sin embargo, frente a una cosa tan ambigua se desconoce cómo será la aplicación.
De igual manera la ley propone los principios de derecho que ya están establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) lo que no la hace una novedad.
“El problema no es la ley, sino la implementación”, dijo el abogado.
Asimismo, Calatrava expuso que “no están descubriendo el agua tibia”, pero que la ley viene a establecer una regulación sobre esas organizaciones estudiantiles que nacen de manera natural.
Calatrava, al igual que Trapani, aseguró que la ley no está estructurada de manera adecuada y se puede prestar para diversas interpretaciones. “Ahora se pueden agarrar de eso para sacarle 80.000 interpretaciones y ponerse a decir cosas que la ley no estipula”, dijo Calatrava.
Alcance y el rol de los adultos
Luego de leer la norma quedan más preguntas que respuestas. Trapani puntualizó que la ley no especifica cuál es el alcance de los artículos, ni el rol del adulto en los procesos de participación ni cómo acompañarán a los niños, niñas y adolescentes en este proceso.
Tampoco se especifican las obligaciones del Estado, esos detalles que hacen operativo el derecho a la participación.
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, pero no basta tenerlo en la ley, hay que superar un conjunto de obstáculos, barreras y limitaciones que impiden que un niño pueda participar, destacó Trapani.
La lucha de los docentes
Desde que inició el 2023 los docentes y trabajadores del sector público exigen sus derechos laborales y mejoras salariales a nivel nacional. El 9 de enero fue la primera manifestación frente al Ministerio de Educación y a esa le siguieron otras protestas a las que se unieron diferentes gremios del sector público.
Calatrava recalcó que la ley no es el problema, sino lo que se ha hecho eco de ella. Parte de la desinformación y la confusión se ha extendido dentro del gremio docente.
Sugirió que es una campaña de desinformación para intentar quebrar el respaldo social a las protestas de maestros. “Es poner a correr la bola de que se va a poner a bachilleres a dar clases a sus compañeros por los irresponsables profesores golpistas”.
Hizo referencia a que este es un anzuelo que soltaron para ver quien lo muerde y neurotizar más a la sociedad venezolana.
Deserción estudiantil
La ley en el artículo 16 establece que se debe promover la inclusión e incorporación de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, contribuyendo a la no deserción escolar.
Calatrava aseguró que la obligación del Ministerio de Educación es buscar la causa de este ejercicio y liberar mecanismo para que aquel desertor regrese. Le parece adecuado que se haga entre pares, pero la mayor causa de deserción es la crisis económica que enfrenta Venezuela.
El ciclo hiperinflacionario ha repercutido de manera importante en las familias, a las que les resulta más factible tener a un joven trabajando, para que aporte en casa, que estudiando.
“La deserción tiene muchas variables intervinientes. Si se pone a un Consejo Educativo a buscar las causas de los desertores y siguiendo el artículo 21 se deliberar y decidir para llegar a una solución para volverlos a traer a la escuela de igual manera se necesita un plan de políticas públicas, recursos económicos y unos indicadores para saber si eso se cumplió. Por eso esta ley se cae sola”.
El artículo 21 expone que el Congreso Nacional Estudiantil es una instancia superior que tendrá como objetivo deliberar y decidir anualmente las líneas estratégicas y la acción pragmática.
Lea la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica aquí.
Fuente: Crónica Uno
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