Ley de Amnistía y daños irreparables: «¿Quién le quita las cicatrices a mi hijo?»

Julián* ya no tartamudea cuando habla con periodistas sobre su hijo, preso político por más de seis años. Cuando exigía su liberación, lo hacía con miedo a mayores represalias. Hoy se siente más confiado en que Venezuela mejorará y los verdugos de su hijo saldrán del poder. «Ya me atrevo a poner estados en WhatsApp de política», dice y sonríe con esperanza, pero reconoce que dar su testimonio para esta nota de prensa con nombre y apellido podría ponerlo en riesgo, a él y a su hijo, cuyo paso por prisión aún le impide tener «una vida normal».

Cuando Julián concedió esta entrevista, Delcy Rodríguez recién había propuesto la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, cuyo proyecto de ley aún discute la Asamblea Nacional.

«Esa ley es dizque para perdonar a los presos políticos, pero los que tienen que pedir perdón son ellos (el gobierno)», afirma. Sin embargo, espera que la Ley de Amnistía elimine el antecedente penal que aún tiene su hijo y por el que ha perdido decenas de empleos y oportunidades laborales. «Cada vez que consigue un trabajo y le piden antecedentes penales, le sale que estuvo preso, y entonces lo botan o no lo contratan», cuenta.

Julián no sabe mucho sobre el derecho humano a la reparación del daño. Durante la entrevista se le explica que se refiere a las medidas que debe adoptar el Estado para reparar las violaciones de los derechos humanos cometidas contra sus víctimas, a través de beneficios materiales y simbólicos para ellas, sus familias y las comunidades afectadas. Escucha y asiente, pero luego responde: «¿Y quién le quita las cicatrices que le quedaron a mi hijo?».

Esas cicatrices son físicas y mentales: durante su estancia en prisión, el hijo de Julián fue torturado múltiples veces, dejándole marcas y lesiones en su cuerpo. Su salud mental también quedó afectada: siente que lo persiguen, se asusta cuando ve funcionarios de la fuerza pública y aún no logra reinsertarse en la sociedad. Su madre también quedó con cicatrices. Cuando pudo visitarlo por primera vez en prisión, sufrió un ACV que le dejó secuelas de por vida que limitan su movilidad.

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«Ahí vive mi papá»

Cuando Pedro* fue detenido por motivos políticos, su novia estaba embarazada. Él se perdió el nacimiento de su hija, sus primeras palabras y sus primeros pasos. Cuando la vio por primera vez, ya la niña hablaba y caminaba. Pudo verlo dos o tres veces en prisión, por espacio de 10 minutos cada vez. Pero en su memoria de niña quedó grabado el lugar donde «vivía» su padre. «Una vez pasó con la abuela frente al retén y dijo: ¡ahí vive mi papá», recuerda Pedro.

A pesar de que Pedro salió de prisión hace ya varios años, el vínculo con su hija no termina de afianzarse. La madre de la niña ya no es su pareja, pero todos viven en la misma ciudad. «La niña sufre crisis de ausencia. Comparte conmigo, pero no quiere quedarse en mi casa. Solo quiere estar con su mamá», lamenta.

La madre de Pedro también tiene cicatrices que se vuelven heridas abiertas ante recuerdos dolorosos. «Hace poco, Facebook le mostró a mi mamá un recuerdo: era una foto mía esposado, que ella me tomó en una de las audiencias que tuve. Se puso a llorar. Aunque es una mujer muy fuerte, ella todavía siente miedo y rabia», dice Pedro.

Aunque él sí logró conseguir un trabajo estable y ha ido reinsertándose en la sociedad poco a poco, reconoce que aún le cuesta sentirse cómodo en espacios donde hay muchas personas. Durante un tiempo, ya en libertad, funcionarios que lo torturaron lo intimidaban de distintas formas. «Algunos de ellos llegaban al negocio donde yo trabajaba y tenía que atenderlos mientras se reían y me miraban con prepotencia», cuenta.

 

«¿Quién le paga a uno eso?»

Cristopher* todavía tiene que ir a Caracas una vez al mes para cumplir con su régimen de presentación: una de las medidas cautelares que arrastra con la libertad condicional que alcanzó tras pasar casi un año y medio en prisión por motivos políticos. Al igual que el hijo de Julián, no logra establecerse en un empleo, en su caso porque los empleadores no le dan permiso para ausentarse dos días al mes para viajar a la capital del país.

Su madre también tuvo que viajar constantemente a Caracas y a Tocorón, donde estuvo preso Cristopher. «Yo viajaba con la ayuda que me daban los vecinos del barrio. Hubo gente (familiares de otros presos políticos) que perdió mucho dinero con abogados que los estafaron. No fue mi caso, pero sí tenía que buscar plata para poder viajar. ¿Quién le paga a uno eso?», se pregunta.

Cristopher sabe que el tiempo perdido y lo que sufrió dentro de la cárcel tampoco nadie se lo va a pagar, pero desea que sus verdugos sí paguen ante la justicia por el daño causado.

«Había un funcionario que nos decía: ‘Ustedes son los actores y nosotros hacemos la película. Esta película se llama Hasta el final’, y se reía mientras nos daban golpes», recuerda. Cristopher fue uno de los cientos de detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

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Proyecto de Ley de Amnistía presenta vacíos y riesgos

Aunque las víctimas entrevistadas para esta nota de prensa refieren daños que consideran irreparables, el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ni siquiera contempla la reparación de daños que sí pudieran resarcirse. La propuesta que discute la Asamblea Nacional se enfoca en la eliminación de responsabilidades penales y la liberación o retorno de personas perseguidas por motivos políticos, pero no establece mecanismos claros de indemnización, restitución, rehabilitación ni garantías de no repetición.

Para organizaciones de derechos humanos como Acceso a la Justicia, Foro Penal, Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, el proyecto de ley presenta vacíos que dejan por fuera a presos políticos procesados por delitos de presuntos homicidios o magnicidios, y tampoco incluye la garantía de «no repetición», indispensable para que no vuelvan a cometerse las violaciones de derechos humanos que enmarcaron todos los casos de persecución y detención por motivos políticos.

Por su parte, el Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) advierte que el texto propuesto presenta graves riesgos de convertirse en una «ley de punto final» que favorezca la impunidad, al abarcar un periodo de 27 años sin establecer mecanismos claros de justicia transicional ni excluir eficazmente los crímenes cometidos por agentes del Estado.

Cofavic denuncia especialmente las disposiciones del proyecto de ley que ordenan el cierre definitivo de averiguaciones y la destrucción de registros judiciales, alertando que esto implicaría borrar la memoria histórica y eliminar evidencias clave sobre violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El ODH-ULA, por su parte, critica que el proyecto de ley presentado hasta ahora sea «de carácter procedimental», excluyendo la participación de las víctimas, «quienes deben constituir el eje central en el diseño y discusión de normativas de esta naturaleza, conforme a los estándares internacionales de justicia transicional». Otras carencias de la propuesta legislativa, así como recomendaciones que hace esta dependencia universitaria para mejorarla, pueden consultarse aquí.