Caracas, (EFE).- El Ejecutivo venezolano pretende, con una sola ley, acabar con el bloqueo que le han impuesto Estados Unidos y otros países mediante sanciones económicas, y aunque alardea que ya consiguió nuevos capitales es improbable que este mecanismo, lleno de secretismo en lo financiero, saque al país de la ruina actual.
La flamante Ley Antibloqueo otorga, sobre el papel, facultades al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para desoír normas legales a discreción y bajo confidencialidad, con el propósito de captar inversiones que burlen las restricciones que hoy enfrenta su Gobierno y reanimen la agonizante economía nacional.
Es decir, Venezuela impone una norma legal que le otorga el permiso, dado por el propio Maduro, de desoír otras normas legales, lo que invalida, técnicamente, dicha ley, que del mismo modo puede ser ignorada.
Pero más allá de las críticas sobre la legalidad de este nuevo esquema, que preocupa a empresarios y opositores políticos, está en duda la viabilidad del proyecto, convertido en la más rimbombante apuesta de Maduro dentro de su constante promesa de superación económica, cada vez más lejos de materializarse.
ESTADO QUEBRADO
«Esta ley es un reconocimiento al fracaso del modelo (económico), reconoce que el Estado está quebrado, que los activos que tiene son todos improductivos, que no tiene cómo financiarse», dijo a Efe la profesora universitaria Sary Levy, vicepresidenta de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela.
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La aseveración de la economista está respaldada por las declaraciones de Maduro, quien, al presentar la propuesta de ley ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), admitió que el país recibe hoy menos del 1 % de lo que percibía en 2013 por la venta de su ingente petróleo.
Entonces, al verse arruinado, Maduro ha pedido «auxilio» al sector productivo privado pero, advierte Levy, «no lo hace de forma transparente» sino con una propuesta «mercantilista» que «no apunta a corregir las distorsiones que hay en Venezuela», donde la mayoría de la población está en pobreza extrema.
RESPUESTA DE EMPRESARIOS
En el marco de la nueva ley, Maduro ha llamado a empresarios e industriales a unirse para «avanzar en la reanimación del aparato productivo y en la generación de riquezas» y para «lograr una recuperación sostenida» de la economía, casi un 90 % más pequeña que cuando asumió el poder en 2013.
Los empresarios agrupados en la patronal Fedecámaras han cuestionado la legalidad del mecanismo «antibloqueo» al señalar que fue aprobado por la ANC, un órgano no reconocido por varios países, y no por el Parlamento, que tiene el mandato constitucional de hacer las leyes de la república.
La Confederación de Industriales (Conindustria), que reúne a más del 80 % de la manufactura nacional, fue más categórica al invocar la nulidad de esta ley, pues considera que sus efectos podrían resultar «lesivos para la nación y en especial para las empresas nacionales».
¿ATRACTIVO PARA INVERTIR?
Luego de siete años de contracción económica y del cierre de más del 80 % de las empresas en los últimos 20 años, los inversionistas miran para otro lado, pues saben que los riesgos son altísimos en Venezuela, uno de los países con menos libertad económica.
Así lo considera Levy, quien no cree que un «verdadero inversionista» vaya a ser atraído por «un esquema de esta índole, donde el secretismo es lo que prima» y menos en un país cuyo Gobierno ha expropiado centenares de empresas «y no ha sido capaz de ponerlas a funcionar».
Aunque Maduro ha asegurado, con estricta opacidad, que el recién creado Centro de Inversión ya recibió 20 proyectos en menos de 15 días, todavía no ha explicado a cuánto ascienden estas iniciativas ni en cuáles campos se desarrollarán.
Mientras tanto, las organizaciones empresariales más grandes del país consideran que el esquema «no contribuye a generar, en modo alguno, la necesaria confianza» para que los inversionistas vean a Venezuela «como un destino seguro para sus capitales».
RIESGO DE BLANQUEO
Entonces, sin ninguna posibilidad de que una ley venezolana revierta el cerco financiero internacional al Gobierno de Maduro, queda un mercado disponible: el de la legitimación de capitales, o al menos así lo ve Levy.
«Aquellos que utilicen el esquema porque les beneficia en un proceso de legalización de activos» son los potenciales inversionistas en este mercado que «buscará convertirse en un sistema de blanqueo, además de dar oxígeno político al Gobierno».
La economista cree que ante la ausencia de reglas claras y de contraloría en estas inversiones «la arbitrariedad y la corrupción pueden conseguir un campo fértil» en un escenario como el que promueve la Ley Antibloqueo y «eso lleva a un auge de una economía subterránea y especulativa».
El riesgo es que «esto en vez de ayudar a la economía venezolana termine hundiéndola» pues, alertó, es más probable que el país se endeude y se profundice la devaluación de su moneda a que toda esta movida se traduzca en incremento de la productividad o en mejoras salariales como promete el Ejecutivo.
Héctor Pereira
