Caracas, 3 ago (EFE).- Como ocurre con las cosas que se dicen mil veces, el machaque del Gobierno de Venezuela para que se levanten las sanciones ha calado, después de ocho años, en la mayoría de la población, o así lo creen analistas, empresarios, opositores y varias ONG que hoy respaldan la petición del chavismo, que aún tiene detractores.
Aunque hay quienes defienden la utilidad de las limitaciones internacionales individuales como medida de presión contra el Ejecutivo, sólo una minoría pide la continuidad de las restricciones económicas, especialmente las personales y no las que afectan las finanzas del país o de su principal empresa, la petrolera estatal Pdvsa.
Según la encuestadora Datanálisis, tres de cada cuatro venezolanos están en contra de las medidas coercitivas unilaterales, una modalidad de castigo político contra la llamada revolución bolivariana que comenzó en marzo de 2015 y que escaló hasta casi un millar de ellas en estos años -contando también las personales-, cuando el país atravesó su peor crisis económica.
IMPOPULAR O NECESARIO?
A quienes más les cuesta pedir el fin de las sanciones es a los políticos antichavistas que vivieron un clímax en 2019, cuando el Gobierno dejó de ser reconocido como legítimo por unos 60 países que, a su vez, le impusieron una penalidad tras otra, una estrategia que pensaron que acabaría con el chavismo.
Con el presidente Nicolás Maduro atornillado en el poder, algunos opositores -como los excandidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales- ya hablan del «fracaso» de las restricciones financieras y el impacto que tienen en la vida de los ciudadanos, por lo que hoy creen necesario revertir esta maniobra.
«Ya es hora de que le suspendan al país las sanciones comerciales que terminan arruinando la industria, el comercio y el sector agropecuario (…) que asfixian a la gente sin aportar ninguna solución política», dijo Rosales frente a decenas de empresarios agrupados en Fedecámaras, la principal patronal del país.
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El nuevo líder de ese gremio, Adán Celis, se sumó a este llamamiento al argumentar que un escenario sin esas limitaciones financieras permitirá al sector productivo «tener un comercio más fluido».
«El venezolano que diga que quiere sanciones es un loco. Nosotros pedimos, evidentemente, que las sanciones se levanten, eso no ha hecho sino empobrecer al país», sostuvo el empresario en una entrevista radial.
Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición antichavista, anunció recientemente que no está negada al levantamiento de las sanciones, siempre que haya un «restablecimiento de las garantías constitucionales» pactado en un acuerdo, en el marco del proceso de negociación que mantiene con el Gobierno en México.
Si quieren que se suspendan (las sanciones) y que se mantengan las violaciones (a la Constitución) ahí se complican las cosas. Nosotros estamos de acuerdo con las dos cosas (fin de sanciones y de violaciones a la Constitución), pero juntas, no separadas», dijo ante periodistas el secretario del bloque, Omar Barboza.
MÁS PÉRDIDAS
En los últimos ocho años -cuando unos siete millones de venezolanos abandonaron su país, según la ONU- las cifras oficiales indican que la nación dejó de percibir cerca de 310.000 millones de dólares debido al bloqueo, tres cuartas partes de ese monto por las sanciones a la industria petrolera, la columna vertebral de la economía nacional.
El daño ha sido tan evidente que hasta las ONG humanitarias, que responsabilizan al chavismo del hambre y las penurias de la mayoría de la población, se ven afectadas en su trabajo de asistencia, pues tienen limitaciones para importar mercancías en medio del sobrecumplimiento de las restricciones por parte de algunos países.
Hay que «seguir haciendo incidencia para que se suavicen un poco las sanciones y puedan entrar en el país ahora mismo los mecanismos de financiación al desarrollo que no se van a aprobar mientras siga el país sancionado», dijo durante un conversatorio la nutricionista y defensora de los derechos humanos Susana Raffali.
Con este panorama, Maduro no duda en presumir que hay un «consenso poderoso» contra las medidas coercitivas dentro y fuera de Venezuela, una afirmación reforzada por el canciller, Yván Gil, que informó de un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y países americanos de «avanzar en un esquema de levantamiento» de estos castigos.
Sin embargo, políticos como el exjefe del Parlamento Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos luego de años reconocido como presidente interino del país por algunos gobiernos, reiteran que estos dictámenes son una «herramienta» contra la «dictadura», la verdadera causa de la «asfixia» económica de Venezuela, a su modo de ver.
Aunque las sanciones dejaron de ser la carta favorita contra el chavismo, siguen hoy pasando factura al Gobierno y al país.
