Brasilia, 16 may (EFE).- Delegados de países de América Latina y el Caribe iniciaron este jueves en Brasilia una reunión sobre un futuro plan para mejorar la protección de refugiados, desplazados y apátridas, en el marco del proceso conocido como Cartagena+40.
La reunión se celebra a puerta cerrada, concluirá este viernes y es parte de un debate liderado por Chile, que llevará a un programa regional para la próxima década, que incorpore las mejores prácticas para la protección de refugiados y migrantes, incluidos los desplazados por el cambio climático.
Fuentes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que participa en el proceso, explicaron que la intención es «perfeccionar» el Plan de Acción regional presentado en 2014, cuando se cumplieron 30 años de la firma de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, considerada pionera en cuestiones de amparo.
Hace una década, aún no había comenzado el fenómeno migratorio que desplazó a más de siete millones de venezolanos, de los cuales unos 6,5 millones se han distribuido entre 17 países de América Latina, señaló Juan Carlos Murillo, miembro de la oficina regional de Acnur, en una rueda de prensa previa a la reunión.
Sin embargo, subrayó que hay otros factores que agravan la masiva migración de personas por la región, que es hoy «un continente en movimiento, con unos desplazamientos sin precedentes», declaró.
Al caso venezolano, se agregó la situación de Honduras, Guatemala y El Salvador, países en los que los desplazados por la violencia de las pandillas o maras llegan a un millón, y también la situación de Nicaragua, con 300.000 personas alejadas de sus hogares hasta por factores políticos.
A esos nuevos fenómenos, se suman 6,9 millones de desplazados por el conflicto interno colombiano y la ya antigua crisis de Haití, donde 5,5 millones de personas, «que representan casi la mitad de la población, requieren de asistencia humanitaria», dijo Murillo.
Según el funcionario de Acnur, otro agravante es la actuación de mafias del tráfico de personas, que son responsables directas de la dramática situación que se vive en los últimos años en la inhóspita selva del Darién, que separa a Colombia de Panamá.
El proceso Cartagena+40 deberá sugerir la adopción de prácticas ya en vigor en algunos de países de la región, para garantizar a los refugiados y migrantes todos sus derechos ciudadanos, en el marco de una «respuesta solidaria de cooperación internacional», explicó.
El desafío de los desplazados climáticos
Aunque en el Plan de Acción aprobado en Brasilia en 2014 ya se alertaba sobre posibles desplazamientos forzados por el cambio climático, los desastres naturales se han intensificado en toda la región durante la última década.
Silvia Sander, de la oficina de ACNUR en Brasil, citó un informe del Banco Mundial, según el cual se calcula que los desplazados en toda América Latina por los efectos del calentamiento global pueden llegar a 17,1 millones en los próximos diez años.
«Los eventos relacionados con el clima ya aparecen entre los principales motores de los desplazamientos», afirmó.
Puso como ejemplo el desastre ocurrido en el sur de Brasil, donde unas torrenciales lluvias, que aún no cesan, han dejado al menos 152 muertos y unas inundaciones inéditas en esa región han desplazado a 615.000 personas, entre las que hay 43.000 refugiados, en su mayoría venezolanos, haitianos y cubanos.
Sander explicó que ese impacto no es solo en América Latina, sino global, pues se calcula que «el 84 % de los refugiados en el mundo ya son de países altamente vulnerables al cambio climático».
Frente a esa situación, el plan de acción para la próxima década deberá incorporar nuevas medidas en favor de los desplazados por el clima, tanto en lo interno como para la cooperación internacional.
El proceso Cartagena+40 continuará en Colombia en junio y el Plan de Acción para la próxima década será presentado en Chile, en una reunión ministerial prevista para diciembre próximo.
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