Caracas, 2 oct (EFE).- La venezolana Teresa de Pedraza miraba la televisión cuando sintió un malestar que inmediatamente identificó como un infarto. Asustada, acudió a cuatro hospitales de Caracas y de la cercana ciudad de Guarenas, donde reside, pero en todos le negaron el ingreso. Estaban a tope atendiendo casos de la COVID-19.
«No nos dejaron entrar», dijo a Efe la mujer de 58 años al relatar su experiencia específica en el Hospital Universitario de Caracas. «Tenían las puertas cerradas, no nos dejaron entrar porque era un (centro) centinela para personas con COVID-19», añadió.
Finalmente, De Pedraza fue atendida en el principal centro sanitario del barrio deprimido de Petare, a unos 40 minutos de Guarenas y donde se afinca la favela más grande del país.
Aunque no estaba contagiada con la COVID-19, esta ama de casa venezolana fue una víctima invisible de la enfermedad que azota el mundo y paraliza la economía.
Si hubiera muerto por no atenderse el infarto, como luego se confirmó que efectivamente sufrió, su caso no hubiera entrado en las estadísticas de la COVID-19 en Venezuela.
Pero ella está convencida de que el nuevo coronavirus hubiera sido, en parte, responsable de su muerte, como lo fue de la mala atención sanitaria que recibió.
VENEZUELA, UN PAÍS COLAPSADO
Venezuela es uno de los países con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero esta riqueza bajo su suelo no evita que esté atravesando por la peor crisis económica de su historia moderna, con alta inflación y escasez hasta de combustibles.
El Parlamento venezolano, que controla la oposición, dijo en 2018 que el país sufre una «emergencia humanitaria compleja», un estado que, de acuerdo con los detractores del presidente Nicolás Maduro y organismos no gubernamentales, el país aún no abandona.
«El problema es que la emergencia de la COVID-19 se está desarrollando dentro de otra emergencia, que es la emergencia humanitaria compleja», dijo a Efe el director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Alberto Nieves.
De acuerdo con Nieves, entre 26.000 y 28.000 personas con VIH han visto interrumpidos sus tratamientos o consultas por la acción de la COVID-19 en el personal de salud de Venezuela.
SIN ATENCIÓN POR CORONAVIRUS
Para ejemplificar este punto, Nieves refiere que un centro de inmunología de Caracas, donde funciona una farmacia de medicamentos antirretrovirales y se ofrecen consultas médicas a personas con sida, estuvo cerrado durante dos semanas porque el personal se contagió con el nuevo coronavirus.
«Allí hubo afectación de dos trabajadores de la salud y de forma inmediata cerraron el centro completo, porque todo el personal de salud entró en calidad de sospechoso», dijo.
Lo mismo ocurrió, aseveró Nieves, en otro centro asistencial del costero estado de La Guaira -cercano a Caracas-, donde también funciona una farmacia y se pasa consulta a personas con VIH.
«Estuvo tres meses cerrado», apuntó el activista, después de que se constatara el contagio del director.
«No es posible que una farmacia la cierren y no haya un personal de relevo, no es posible que una consulta de VIH la cierren porque el personal se infectó, se contagió (de COVID-19) y no hay más nadie que la pueda atender», agregó.
UNA CUARENTENA QUE EMPEORA LA ATENCIÓN
De acuerdo con el dirigente sindical Mauro Zambrano, en Venezuela las enfermedades cardiovasculares y otras como el cáncer «nunca han sido tratadas como es debido».
Pero, por estar enfocados en combatir la COVID-19, dijo Zambrano a Efe, otras patologías «quedaron fuera» del rango de atención de los hospitales.
«Si alguien se cae de una moto o tiene un accidente cerebrovascular es difícil que lo atiendan, en la mayoría de los centros hay (enfoque en atención a la) COVID-19», aseguró.
A esta realidad se suman los problemas derivados de la cuarentena decretada en el país a mediados de marzo pasado, cuando se detectaron los primeros contagios.
La cuarentena en Venezuela combina semanas de flexibilización con otras de cierre de la economía.
Pero cuando es «radical», los controles en carreteras y autopistas hacen lento el tránsito de los enfermos hasta los hospitales, si bien Efe ha constatado que, muchas veces, los venezolanos desafían la cuarentena sin sufrir sanciones económicas o judiciales.
CORONAVIRUS Y CRISIS: MENOS MÉDICOS
A finales de 2018, el Parlamento venezolano alertó que el masivo éxodo -otra de las consecuencias de la crisis- estaba causando la «desprofesionalización» del país.
Entonces, el Parlamento estimaba que el 60 % de los médicos y enfermeras de Venezuela había emigrado para huir de la crisis.
«Es muy poco el personal especializado en VIH, no sólo en VIH, sino en todas las áreas, y hay un colapso total porque no hay capacidad de respuesta, no hay quien suplante al otro», dijo Nieves al respecto.
Esta realidad ha obligado a los médicos y enfermeros que permanecen en Venezuela a soportar extensos turnos de trabajo con atención de entre 60 y 80 pacientes cada día, lo que eleva sus posibilidades de contagio por la COVID-19, una enfermedad que ha golpeado con fuerza a los trabajadores sanitarios venezolanos.
Según la organización Médicos Unidos, al menos 200 trabajadores sanitarios han muerto por complicaciones relacionadas con el coronavirus, 145 de ellos doctores de diferentes especialidades.
A nivel general, y hasta el pasado lunes, el reporte oficial daba cuenta de 614 muertes con más de 73.000 casos en todo el país.
Los números no son graves, si únicamente se hace la comparativa con los de otros países de la región que enfrentan verdaderas emergencias por el coronavirus.
Pero en Venezuela la COVID-19 tiene víctimas invisibles, personas de carne y hueso que quedan fuera de la estadística.
Ron González