San Salvador, 31 may (EFE).- El presidente Nayib Bukele, que el sábado será investido para un segundo mandato consecutivo en El Salvador, carga con una deuda histórica de acompañar a las víctimas del conflicto armado interno (1980-1992) para que obtengan justicia y reparación, a lo que se suman acusaciones de violación de los derechos humanos durante su presidencia.
La guerra salvadoreña, causada principalmente por la pobreza, la desigualdad social, la represión militar y que estalló tras el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (marzo, 1980), dejó 75.000 muertos, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres de las que ninguna ha sido judicializada por el Sistema de Justicia salvadoreño.
El Gobierno de Bukele se suma a los anteriores que no han acompañado a las víctimas de esa guerra, muchas de ellas ancianos ya y que han esperado más de 40 años para saber la verdad de los hechos, obtener justicia y reparación, según han comentado a EFE activistas de derechos humanos.
La directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Gabriela Santos, lamentó en una conversación con EFE que «la impunidad del pasado se sume a la impunidad del presente» y que las víctimas de la guerra «no sean puestas en el centro de la actividad gubernamental».
Una de las primeras acciones de Bukele al llegar al Ejecutivo en 2019 fue ordenar el retiro del nombre del teniente coronel José Domingo Monterrosa, vinculado a la masacre El Mozote en 1981 -considerada la mayor masacre de América Latina en tiempos modernos- a la Tercera Brigada de Infantería ubicada en el municipio de San Miguel (este).
Luego se reunió con sobrevivientes y familiares de víctimas de esta masacre, en la que fueron asesinados más de 1.000 civiles entre estos niños, lo que dio esperanza a estas personas pero posteriormente su Ejecutivo negó el acceso a archivos militares relacionados con crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos en el contexto del conflicto.
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Víctimas invisibilizadas
Para Irene Gómez, abogada de justicia transicional de la organización no gubernamental Cristosal, las víctimas del conflicto «han sido y son invisibilizadas».
Existe, según dijo en una conversación con EFE, «un doble discurso» por parte de Bukele y «no es coherente el discurso que tiene con las víctimas».
Gómez señaló que las víctimas «tienen un sentimiento de frustración» porque «han esperado tantos años justicia y una ley de reparación que no llega». Recientemente el Congreso mandó al archivo una propuesta de ley de reparación con lo que el tema queda en el limbo.
Agregó que familiares de estas víctimas han solicitado reunirse con el presidente Bukele, quien resta importancia a la firma de los Acuerdos de Paz (1992), pero «no se tuvo respuesta».
La anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2016 permitió la reapertura de varios procesos penales por violaciones a derechos humanos perpetradas en la guerra civil.
Entre estos casos se encuentran el homicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de El Mozote y el asesinato de seis padres jesuitas (1989).
No obstante, por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purga una pena de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado en España por la matanza de los jesuitas.
La falta de justicia y reparación constituye una violación a derechos humanos, comentó Santos, quien también recordó que sobre Bukele pesan señalamientos de violar derechos con polémicas acciones como el régimen de excepción, implementado por el Gobierno para combatir a las pandillas en una llamada «guerra».
Amnistía Internacional (AI) alertó el pasado marzo de que la crisis de derechos humanos en El Salvador, provocada por la implementación del régimen de excepción, podría profundizarse en el segundo mandato del presidente Bukele.
«La concentración del poder que existe actualmente hace que los derechos humanos no se puedan ejercer correctamente y lo que hemos visto es una regresión en materia de derechos (…) porque en lugar de que el Estado asuma ese rol de protección y de garantía activa de estos derechos, lo que ha sucedido es que el Estado se convierte en agresor activo», señaló la directora del Idhuca.
Añadió que «se ha visto con el pasar del tiempo en cómo el Estado actúa y hace un uso excesivo de la fuerza» lo que indica que «no está en el centro el cuido a las personas, el respeto a los derechos humanos» y que «lo que les importante es la concentración del poder y perpetuarse».
Bukele, próximo a cumplir 43 años, será investido el sábado después de haber ganado su reelección en los comicios de febrero con el 86,4 % de los votos gracias a su alta popularidad por su política de mano dura -una medida adoptada por gobiernos anteriores- contra las pandillas en El Salvador, que es muy criticada sin embargo por organizaciones de derechos humanos.
Para este nuevo período de cinco años (2024-2029) de Bukele, ganado bajo acusaciones opositoras de irregularidades en las elecciones y gracias a un cambio de criterio de los magistrados de la Sala de lo Constitucional puestos por su partido Nuevas Ideas (NI), analistas prevén que se consolide un modelo de «control absoluto».
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