Caracas, 23 ago (EFE).- Las sanciones internacionales contra Venezuela obstaculizan la exploración y la producción de gas en el país, que cuenta con la octava reserva gasífera del mundo y busca certificar mayores provisiones, aseguró este miércoles el ministro de Petróleo, Rafael Tellechea.
«Estamos en el top cinco de países que deben (deberían) concentrar el 93 % de la inversión en ‘upstream’ (exploración y producción) en nuestra región, una potencialidad obstaculizada por las sanciones», escribió el también presidente de la estatal petrolera Pdvsa en su cuenta de X (antes Twitter).
En este sentido, el funcionario señaló que un informe del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), que recientemente fortaleció alianzas con el país caribeño durante una visita de una delegación a Caracas, «destaca la proyección de Venezuela como polo gasífero de relevancia».
Venezuela cuenta con «significativas» reservas de gas, que ascienden a 196 billones de «pies cúbicos normales», lo que ubica al país sudamericano «entre los diez primeros a escala mundial», según una imagen compartida por Tellechea.
Actualmente, la nación «se encuentra en proceso de certificación de sus reservas gasíferas», que podrían situarse en el «cuarto lugar» en el mundo, según «observaciones preliminares», según Pdvsa.
El pasado abril, el mandatario Nicolás Maduro recibió, en Caracas, al secretario general del FPEG, Mohamed Hamel, para «fortalecer alianzas internacionales» en materia de producción de gas.
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Según el canal estatal VTV, que transmitió entonces imágenes del encuentro, en esta reunión el Gobierno ratificó que «está de puertas abiertas a establecer relaciones de cooperación y de comercialización» en materia de hidrocarburos, a través de Pdvsa, «con organismos mundiales».
El Ejecutivo, analistas, empresarios, opositores y varias ONG piden el levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre la nación, especialmente las impuestas por Estados Unidos contra la industria petrolera, la principal fuente de riquezas del país sudamericano.
Según el Gobierno, más de 900 medidas coercitivas unilaterales han sido impuestas sobre el país desde 2015, la mayoría de ellas de carácter individual contra funcionarios acusados de perjudicar la democracia en el país.
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