Caracas, 16 may (EFE).- Las prestaciones sociales corren el riesgo de «desaparecer» en Venezuela como «figura de protección», de mantenerse la política salarial del Gobierno, que consiste en pagar bonificaciones extras, mientras deja congelado el sueldo mínimo, la base del cálculo para las cesantías (desempleo) y otros beneficios, según académicos y trabajadores.
A pesar de las miles de protestas en los últimos meses para exigir una mejora salarial, Nicolás Maduro anunció el pago de dos bonificaciones que suman 70 dólares al mes, mientras que el sueldo mínimo quedó en 130 bolívares, monto que se mantiene desde marzo de 2022, cuando equivalía a 29,68 dólares, que se ha reducido un 82 % hasta los 5,10 dólares actuales, por la devaluación.
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) y miembro de la Red Sindical Venezolana, Pablo Zambrano, dijo a EFE que la política oficial, que considera «de precarización del salario», afecta a «todas las cláusulas» de los contratos relacionadas con beneficios laborales.
«Si no hay salario, tú no puedes tener prestaciones sociales (…) igualmente, no hay pensiones ni jubilaciones dignas, no tienes (un) contrato colectivo justo. Si no hay salario, tú no puedes dignificar a tu familia», aseguró el sindicalista.
UN PAÍS «SIN SALARIO»
Para Zambrano, «no hay un salario» como el que establece la Constitución, según la cual «tiene que ser digno y suficiente» para, «mínimo, comer», lo que considera una de las principales causas de la diáspora, cifrada en más de siete millones de personas, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
El dirigente sindical señaló que esta política empezó en 2018, desde cuando algunas «cláusulas, como (la que establece la prima mensual para pagar) el transporte, que eran históricas, fueron eliminadas», mientras que otras fueron «porcentualmente bajadas», lo que representó «un atentado contra los derechos» de los trabajadores.
El Gobierno también ha reducido la frecuencia de los aumentos del salario, que mantiene congelado para que, a juicio de Zambrano, «no (se) generen prestaciones sociales».
Los trabajadores, agregó, piden un sueldo indexado al dólar para que no pierda valor por la devaluación -que ha sido de un 83 % desde marzo de 2022 frente a esta divisa- y para que los beneficios «se conviertan en el verdadero ahorro familiar», con los que se «pueda vivir con dignidad», algo que seguirán exigiendo «en las calles».
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de las 2.814 protestas documentadas durante los primeros tres meses de este año, 2.165 fueron para exigir derechos laborales, un aumento del 209 % respecto al mismo período de 2022, cuando hubo 700 manifestaciones.
La presidenta de la Federación de Maestros (FVM), Carmen Márquez, rechazó, recientemente, que el mandatario no haya aprobado «el aumento salarial del sueldo mínimo» que «esperaban todos los trabajadores», sino que «se basó en dar unas bonificaciones que no les permiten realmente sobrevivir», cuando la canasta alimentaria supera los 500 dólares, según estimaciones independientes.
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EN RIESGO
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) advirtió que la decisión de mantener el salario mínimo congelado compromete «gravemente» la «existencia del sistema de protección social en Venezuela, ya muy frágil».
«En la medida que la moneda soberana, el bolívar, se siga debilitando frente a otros activos monetarios, el poder de compra del salario mínimo (que sigue marcado en bolívares), como su expresión en otras monedas, se irá reduciendo», dijo.
Esto «conducirá, eventualmente, a la desaparición del salario mínimo como figura de protección», así como también «de las pensiones, un beneficio que por ley se otorga en montos iguales al salario mínimo», las pagas extra y la «indemnización por cesantía».
El Gobierno, por su parte, ha insistido en que las sanciones internacionales afectan a la capacidad de pagar mejores salarios.
Maduro aseguró que está en desarrollo una «estrategia» que consiste en «ir incrementando» esos bonos para avanzar, en «los meses que están por venir», y prepararse para el momento en el que el Gobierno cuente con «los ingresos nacionales para dar un golpe definitivo en la recuperación del salario y de los ingresos globales de los trabajadores».
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