Caracas, 4 may (EFE).- Informan allí donde escasean las fuentes oficiales, atienden a enfermos, a presos o, simplemente, velan por los derechos humanos de los venezolanos. Las ONG se han convertido en un escalón fundamental de la sociedad, pero el oficialismo las persigue, insinúa que tienen vínculos terroristas y estudia una normativa que consideran inasumible.
«Pareciera que en Venezuela, cada vez más, ser solidario se convierte en un factor de riesgo», explica a Efe Marino Alvarado, miembro de Provea, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.
UNA PROVIDENCIA, «UNA AMENAZA»
Esa nueva regla que el Gobierno les impone a las ONG, y que estas consideran una amenaza, es una providencia administrativa que, entre otras cosas, crea un registro unificado ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
Frente a ello, Alvarado denuncia que esta resolución, al ser emitida por esa oficina, «deja en la responsabilidad» de las personas jurídicas, naturales u organizaciones demostrar que no están «involucradas ni en la promoción ni en actividades de delincuencia organizada ni de terrorismo».
«Es decir, aquí la presunción no es de inocencia, sino de culpabilidad, y les corresponde a las personas naturales y jurídicas demostrar que no tiene ningún tipo de vínculos con actividades terroristas o delincuencia organizada», subraya.
Sin embargo, considera que esta normativa es «la continuidad de una política que se ha planteado» y que implica «ir cerrándole espacios a organizaciones de la sociedad civil que reivindican su autonomía frente al Estado».
Esa política, para el activista de Provea, comenzó hace dos años «con obstáculos para el registro de nuevas organizaciones, después, impidiendo que organizaciones puedan registrar las actas de asambleas y el cambio en sus directivas» o planteando «a los bancos que deberían controlar y vigilar las cuentas» de las ONG.
«Y esta (última) resolución no solamente tiene que ver con buscar un control mayor del tema financiero de la cooperación que se recibe y el uso de esa cooperación, sino también de quienes son los beneficiarios», sostiene.
Ahí recae una de las principales críticas de las organizaciones ya que, conforme a esa normativa, deberán informar a quienes prestan ayudan y Alvarado comenta que en Venezuela hay «una amplia experiencia de discriminación por razones políticas», por lo que considera que dar los nombres «implicaría un riesgo».
Con ese registro, cree que se puede exponer «a personas que aparezcan como beneficiarias de organizaciones que el Gobierno puede calificar como enemigas».
Frente a esa situación, se expondrán a sanciones, pero no darán los datos.
UNA FUENTE CLAVE EN MEDIO DEL CONFLICTO
Si una organización ha ganado impacto en Venezuela en el 2021 es Fundaredes, también dedicada a la defensa de los derechos humanos en el fronterizo estado Táchira pero que cada vez tiene más presencia en todo el país.
Gracias a sus trabajadores sobre el terreno, se convirtieron en una fuente clave para conocer lo que sucedía en el también limítrofe estado Apure, donde el pasado 21 de marzo estallaron combates entre militares y disidentes de las FARC que no han concluido.
Desde entonces, las fuentes oficiales y castrenses han dado datos a cuentagotas y ha sido Fundaredes la que ha informado a quién combaten, qué cuerpos están involucrados en los enfrentamientos y ha recogido diferentes denuncias de ejecuciones extrajudiciales y actuaciones ilegales.
«Las ONG se convierten en un elemento principal por la imposición del miedo como política, por la arbitrariedad que hay en el país (se) han cerrado liderazgos, sectores, gremios, colegios de profesionales, sindicatos o partidos», explica el director de Fundaredes, Javier Tarazona.
Para el activista, las asociaciones suponen «una acción transversal, emergente de la sociedad civil como respuesta a la crisis» que vive el país y no duda en afirmar que, por eso, «hoy están en la mira de quienes ostentan el poder en Venezuela».
Tarazona y Fundaredes, al igual que Alvarado y Provea, son con frecuencia señalados por el oficialismo y, especialmente, por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa semanal «Con el mazo dando».
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El coordinador de Fundaredes explica que esas acusaciones no son inocuas, pues, cuando sucede, «el nivel de hostigamiento aumenta».
«Yo he contabilizado, solo contra mi integridad, en los últimos diez años, más de 15 atentados que no son públicos, que por la propia seguridad no decimos», asegura.
Como en Provea, Tarazona explica que en Fundaredes están «negados a exponer a las víctimas» dando sus datos.
«Es un compromiso de vida, es un compromiso de códigos superiores a una legislación o sublegislación», explica.
Sin embargo, son conscientes de que si no facilitan esa información se exponen a sanciones y detalla que entonces se cerraría una ventana, puesto que han informado al mundo de la presencia de grupos armados en el país, entre otros asuntos, y sus reportes han llegado ante la Justicia internacional.
Es una decisión -«nos negamos a ser los sapos (soplones)»- que les expone a una posible desaparición, lo que cerraría una ventana de información, de denuncia y de atención a la salud o protección de los derechos de millones de venezolanos.
