Desde sus inicios, la oposición venezolana, mayoritaria por lo menos hasta hace poco, decidió sus rumbos políticos y electorales basada en sus deseos y no en las condiciones reales existentes para la consecución de estos. El voluntarismo y el inmediatismo han caracterizado la conducta de esta oposición en estos largos 20 años. Su inatención a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, el paro general de 2001, el golpe de Estado de 2002, el sabotaje petrolero de 2002-2003, la abstención electoral de 2005, estuvieron entre sus primeros gravísimos errores.
Lejos de dedicarse a crear las condiciones para derrotar electoralmente al gobierno, en unos momentos en que eso era mucho más fácil que hoy, siempre buscó atajos que demostraron ser contraproducentes para sus políticas de recuperar el poder. Políticos supuestamente experimentados, como los de Acción Democrática, Bandera Roja, Causa R, COPEI, se comportaron como gente inmadura en el análisis de las situaciones existentes, siempre tratando de forzar acontecimientos que nunca fueron exitosos.
Y parece que poco o nada ha cambiado en este aspecto luego de todos estos años. En este momento, esa oposición se debate en una discusión sobre unas fantasías, que para cualquier persona medio pensante son totalmente absurdas. Han puesto sus esperanzas en una serie de acontecimientos, que supuestamente pueden desprenderse del inicio del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional, el 5 de enero venidero, y de la toma de posesión del presidente Maduro cinco días después. En ambos casos, sus decisiones están muy amarradas a todo lo que han hecho interna y externamente hasta hoy.
Se dedicaron, como centro de su política, a deslegitimar las elecciones de alcaldes, concejos municipales y, sobre todo, las presidenciales de mayo pasado. Impulsaron el desconocimiento de lo que llaman la “comunidad internacional” de todos esos procesos, por lo que ahora tienen que seguir esa línea, so pena de ser el hazmerreír del mundo entero y de terminar de perder la poca credibilidad que tienen en el ámbito internacional. Esta absurda posición conduce además a dificultar en grado sumo la unidad opositora, pues otra parte de la oposición rechazó aquellos argumentos y el llamado a abstención efectuado. ¿Cómo hace Henri Falcón, por ejemplo, para no reconocer al Presidente electo en mayo si se midió con él en esas elecciones?
Desconocer la elección de Nicolás Maduro equivale a retroceder tres años en la política y volvernos a situar en enero de 2016, cuando se trazó como hoja de ruta la salida de Maduro de la Presidencia en el lapso de 6 meses. Pareciera que no se ha recorrido un camino tortuoso, trágico y lleno de errores en este sentido, como para volver a colocar el norte de la acción en sueños y ficciones. Desconocer a Maduro no significa nada si no se tiene el poder para ejecutar esta decisión. Y ese poder no se tiene ni interna ni externamente. Es repetir lo mismo que se hizo, sin ningún efecto, cuando se dijo que Maduro no era Presidente porque tenía doble nacionalidad, cuando se declaró el abandono de cargo del Presidente y cuando finalmente se lo destituyó. Ninguna de esas decisiones pudo ejecutarse. ¿Cómo ahora se pretende repetir lo mismo? ¡Increíble!
Algunos, sin embargo, pudieran tener una agenda oculta, para la cual el desconocimiento de la existencia de Presidente pudiera tener sentido. No olvidemos la denuncia efectuada por Maduro, sobre el entrenamiento de unos 700 combatientes en una base colombiana cercana a la frontera con Amazonas. Esta fuerza, preparada y armada por el gobierno del vecino país, pudiera ser utilizada para acciones militares en nuestro territorio, que en algún momento podrían generar una desestabilización interna importante, con el consiguiente pronunciamiento militar contrario a la permanencia de Maduro en el poder. Otro desenlace pudiera ser que en los combates y las persecuciones, se produzcan enfrentamientos con el ejército colombiano que obliguen a la necesidad de que una fuerza de paz o algo similar intervenga en nuestro territorio.
Esta última nos conduciría a una situación peor que todas las existentes hasta ahora y debería ser rechazada vehementemente por los sectores patriotas. La oposición democrática en la Asamblea Nacional debería aislar al extremismo violento intervencionista. Así mismo, debería asumir su función política de ser el centro del debate y las deliberaciones y reconquistar su autonomía y sus funciones mediante una negociación audaz con el Ejecutivo Nacional. Ese es el camino, no otro.
La Razón, pp A-, 30-12-2018, Caracas; Continuidad y Cambio, año, 7, Nº 113, pp 2-3, diciembre 2018