El Táchira asediado por 90 alcabalas instaladas en la región, fue la denuncia que este viernes hizo Javier Tarazona desde un punto de control. Dijo que estos puestos con presencia de funcionarios de seguridad sirven para la extorsión y el financiamiento de estos cuerpos del Estado y de los grupos irregulares.
El tema irrita y afecta al tachirense común, porque debe obedecer órdenes irracionales de los uniformados de las fuerzas de seguridad que instalan alcabalas a lo largo de toda la región y obligan a desviarse y dar vueltas al conductor, lo que agota sus tanques de gasolina, pero de acuerdo al presidente de la ONGs, Fundaredes, Javier Tarazona, esa no es toda su afectación al tachirense, también algunos de estos puntos son controlados por grupos subversivos colombianos.
Estos puntos de control se convirtieron en una herramienta de control social, dijo, “usan como excusa la pandemia, para vulnerar los derechos a los ciudadanos”. Afirmó, que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus frentes 1, 3, 21, y 33 tienen al menos 5 alcabalas instaladas en el Táchira, mientras que las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen 4 de estos puntos”.
10 dólares cobran
Los pagos a los que obligan a los ciudadanos por permitirles el paso en estas alcabalas son onerosos, de acuerdo a Tarazona, “según los testimonios documentados por FundaRedes las personas deben cancelar alrededor de 10 dólares americanos para poder ingresar o salir del Táchira, de los cuales 5 son para los cuerpos de seguridad (PNB, Politáchira, GNB, Cicpc, Ejército, Policía Municipal, e incluso el Saime), y 5 son para los grupos armados irregulares”.
Solo en el municipio San Cristóbal, capital del Táchira, Fundaredes contó más de 30 puestos ilegales que impiden a los ciudadanos movilizarse. El sancristobalense, testimonió el presidente de Fundaredes, no puede cumplir actividades cotidianas y necesarias como la compra de alimentos y medicamentos, o acudir a sus lugares de trabajo.
“El pote lo hacen por orden de superiores”
En la frontera la situación es igual o peor, según Tarazona en el municipio Bolívar, fronterizo con Colombia, existen cerca de 10 alcabalas, “Los efectivos de diversos organismos de seguridad reciben órdenes de sus superiores de recoger un pote en cada alcabala, quitándole dinero a los ciudadanos. Y ocurre, porque incluso los uniformados son parte de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela”.
Destacó el defensor de los derechos humanos que un funcionario de seguridad de Venezuela debe subsistir con sueldos de 5 millones de bolívares, equivalente a menos de 3 dólares mensuales, “no alcanzan a adquirir ni dos Harina Pan, por eso se dedican a extorsionar a las personas”, afirmó Tarazona.
“Hasta los caminantes son extorsionados”
No solo quien circula en carro y debe pasar por las alcabalas es extorsionado, según denuncias e investigaciones realizadas por el equipo que encabeza Javier Tarazona, los migrantes forzados, que en su mayoría se desplazan caminando desde el centro y el oriente del país hacia la frontera, también son víctimas del cobro, y sin importar las condiciones en las que se movilizan sin ningún recurso, los funcionarios les quitan lo poco que llevan en sus equipajes o en efectivo para permitirles pasar”.
Los motorizados son víctimas constantes, “trabajan en diversas actividades económicas y a diario son amenazados para poder quitarles dinero en las intersecciones puestas por los uniformados”.
Denunció también la situación de los productores agropecuarios del Táchira, quienes deben dejar parte de sus cargas en las alcabalas o pagar altos montos en dólares para poder avanzar, lo cual termina impactando en el costo final de los productos.
Tarazona aseguró que la disposición de mantener una restricción para el ingreso del transporte público al Táchira, también es inconstitucional y fue denunciada al igual que la colocación de los puntos de control.
El llamado contundente a defender derechos fundamentales de los tachirenses y venezolanos que vienen a la región, lo hizo Javier Tarazona a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Ministerio Público, “quienes deben actuar frente a tanta ilegalidad pues todas estas medidas solo han servido para violar los derechos ciudadanos”.