Caracas, 4 may (EFE).- Las vejaciones, amenazas, y maltrato psicológico y físico son las principales agresiones que sufren, según la ONG Provea, las líderes venezolanas que encabezan reclamos sociales y políticos, y son impactadas de «forma diferenciada» por la represión en Venezuela donde, solo en el primer trimestre de 2023, protagonizaron más de 2.000 manifestaciones.
Los datos más recientes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) confirman la alta participación de mujeres en reclamos sociales y activismo político al detallar que han encabezado, al menos, 2.473 protestas de las 2.814 documentadas durante los primeros tres meses de 2023.
Por su parte, el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), que ha acompañado a organizaciones de mujeres activistas y sindicalistas, señala en su informe anual sobre represión contra líderes sociales y políticas, que igual que los hombres, son víctimas de violencia, pero con un «impacto diferenciado» cargado de «actitudes discriminatorias».
La coordinadora de Educación de Odevida, Maritza Acuña, explicó a EFE que, pese a las complicaciones para documentar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que ejercen roles protagónicos en reclamos colectivos, el observatorio ha constatado que hay, además, un impacto en las víctimas de agresiones que recae también en su entorno familiar.
AGRESIONES DIFERENCIADAS, DISTINTAS CONSECUENCIAS
Para Acuña, las agresiones que marcan un impacto diferente y particular en las líderes femeninas son «el abuso generado en el sentido del cuerpo, del maltrato, del manoseo (…) el amenazar con el entorno familiar, buscar debilidad en torno a los sentimientos (…) buscan quebrarlas».
Odevida destaca como ejemplo de estas agresiones la documentación de la Misión de Determinación de Hechos de ONU en Venezuela de casos «en los que las mujeres detenidas son obligadas por funcionarios del Estado a mantener relaciones sexuales a cambio de bienes y privilegios. Estas mujeres no tienen acceso a salud sexual y reproductiva, exámenes médicos ni anticonceptivos».
Estos hechos, explicó la especialista, inciden en la participación de las mujeres en política y acontecimientos sociales, pues muchas están solas con la carga familiar y evitan poner en riesgo a sus seres queridos.
«Lamentablemente, eso trae consecuencias. Es que uno (la mujer) se retira, uno empieza a resguardarse, uno empieza a disminuir su participación, inclusive con miedo a hablar, con el miedo a comentar qué es lo que está pasando, porque sabe que después de eso lo que viene es la cárcel, la persecución o el hostigamiento», señaló.
MUJERES PERSEGUIDAS
En 2022, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó 523 casos de persecución y criminalización, de los cuales 78 tuvieron como víctimas a mujeres, cinco más que en 2021, cuando se computaron 73.
Diannet Blanco, activista y defensora de derechos humanos forma parte de esta lista. En mayo de 2017, fue detenida y estuvo encarcelada durante un año y tres meses bajo la acusación de «traición a la patria y usurpación de uso de prendas militares», delitos rechazados por ONG.
Ahora es «acosada y vigilada» por defender los derechos de su esposo, el sindicalista Daniel Blanco, detenido desde julio de 2022 y acusado de conspiración y asociación para delinquir.
Blanco aseguró, en declaraciones a EFE, que durante su detención, vivió abusos que ahora no padece su pareja, y detalló que en el caso de las mujeres, las autoridades se basan en el estereotipo de la fragilidad femenina para «quebrarlas» mediante abusos que calan en la voluntad de seguir defendiendo sus derechos.
Explicó, además, que no le permitían «el acceso al sol, las visitas de sus familiares, ni acceder a medicinas cuando estuvo enferma de bronquitis.
«En el caso de mi esposo, él ha estado enfermo y sí ha sido posible llevarle las medicinas (…) no he tenido problemas en cuanto a visitarlo y eso es una gran diferencia», dijo.
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Actualmente, Diannet está libre de cargos pero asegura que sigue viviendo episodios de «persecución» y «vigilancia» por parte de presuntos agentes del Estado que la fotografían y graban cuando realiza sus labores de activismo.
Este caso, subrayó Acuña, es una muestra de las agresiones contra líderes mujeres que luchan por derechos civiles y políticos y terminan siendo blanco de la represión.
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