Caracas, 9 may (EFE).- En Venezuela la cantidad de políticos inhabilitados para ejercer cargos públicos va en aumento, con la más reciente decisión de la Contraloría General de aplicar esta sanción a cinco opositores, una acción que el chavismo defiende al pedir una «acción penal», pero que es considerada por el abogado Juan Carlos Apitz como un acto que afecta el sistema democrático.
«Quién se resiente aquí (…) el sistema democrático, porque el sistema democrático descansa, entre otras cosas, en el voto, en la participación en los temas públicos», dijo a EFE el también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
A su juicio, la Contraloría General se está excediendo en sus competencias al castigar a dirigentes con inhabilitaciones, a pesar de que el artículo 105 de la ley que rige las competencias de dicho organismo lo faculta para aplicar esta sanción por un máximo de 15 años.
«Ese articulado que lo permite no es de ahora. En otras leyes anteriores al año 2000 ya existía, lo que pasa es que nunca se había utilizado porque siempre ha habido la sospecha fundada de que se trate de un artículo inconstitucional, porque inhabilitar políticamente es arrancarle los derechos políticos a un ciudadano«, explicó.
El artículo 65 de la Constitución establece que no podrán optar a cargos públicos quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten al patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.
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Acción penal de acompañamiento
La Contraloría General inhabilitó a cinco opositores recientemente, entre ellos dos alcaldes, para ejercer «cualquier cargo» público por 15 años, así como a otro antichavista por un período de 12 meses, según se puede constatar en la página web de la institución.
Los sancionados son los alcaldes del municipio El Hatillo (estado Mirante, norte), Elías Sayegh, y de Los Salias (Miranda), José Fernández, el exdiputado Tomás Guanipa, el exalcalde Carlos Ocariz, mientras que el exparlamentario Juan Carlos Caldera está inhabilitado por 12 meses.
Hasta el momento, la Contraloría no ha hecho públicas las resoluciones que expliquen los motivos de estas inhabilitaciones.
Esta acción es apoyada por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien pidió, recientemente, una «acción penal de acompañamiento» para estos antichavistas a los que acusó de delitos de corrupción.
«Que esa inhabilitación administrativa ahora esté acompañada del ejercicio de la justicia penal. Esa plata es de los venezolanos. Son unos corruptos (…) entregaron Citgo (…) entregaron nuestro oro a cambio de que les dieran una comisión (…) que paguen y devuelvan todo lo que tengan que devolver (…) es un peligro para las finanzas públicas», dijo Cabello.
El fiscal general, Tarek William Saab, relacionó a Ocariz con una «conspiración política» en el caso Pdvsa-Cripto, en el que, desde marzo de 2023, se desarticuló «una red de altos funcionarios, muchos de ellos presidentes filiales de Pdvsa, quienes luego de ser detenidos declararon cómo utilizaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales».
Una «epidemia»
El abogado Juan Carlos Apitz reiteró que las inhabilitaciones políticas tienen que ser la consecuencia de una sentencia de un tribunal que condena a un funcionario por manejos irregulares de fondos públicos.
«Uno ve la cantidad de inhabilitados que hay en Venezuela y uno dice: aquí hay una situación irregular, que es casi una epidemia», añadió.
El decano llamó la atención sobre cómo la mayoría de los inhabilitados son antichavistas, por lo que considera que «son razones políticas las que llevan a inhabilitar para sacar del medio» a estas personas.
Apitz explicó que la Contraloría debe revisar las cuentas entregadas por los funcionarios y, si detecta una irregularidad, remitir el expediente a la Fiscalía para que, si lo considera conveniente, comience una acción penal.
«Eso no lo puede hacer la Contraloría sola, el tribunal es donde se tiene que discutir y permitirse el derecho a la defensa», sostuvo.
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