Bruselas, 19 ene (EFE).- Las grandes compañías tecnológicas acumulan un poder político y económico sin precedentes que la Unión Europea (UE) se ha propuesto regular a través de dos leyes, pero las digitales invierten millones en presionar para subvertir dicha legislación a su favor.
Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple gastaron más de 19 millones de euros en «lobbies» en 2019, según declararon en el registro de transparencia de la UE y recogió Integrity Watch.
Las tecnológicas de Silicon Valley han tejido una red de influencia en Bruselas, nicho de más de 12.000 «lobbies», que duplica el gasto que invierten en cabildeo los siete principales fabricantes de coches en Europa y que encabeza Google, que entre 2018 y 2019 invirtió casi 14 millones de euros en estas actividades.
Unos meses antes de que la Comisión Europea (CE) diera a conocer su propuesta sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), se filtró el plan que el buscador ideó para socavar la nueva normativa europea.
«La estrategia de ‘lobby’ de Google filtrada muestra que los gigantes de la tecnología planean enfrentar a los comisarios entre sí», cuenta a Efe en una entrevista por escrito el investigador de LobbyControl Max Bank.
En dicho documento, el jefe de la cartera de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, era mencionado explícitamente como un objetivo de Google, ya que el dirigente se mostró muy crítico públicamente con el poder de las plataformas digitales.
La estrategia revelaba además cómo Google utilizaría su plataforma de Youtube y su motor de búsqueda para «difundir narraciones a los usuarios de sus servicios con el objetivo de movilizar a la opinión pública contra una regulación más estricta», explica Bank.
¿CÓMO PRESIONAN LAS TECNOLÓGICAS?
El experto alerta de que las empresas tecnológicas presionan de una forma «muy agresiva» y «poco transparente», en parte por su colaboración con laboratorios de ideas, a los que financia por su reputación de independientes para que asuman su misma posición.
Dan dinero o son miembros de estos centros de investigaciones para que su mensaje se difunda como «independiente o respetable», señala la investigadora de Corporate Europe Observatory (CEO) Margarida Silva, quien destaca el dinero que Google, Facebook y compañía pueden perder si no ejercen esa presión.
«No hablan de cómo la regulación les perjudica a ellos, sino de cómo llevará a una pérdida para toda la economía europea», puntualiza.
Entre los laboratorios de ideas que nombra la filtración de Google destaca el Centro Europeo para la Economía Política Internacional (ECIPE en sus siglas en inglés) que antes del 15 de diciembre, cuando la CE hizo públicas sus propuestas regulatorias, publicó un informe a favor de las tecnológicas.
El estudio advertía que la Ley de Servicios Digitales supondría un perjuicio «de unos 85.000 millones de euros en el PIB y 101.000 millones de euros en la pérdida de bienestar de los consumidores».
El coordinador de Integridad Política de la UE de Transparencia Internacional, Vitor Teixeira, matiza que todo aquel que se vea afectado por la legislación europea «tiene derecho» a manifestar su opinión.
El problema radica, según él, en la descompensación entre las organizaciones: «cuanto más dinero tenga una multinacional, más reuniones podrá mantener y, por ende, más podrá influir».
«También ayuda que tengan más reuniones, el hecho de contratar gente que ha trabajado o tiene amigos en las instituciones», observa Teixeira.
Sin ir más lejos, la ahora responsable de Facebook en Bruselas, Aura Salla, trabajó previamente en el Ejecutivo comunitario como asesora de Política Exterior y como miembro del gabinete del vicepresidente Jyrki Katainen durante el mandato de Jean-Claude Juncker.
FALTA DE TRANSPARENCIA
A finales de 2020, las tres instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento) acordaron cambiar el registro de transparencia, una base de datos en la que figuran las organizaciones que tratan de influir en el proceso legislativo y en la aplicación de políticas de la UE.
Teixeira formó parte de las negociaciones, que comenzaron hace cinco años, para mejorar un registro que actualmente es voluntario y cuenta con muy poco personal para comprobar el gasto real de los grupos de presión.
«Se nos prometió que el registro sería obligatorio y no han cumplido», lamenta Teixeira, quien considera indispensable registrarse para mantener reuniones con los políticos y comprobar si la información proporcionada por las empresas es verdadera.
El responsable de Transparencia Internacional en Bruselas echa en falta «más proactividad» por parte de los dirigentes públicos, que deben atender a todas las organizaciones independientemente del interés que representen.
En esta misma línea se expresa Bank, quien considera que «los políticos de la UE no deben seguir solo el consejo unilateral de un ‘lobby’ masivo y falto de transparencia de la gran tecnología».
Subraya que, en un proceso legislativo tan importante como la DSA, «todas las voces deben ser escuchadas», poniendo especial atención a «las que representan verdaderamente el interés público».
Por su parte, Silva añade que si una multinacional acumula tanto poder para «influir potencialmente en la política» puede conllevar a una «distorsión del proceso democrático» con la aprobación de políticas «que no protegen el interés de todos» y conducen a la injusticia social o desigualdad económica.
La aprobación definitiva de la Ley de Servicios Digitales, creada para mejorar la responsabilidad, transparencia y control de las acciones de las plataformas, está prevista para dentro de dos años. Hasta entonces, las grandes tecnológicas tienen margen de maniobra para seguir influyendo en su redacción.
Clara Gámez