Bogotá, 8 may (EFE).- Los colombianos salieron este sábado de nuevo a la calle, en la onceava jornada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, mientras el país sigue afectado por los bloqueos de vías e inmerso en el debate sobre la violencia policial y la necesidad de una reforma para evitar más asesinatos y abusos.
Las protestas, que volvieron a tomar múltiples calles de las ciudades de forma pacífica, marcharon a ritmo de cumbia en Bogotá, con jóvenes usando el arte como forma de expresión.
Los manifestantes, en su inmensa mayoría jóvenes, salen, como cada día, en protestas improvisadas y organizadas la jornada anterior, que ya dejan ver el cansancio de once días de movilizaciones sociales que comenzaron pidiendo la caída de la ya retirada reforma tributaria, pero que ahora han abierto el abanico a muchas otras demandas que incluyen la caída del Gobierno de Duque y acabar con la brutalidad policial.
A pesar de este desgaste, los protestantes siguen mostrando fuerza e imaginación, y hoy, un grupo de ellos en Bogotá, bloquearon una de las calles con sus cuerpos tumbados y tapados con sábanas blancas por los que han perdido la vida en estos días de manifestaciones.
VUELVE LA VIOLENCIA A LAS CALLES
Tras dos días sin ningún reporte de muertos o asesinados en las protestas, anoche se vivió una noche de nuevo gris, con episodios de violencia en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas, y en Pereira (oeste).
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En esta última, capital del departamento de Risaralda, se volvieron a vivir escenas de disparos de civiles armados a protestantes pacíficos, en episodios que a algunos les recuerdan al paramilitarismo colombiano.
Héctor Fabio Morales, un joven colombiano de 24 años, murió después de ser atacado en la zona del Museo del Arte, donde se desarrollaba una protesta, con arma de fuego por supuestos civiles, que le hirieron de forma letal en la cabeza.
Algo similar ocurrió en la noche del 5 de mayo, cuando varios hombres armados salieron de un vehículo, dispararon contra un grupo de protestantes e hirieron de gravedad a Andrés Felipe Castaño, quien ha conseguido despertar en el hospital, y Lucas Villa, que se encuentra en una situación crítica y con pronóstico reservado, después de recibir hasta ocho disparos en el cráneo.
En Cali, también se vivieron episodios similares después de que varias personas que iban en un coche de alta gama abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en el sector de La Luna, en el centro de la ciudad, hiriendo a al menos dos personas, una de ellas de gravedad.
Al menos 27 personas han muerto durante las jornadas, según informaron el viernes la Fiscalía y la Defensoría en un documento en el que aclararon que de esos fallecimientos 11 están ligados directamente con los hechos, siete están «en verificación» y hay nueve que no tienen relación con las protestas.
Sin embargo, la ONG Temblores ha documentado 37 víctimas mortales, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 26 víctimas de agresión ocular, 234 casos de violencia física y 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 11 personas.
También hay 548 personas desaparecidas, de las cuales 189 han sido ubicadas, mientras que 359 casos continúan en proceso de verificación, según el último reporte de la Defensoría.
REFORMA POLICIAL
Por estas cifras, que han superado a las de las protestas de septiembre de 2020 y noviembre de 2019, en muchos sectores de la sociedad claman por una reforma de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fuerzas muy militarizadas y que dependen del Ministerio de Defensa, mientras el Gobierno sigue sin reconocer la mayoría de abusos cometidos.
«La fuerza pública no ha recibido ni un solo llamado de atención por parte del liderazgo civil, ni el ministro, ni el presidente ni ningún miembro del Gobierno ha hecho el más mínimo esfuerzo por salir a decirles que las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones no están incluidas en el protocolo del manejo de la protesta y no se pueden hacer, que son abiertamente violatorias a los derechos humanos», explicó a Efe la analista Sandra Borda.
El Gobierno sigue enarbolando el discurso de que detrás de los disturbios que se han producido en algunas ciudades están grupos criminales e incluso bandas armadas como el ELN o las disidencias de las FARC, que «lo único que hacen es crear una condición de permisibilidad para la violación de los derechos de la gente que se está manifestando», dijo.
Por el otro lado, los jóvenes que están en las calles, que proceden en muchas ocasiones de barrios desfavorecidos o de familias que se han visto severamente afectadas por la pandemia, traen una relación muy enturbiada con la Policía, que los acosa en el día a día o incluso les detiene arbitrariamente y les tortura.
«Mientras esa relación entre esos jóvenes y la fuerza pública no se resuelva, básicamente lo que vas a tener es un escenario potencial para ese tipo de enfrentamientos todo el tiempo», consideró la profesora asociada de la Universidad de los Andes, que estima que la fuerza pública se convierte de este modo «en la herramienta para defender el privilegio en vez de la herramienta de protección de la sociedad en general».
