Bogotá, 23 ene (EFE).- El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia ha recibido ya 41 cadáveres, entre ellos un bebé de 19 meses y dos adolescentes de 14 y 16 años, víctimas de la violencia entre guerrillas en el Catatumbo (noreste), que las autoridades calculan que ha dejado entre 60 y 80 muertos.
«Hemos recibido 41 víctimas de homicidio reportadas desde el 15 de enero, y ya a todas se les ha podido hacer la inspección técnica de cadáveres», dijo en una rueda de prensa la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Son cuerpos que han sido llevados a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, y a Ocaña, donde tiene presencia la Fiscalía, pero ante las dificultades de acceso y de seguridad para llegar a las zonas rurales donde tienen lugar los enfrentamientos, las autoridades temen que pueda haber más cadáveres sin recoger.
La situación en el Catatumbo, una región pobre y montañosa de Norte de Santander, en límites con Venezuela y formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es incierta y hace dos días otro firmante de paz fue asesinado en plena calle en Teorama.
De los cuerpos recibidos, 39 ya han sido identificados y 32 entregados a sus familias, detalló el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jorge Arturo Jiménez, quien añadió que hay 39 de sexo masculino y 2 de femenino, así como los 3 menores de edad: el bebé de 19 meses y los adolescentes de 14 y 16 años.
Además, las cifras recopiladas por el Puesto de Mando Unificado hablan de más de 32.000 desplazados por la violencia, sobre todo personas que han llegado a Cúcuta (13.426), Ocaña (10.719) y Tibú (10.422).
Sin embargo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) detalló ayer que del total de 50.000 afectados por la violencia, hay ya 38.419 desplazados y 12.176 confinados.
Dos líneas de investigación
La violencia entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC del Estado Mayor de Bloques (EMB) en el Catatumbo comenzó el jueves pasado, aunque dos días antes se produjo en cercanías de Tibú el asesinato de una familia de tres personas, incluido el bebé, crimen que según el ELN fue uno de los detonantes de los enfrentamientos.
La Fiscalía estudia dos líneas de investigación, según detalló Camargo: enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 con operaciones sostenidas o que se hayan producido, como denuncian muchos organismos, asesinatos de personas seleccionadas por estos grupos.
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Además, ha abierto tres casos matrices: por homicidios, por desplazamiento y afectaciones a líderes y firmantes de paz, pues por el momento la Fiscalía ha reportado que tres desmovilizados por el acuerdo de paz de 2016 han sido asesinados.
Otras autoridades, como la Defensoría del Pueblo, hablan de 6 desmovilizados asesinados y de 7 desaparecidos, de los cuales 2 han sido liberados, además de 102 desplazados.
La Defensoría también informó del secuestro de Álvaro Carrascal, un líder social de Teorama, y del desplazamiento de más de 600 personas de la comunidad indígena yukpa, así como casos de trata en Cúcuta de mujeres procedentes de Tibú.
Golpe a diálogos de paz
El presidente colombiano, Gustavo Petro, considera que la violencia en el Catatumbo es una muestra del «fracaso de la nación» y supone «uno de los hechos más dramáticos» de la historia contemporánea del país.
Petro también declaró el estado de conmoción interior para responder a la crisis humanitaria y, tras acusar al ELN de cometer «crímenes de guerra» con el asesinato de varios firmantes de paz de las FARC en el Catatumbo, suspendió las negociaciones de paz con esa guerrilla, a la que llamó organización «narcoarmada» y prometió «guerra» en su contra.
Tras esos anuncios, la Fiscalía reactivó el miércoles las 31 órdenes de captura contra los negociadores de paz del ELN, entre ellos miembros de su cúpula, como su máximo comandante, alias ‘Antonio García’, y los negociadores ‘Pablo Beltrán’ y ‘Aureliano Carbonell’.
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