La designación de Larry Devoe como fiscal general de la República, aprobada por la Asamblea Nacional el jueves 9 de abril, consolida en el Ministerio Público a una figura cercana a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y con amplia trayectoria dentro del aparato estatal chavista, cuya carrera combina funciones jurídicas, diplomáticas y políticas, pero que también arrastra cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos e instancias internacionales sobre su actuación y su cercanía con el poder.
El nombre de Larry Devoe no resulta ajeno dentro del gobierno oficialista. El abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en 2001 ha ocupado varios cargos estratégicos dentro del Estado y es considerado como un «funcionario de absoluta confianza» de Delcy Rodríguez, de acuerdo con la ONG Provea.
Su formación académica incluye un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, así como otro en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. A esto se suma una especialización en ciencias penales y criminológicas y diplomados en derechos humanos.
Sin embargo, más allá de su perfil técnico, analistas consultados por EFE coinciden en que Devoe ha destacado como un “operador jurídico práctico” del chavismo, capaz de desenvolverse en escenarios complejos tanto en el ámbito nacional como internacional.
Su ascenso al frente de la Fiscalía no fue sorpresivo. Desde el 25 de febrero ya ocupaba el cargo de forma encargada, tras la renuncia de Tarek William Saab, lo que lo posicionó como favorito dentro del proceso de selección controlado por el oficialismo.
Una carrera dentro del Estado chavista
La trayectoria de Devoe refleja una relación sostenida con el chavismo. Inició su carrera en la Defensoría del Pueblo en 2001, donde trabajó hasta 2005, y posteriormente pasó por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde 2014 se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo desde el cual representó al Estado venezolano en foros internacionales y ante organismos multilaterales.
También ocupó posiciones como consultor jurídico de la Vicepresidencia, del Ministerio de Petróleo y directivo del Banco de Venezuela, lo que evidencia su carácter de funcionario “multicargos”, vinculado estrechamente a las estructuras de poder.
En el ámbito internacional, Devoe ha tenido un rol activo como representante del Estado venezolano. Participó como agente alterno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y formó parte de delegaciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
También integró la representación venezolana en las negociaciones de Barbados entre el gobierno y la oposición, así como en la disputa territorial con Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.
En estos espacios, su discurso ha estado alineado con la posición oficial. Devoe ha rechazado reiteradamente las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, asegurando que el sistema de justicia ha investigado los casos y negando la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Cuestionamientos de ONG y organismos internacionales
Ese rol ha sido precisamente el centro de las críticas. Diversas organizaciones no gubernamentales, como Provea, Cepaz y Transparencia Venezuela, han cuestionado su actuación, al considerar que ha minimizado o negado abusos documentados por instancias internacionales.
Durante su gestión en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, Devoe sostuvo que en Venezuela no existían presos políticos y defendió las condiciones de reclusión de figuras opositoras, lo que fue interpretado por sus detractores como una postura alineada con el poder político.
Asimismo, ha rechazado la competencia de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, pese a que este organismo abrió en 2018 una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Las críticas también se extienden a su actitud frente a organismos internacionales. Ha sido señalado por obstaculizar la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país y por adoptar una postura considerada despectiva hacia organizaciones de la sociedad civil.
En 2019, el gobierno de Canadá incluyó a Larry Devoe en una lista de funcionarios sancionados, en el marco de medidas adoptadas por la situación política y de derechos humanos en Venezuela.
Las sanciones implican congelación de bienes en territorio canadiense, restricciones financieras y limitaciones migratorias, lo que refuerza la percepción internacional de su vinculación con prácticas cuestionadas del Estado venezolano.
Reacciones a la designación de Larry Devoe y dudas sobre su independencia
La designación de Larry Devoe ha generado desconfianza en sectores opositores y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan su independencia para ejercer como fiscal general.
Voceros de ONG han advertido que su cercanía con el poder político podría comprometer la autonomía del Ministerio Público, una institución que, según la Constitución, debe actuar sin parcialidad.
Dirigentes opositores, como el líder opositor Juan Pablo Guanipa, han ido más allá, calificándolo como un cómplice de las políticas del chavismo y señalando su silencio ante episodios de represión en el país.
Mientras el oficialismo lo presenta como un funcionario con preparación técnica y experiencia, sus críticos insisten en que su historial compromete la credibilidad de la justicia venezolana.
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