La gobernadora del Táchira pidió averiguar por qué los miembros de la FANB permiten el paso del efectivo por la frontera
La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, propuso que los funcionarios destacados en frontera sean investigados para precisar la fuga de dinero venezolano hacia Colombia.
«Si se tienen que tomar acciones para combatir la ilegalidad de las bandas que manejan el tráfico de billetes en la frontera, empecemos a revisar por qué los billetes llegan al (departamento) Norte de Santander, cuál es la función de los organismos de seguridad y de los que deben brindar soberanía en los puentes, por qué están pasando esos billetes si allí tenemos a la fuerza armada que se debe estar velando para que las bandas delincuenciales no perpetúen estos delitos. Puedo decir que tenemos que revisar a los funcionarios que permiten que este tipo de delitos se materialice» dijo Gómez.
Este martes trascendió que fueron detenidos el destituido registrador principal, Marcos Labrador, y el registrador primero mercantil Franklin Jairrán por investigaciones relacionadas con acciones de registro de compra y venta de vehículos en los concesionarios intervenidos durante la operación Manos de Papel. También fue detenido un ex juez quien ocupó funciones de control en tribunales penales y en la Corte de Apelaciones del Táchira entre 2005 y 2014.
Esta información fue confirmada posteriormente por el designado protector del Táchira Freddy Bernal, quien indicó que Labrador, coordinador de todo el Sistema de Registros y Notarías de la entidad, “estaba al frente de un equipo que se encargaba de registrar vehículos que nunca existieron y de hacer ventas fraudulentas de carros, entre otros delitos. Por ejemplo, en los allanamientos fueron encontrados automóviles que se vendieron 5 veces en un mes pero que nunca cambiaron de dueño, con la finalidad de consolidar la legitimación de capitales”.
Anunció que también fue detenido el director regional del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Carlos Guerrero. Guerrero, Jairrán y Labrador fueron apresados por los delitos de corrupción agravada y asociación para delinquir. Destacó que dicha red mantenía complicidad con algunas estaciones de servicios que les facilitaban el llenado de los tanques de los vehículos para pasarlos a Colombia.
“En principio fueron allanados 23 concesionarios con un saldo de 32 detenidos y 490 vehículos relacionados al contrabando. Ha sido sin duda el golpe más duro que le hemos dado a estos sectores, ya que el ingreso de esta banda por el referido concepto era de 10 millones de dólares al mes y al menos 100 millones de dólares por legitimación de capitales”, dijo Bernal.
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