“La administración pública es una de las principales víctimas de la crisis que estamos viviendo, es una realidad que nos afecta a todos, no solo a quienes tenemos una condición política distinta, es toda la administración pública nacional”
La Gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, acudió este miércoles a la Contraloría General del estado, a fin de presentar su Memoria y Cuenta, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Al inicio del balance de su gestión, destacó la realidad que vive la administración pública a razón de la crisis nacional que tiene Venezuela, resaltando que entre las deficiencias se encuentran presupuestos insuficientes, diáspora de talento humano y profesionales, una devaluación descontrolada que no permite el cumplimiento de metas físicas en los lapsos establecidos, pésimas comunicaciones y movilidad.
“La administración pública es una de las principales víctimas de la crisis que estamos viviendo, es una realidad que nos afecta a todos, no solo a quienes tenemos una condición política distinta, es toda la administración pública nacional”, expresó.
Indicó que en las instancias de la administración pública se padecen las mismas dificultades “no poder ejecutar una nómina para cancelar a tiempo, no poder materializar un presupuesto porque no hay banca o sistema electrónico, y lo vivimos todos los entes de la administración pública, y si hablamos de metas físicas y gastos operativos, estamos en la misma condición”.
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Precisó que no se trata de justificar ni dejar a un lado las responsabilidades que se tienen cuando se asume un cargo público, “no podemos negar que nos golpean situaciones duras que perturban y entorpecen la buena ejecución para cumplir con las metas físicas y dar soluciones oportunas al pueblo”.
Indicó que quienes están al frente de la administración pública es porque tienen aún inmenso compromiso con el pueblo, “necesitamos un cambio social obligado y trascendental, es lo que está esperando esta tierra pujante como lo es el Táchira”.
“Gobernar en tiempos difíciles genera costos políticos muy grandes pero también te permite ser más humano, dar la cara, enfrentar con fortaleza las dificultades y establecer prioridades para dar soluciones a una población que espera una respuesta”, dijo.
Resaltó que la prioridad de su gestión está sustentada en lo social y la salud, “a pesar de nuestros esfuerzos no estamos cumpliendo ni siquiera el 20 por ciento de la demanda social que tenemos. Ningún ente nacional, regional o municipal, tiene el presupuesto para hacerlo”.
Precisó que en momentos de crisis los políticos deben estar preparados para asumir retos, “la historia nos juzgará si lo hicimos bien o mal, eso lo determinará el tiempo, y en nuestro caso estamos haciendo todo por la población”.
Destacó que la administración pública regional depende de un presupuesto nacional para desarrollar políticas públicas cónsonas con la situación, pero a la vista de los ciudadanos está el déficit que afecta la vialidad y demás servicios que debe prestar la gobernación.
Añadió que en este momento se realizan evaluaciones para evitar la fuga de talentos, pero la mandataria asegura estar consciente de que no se trata de buscar un bono o aumentar el sueldo, sino de un cambio estructural que permita a todos los trabajadores recibir una remuneración que valga por su tiempo.
“El problema no es un bono o que suban el sueldo, la solución al problema que se vive en la administración pública venezolana es recuperar el poder adquisitivo que permitan condiciones básicas de vida que actualmente los venezolanos no tienen a ninguna escala”, refirió.
Por su parte, el Contralor del estado Pablo García reiteró que la Memoria y Cuenta de la gestión 2018 de la Gobernación del Táchira, será examinada por un personal profesional, con la finalidad de determinar que los recursos financieros hayan sido destinados en salvaguarda del patrimonio público estadal.
“En mi condición de máxima autoridad de este Órgano de Control Fiscal Externo y su personal, reiteramos a la Administración Pública regional nuestro compromiso que esta actividad de control posterior será realizada por un personal profesional y con estricto apego a los principios de legalidad y transparencia que deben regir sobre la operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y contables”.
Prensa DIRCI//
