Son las 7:30 de la noche y la humilde casa está a oscuras. Como penoso ritual, en la ciudad de Mérida la electricidad se fue hace dos horas y aún no llega. En medio de las tinieblas, frente a la mesa del comedor, una niña que no llega a los 4 años y su hermano, un pequeño de 6, esperan su cena. Algo frío y pastoso -¿solo arroz, otra vez?- cae sobre cada plato. Es lo único que habrá en el menú antes de que se vayan a dormir. “¡Coman!”, ordena apresurada una voz de mujer. Apenas un minuto después se escucha un portazo… Para los hermanos, el verdadero temor, aún peor que la oscuridad y sus sombras, es saber que esta noche mamá no vendrá sola.
La anterior escena tiende a reproducirse más de lo que la sociedad supone, no sólo en Mérida, sino también en Venezuela e incluso en el mundo. Aunque sea un acto abominable, la violencia -y sobre todo la que implica delitos sexuales como la violación y otras agresiones sexuales- en contra de niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes, tristemente ya no sorprende a especialistas, organizaciones y autoridades encargadas de velar por la protección de este sector de la sociedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que sólo en 2020 hasta mil millones de NNA de entre 2 y 17 años en todo el mundo, fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono, lo que da una clara perspectiva de la dimensión mundial del problema.
En Venezuela, los efectos de la pandemia por Covid-19 -que continuó condicionando las relaciones interpersonales y la dinámica social a lo largo de 2021- superpuestos con los impactos asociados a la crisis humanitaria, creó circunstancias para el posible aumento de casos de violencia sexual, y quizás del incremento de casos relacionados con otros tipos de violencia, donde los NNA y jóvenes resaltaron entre las principales víctimas. Esto según las cifras mostradas en el Boletín número 6 (enero-diciembre de 2021) sobre Delitos conocidos por la sociedad publicado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que se elabora mediante el monitoreo de informaciones publicadas en 138 medios de prensa, distribuidos en las quince entidades donde la organización cuenta con sede regional.
En concreto, en el mencionado Boletín, se contabilizaron 1.115 NNA y jóvenes que resultaron ser víctimas de distintos tipos de violencia durante 2021. De esa cifra, específicamente 202 fueron víctima del delito de violación sexual y 112 de otras agresiones sexuales. La cifra combinada entre ambos delitos arroja 314 casos que representaron 28,1% del total de delitos registrados y conocidos en el contexto nacional.
En este escenario, en la regularmente apacible Mérida, entidad andina ubicada en el occidente de Venezuela, si bien las cifras de NNA y jóvenes víctimas de violencia en general -y sexual en particular- no alcanzan las preocupantes cotas de estados como Zulia, Carabobo, Monagas y Bolívar (que juntos concentraron 50% de todas las víctimas reflejadas en el Boletín) sí han repuntado lo suficiente como para empezar a llamar, a gritos, la atención de toda la sociedad.
En Mérida: violencia sexual en alza
El Informe Anual Regional de Violencia 2021 del estado Mérida, elaborado por el equipo de investigación del OVV Mérida, reflejó que las cifras recabadas de violaciones sexuales y otras agresiones sexuales, exhiben un incremento en los últimos años (2019-2021), en conjunto 6,3% (2019), 10,6% (2020) y 13,1% (2021) sobre el total de delitos conocidos. El 100% de estos sucesos, estuvieron relacionados con contextos de violencia intrafamiliar, de género, sexual y contra NNA, donde la mujer (en distintas edades) resultó ser la principal víctima.
En abril de 2020 la OMS alertó sobre el problema de la violencia contra las mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas) y la importante amenaza que supone, analizando cómo la situación de confinamiento debida a la pandemia podría exacerbar los riesgos de aparición de este tipo de violencia. En el mismo sentido, la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU-Mujeres), indicó que desde que se desató la pandemia, informes revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar .
En tiempos más recientes, marzo de 2021, los nuevos datos publicados por la OMS demostraron que la violencia contra la mujer continuó siendo un problema generalizado y devastador y que se empieza a sufrir a edades alarmantemente tempranas. Esta organización internacional expuso que muchas mujeres sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas. Advirtió que la pandemia las ha expuesto aún más a conductas violentas a causa de medidas como los confinamientos y las interrupciones de los servicios de apoyo vitales.
En relación a la violencia contra NNA, la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y las Unidades de Alianzas Públicas y de Protección de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); expusieron que durante la crisis por la pandemia factores como las limitaciones de la actividad económica, el cierre de las escuelas, el acceso reducido a los servicios de salud y el distanciamiento físico podrían incrementar la vulnerabilidad y exposición en la infancia y adolescencia a la violencia, y otras vulneraciones a los derechos de NNA. Además, se ratifica una inquietante verdad sobre quienes están detrás de tales abusos en contra de los NNA: “La mayoría de los actos (de violencia sexual) reportados hasta antes de la pandemia habían sido perpetrados por parte de familiares o personas cercanas. Las niñas y las adolescentes constituyeron la mayoría de las víctimas”.
Violencia con rostros
Gustavo Páez, coordinador del OVV Mérida, explicó que el interés de esta organización por estudiar, conocer y divulgar la situación de la violencia interpersonal en el país y en el referido estado andino, llevó a emprender una investigación específica cuyo objetivo central fue el de estudiar “el comportamiento de la mortalidad y otras formas de violencia contra la niñez y la juventud”. En realidad el estudio se desarrolló en las 15 entidades del país, en las que el OVV tiene establecidos grupos de trabajo.
El procedimiento metodológico que se aplicó para esta investigación, de enfoque cualitativo, tuvo dos partes: en la primera, se realizaron tres entrevistas a expertos que laboran en uno de los varios Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente. En esas entrevistas surgieron referencias a tres casos o historias emblemáticas sobre violencia en contra de NNA y jóvenes. En la segunda, se seleccionaron tres casos emblemáticos conocidos por los medios de comunicación.
El primer caso involucró a una adolescente de 16 años, huérfana, quien, sumida en un cuadro de extrema pobreza, debió enfrentar varios problemas graves de salud (VIH, tuberculosis y depresión). Los familiares la ingresaron al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA) pero allí las propias limitaciones económicas para sufragar los tratamientos y los problemas de insumos, personal e infraestructura del referido centro de salud, afectaron física y emocionalmente a la adolescente, quien vivió tensas situaciones ante un futuro sombrío.
Para Gustavo Páez, el drama de esta adolescente de 16 años ejemplifica el impacto de lo que especialistas, como el sociólogo noruego Johan Galtung, denominan violencia estructural, es decir, aquella “forma de violencia invisible que tiene como causa los procesos de estructuración social y no necesita de ninguna forma de violencia directa para que tenga efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y/o la libertad de las personas”.
El segundo caso que mencionaron los especialistas entrevistados para la investigación es el de un grupo familiar compuesto por una niña de 18 meses, un niño de 3 años, un adolescente de 13 y dos niños más (de quienes no se obtuvo información) insertos en un cuadro complejo en el que se entremezclan una madre con posibles trastornos mentales, pobreza extrema, disfuncionalidad familiar, violencia física y violencia sexual, entre otros factores. “Es un ejemplo de violencia intrafamiliar y sexual que exige múltiples enfoques de atención”, indicó el coordinador del OVV Mérida.
El tercer y último caso expuesto por los consultados, se trató de una adolescente de 15 años, que estuvo muy cerca de ser una víctima efectiva de lo que se presume es una red de explotación sexual que operaría entre Colombia y Venezuela, y que capta adolescentes y jóvenes en la ciudad de Mérida para ser llevados al vecino país. “A ella la iban a trasladar, al igual que a otros adolescentes, a la ciudad de Cúcuta para trabajar como modelo webcam, lo que implicaba ser filmada teniendo relaciones sexuales con su novio, también involucrado en el hecho”, contó Páez sobre este caso que apunta a un tipo de violencia en el que estaría involucrada el crimen organizado.
Tres casos públicos
Tal y como se indicó, en la segunda parte del procedimiento metodológico aplicado en la investigación sobre Mortalidad y otras formas de violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela, 2021 (caso Mérida) se acudió a situaciones reseñadas por los medios periodísticos de la entidad andina, cuya data fue obtenida y procesada por el equipo de investigación del OVV Mérida bajo un conjunto de criterios preestablecidos. De 36 casos difundidos por la prensa, cuyo contenido se refería a violencia contra NNA y jóvenes, el equipo investigador seleccionó tres hechos conocidos por la sociedad que ejemplifican lo que está ocurriendo en el estado en materia de violencia en contra de grupos vulnerables.
El primer caso resume en toda su crudeza la violencia sexual, representada en el delito de abuso sexual, con intervención directa de familiares. Este suceso se conoció en el mes de abril de 2021 en el municipio Tovar. Como víctimas, estuvieron involucrados dos adolescentes, uno de 16 y otro de 14 años, cuyos victimarios fueron su padre, de 48, y su tío, de 56. Gracias a la denuncia que realizó un familiar que rompió el silencio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), delegación Tovar, apresó a los dos hombres por comprobarse el delito de abuso sexual. El caso sigue las vías judiciales.
Un segundo hecho también acontecido en abril de 2021, involucró a un adolescente de 16 quien según versiones se enfrentó a tiros con funcionarios de un cuerpo policial, luego de una redada en la calle principal del sector El Bosque del municipio Alberto Adriani. Adicionalmente, según versiones extraoficiales manejadas por algunos periodistas de la zona, la familia de la víctima estaba pidiendo justicia porque aparentemente hubo irregularidades en el procedimiento
En el tercer caso escogido a partir de las publicaciones de prensa, el que también ocurrió en abril de 2021 y nuevamente fue Alberto Adriani el municipio donde sucedió el hecho; un tribunal del Circuito Judicial de la referida entidad municipal, privó de libertad tanto a la madre como al padrastro de un niño de 2 años, ante un posible homicidio intencional.
Sobre este último caso, el coordinador del OVV Mérida considera que es importante acotar que “por lo general este tipo de delito ocurre por situaciones de trato cruel contra los niños teniendo a sus propios padres como perpetradores de la violencia letal (violencia intrafamiliar). Además es necesario comentar que lo más probable es que el infante pudo ser víctima frecuente de malos tratos, agresiones físicas y/o verbales, sin que ningún familiar u otra persona advirtiera de los daños que se le ocasionaban o de un posible riesgo de muerte”.
Luz sobre los números
Más allá de la información, y su interpretación, surgida de los procedimientos cualitativos de la investigación sobre Mortalidad y otras formas de violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela, 2021 (caso Mérida), también hubo datos cuantitativos que pudieron obtenerse de la revisión de la prensa.
Sobre este aspecto, Gustavo Páez destacó, como primer dato relevante, el hecho de que del total de víctimas identificadas (es decir entre NNA y jóvenes) “son los niños y niñas los que según los datos procesados mostraron el mayor peso porcentual”. Específicamente, de un total de 42 víctimas registradas en la investigación en Mérida, 19 correspondieron a niños y niñas, lo que significa un 45,2% de los casos globales identificados.
El segundo dato significativo, es que al sumar las víctimas por tipos de delitos, destaca el hecho de que los NNA y jóvenes afectados por violaciones sexuales y otras agresiones de esta naturaleza, representaron el 59,1% del total, lo que significa que estos dos delitos son los que mayoritariamente dominan el cuadro de la violencia para este sector de la población. Los investigadores del OVV Mérida advierten, no obstante, que el estudio reveló que a menor edad, se identificó un mayor número de delitos de violación sexual. “Aunque -aclaran- los adolescentes también en su mayoría son víctima de delitos de tipo sexual”.
Lo que sí es una constante, tanto para niños, niñas y adolescentes es que, en todos los casos “los principales perpetrados de las transgresiones son familiares o conocidos (ocurre en un 85,7% de los casos) destacándose la fuerza física (con un 67,6%) como el tipo de arma más utilizada en la consumación del delito, en contextos de violencia sexual, de género e intrafamiliar, en ese orden de importancia”, acotó Páez al respecto.
Por su parte -siempre a partir de la revisión de la investigación del OVV Mérida- los jóvenes suelen ser víctima mayormente de agresiones y homicidios intencionales, cuyos perpetradores de igual manera se inclinan más hacia familiares o conocidos, destacando otra vez la fuerza física como medio para cometer los delitos, en escenarios de violencia sexual, género e intrafamiliar. En cuanto a muertes violentas se refiere, también los jóvenes son las principales víctimas de homicidios y de procedimientos por intervención policial, vinculados a contextos de violencia sexual y de género, y policial/militar, respectivamente.
Violencia sobre violencia
Dado que la violencia (entre la que se destaca la sexual) en contra de los NNA y jóvenes no ocurre desvinculada del entorno sino exacerbada por este, la investigación del OVV Mérida revisó algunos datos fundamentalmente sobre la situación social y económica de la referida entidad.
“Tomamos los resultados presentados por la Encuesta sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) de los venezolanos en 2020, los cuales son los únicos disponibles hasta el momento según entidades federales, ya que los mismos nos podrían dar una idea muy próxima de la calidad de vida que tienen los hogares donde crecen y se desarrollan hoy en día los NNA y jóvenes merideños”, explicó Gustavo Páez sobre este documento de apoyo.
De la gran cantidad de datos presentes en la encuesta ENCOVI sobre la realidad merideña, destacan algunos cuyo impacto es determinante en crear condiciones de violencia estructural y aupar otros tipos de violencia cuyas víctimas directas o indirectas son los NNA y jóvenes.
Por ejemplo, entre los años 2016 y 2020, la pobreza en el estado Mérida no sólo creció sino que también se extendió a municipios que antes no caían en estas estadísticas. De 47,8% de población en pobreza extrema en 2016 (que no podían comprar la canasta alimentaria), en 2020 este mismo sector subió al 63%. De hecho si se incluye la población en pobreza no extrema, la cifra en 2020 alcanza un impactante 97% de los hogares merideños.
Otro apartado que sirve de indicador de las condiciones sociales y de salud en Mérida, es el referido a la mortalidad infantil. Nuevamente, una comparación entre los datos de 2016 y 2020, presentados por la encuesta ENCOVI, indica que las defunciones en menores de un año subieron de 14,9 a 23,2 por cada mil nacidos vivos, lo que representa un aumento de 56%.
Por otro lado, la población ocupada en la entidad merideña descendió de 95 a 40%, lo que abre claramente las interpretaciones negativas sobre el ingreso económico, puertas adentro de los malogrados hogares, lo que supone serias limitaciones para afrontar los gastos de alimentación, salud, educación, transporte y servicios, entre otros.
Otro dato revelador de la ENCOVI 2020 es el hecho de que casi un tercio de la población (exactamente un 29%) entre los 3 y los 24 años no asiste a un centro de enseñanza, lo que pudiera estar induciendo a los jóvenes a un ocio excesivo con negativas consecuencias.
Para el coordinador del OVV Mérida, este contexto de pobreza y precariedades que deben enfrentar las familias merideñas, es un factor que impulsa la migración. Las consecuencias van desde familias fragmentadas, hasta conflictos en los que los NNA y jóvenes quedan en el medio de las crisis y sus coletazos violentos.
Un dato revelador de lo anterior -el escenario de migración- es que al comparar las cifras de población del estado Mérida, establecidas en la proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2020 (1.059.925 habitantes), con las que aporta la ENCOVI (873.521 pobladores) se obtiene una diferencia negativa de 186.344 personas. “Dentro de esa disminución –estimada por Páez– es posible que un buen contingente haya emigrado a otros países, motivado por las condiciones de pobreza en nuestra entidad, y entre ellos, padres y madres que dejaron a sus hijos al cuidado de otros familiares”.
En suma, todo apunta a configurar una especie de tormenta perfecta en función de las condiciones que generan la violencia estructural, como telón de fondo de los distintos tipos de violencia que deben encarar los NNA y jóvenes merideños.
Acciones… no son cosa de juegos
Hay acciones que pueden exponerse como remedios inmediatos para mitigar la violencia contra NNA y jóvenes y para, ya a largo plazo, desterrar los principales delitos que se comenten contra este sector de la población.
El politólogo Walter Trejo, coordinador general de la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor Oscar Arnulfo Romero” –adscrita a la Dirección de Cultura de la Universidad de Los Andes– apunta en la lista de acciones, frente a la violencia sexual en específico, acudir a la educación sexual y a la aplicación de medidas efectivas de prevención del abuso sexual. “Esto debe hacerse no de forma coyuntural sino de manera permanente, principalmente en las instituciones educativas”, indica Trejo.
También considera el politólogo que para evitar improvisaciones es evidente que se deben adiestrar profesionales para que ofrezcan esa educación sexual. “Otro factor, es la educación a las familias para que sean las primeras preventoras de las violencia sexual”, apunta el también especialista en derechos humanos.
Otro flanco que debe ser atacado según Walter Trejo es el del seguimiento a los casos de violencia en general y sexual en particular. Para ello deben resolverse una serie de limitaciones que hoy exhibe la estructura de atención y protección de NNA y jóvenes.
“No hay suficiente personal, se carece de mobiliario y equipos, faltan vehículos, no se cuenta con un presupuesto adecuado, los espacios suelen presentar hacinamiento, los cargos están politizados, hay desarticulación con las organizaciones de la sociedad civil”, enumera Trejo, el cual opina que si el Estado no atiende estas deficiencias “nunca se podrá dar seguimiento, acompañamiento y las denuncias ante los casos de violencia sexual en NNA y jóvenes. Estos quedarán en una sola y primera intervención de la víctima”.
Por su parte la psicóloga clínico Irma Peña, coordinadora de la Unidad de Psicología del Hospital de Especialidades Pediátricas, ubicado en la ciudad de Maracaibo capital del estado Zulia, en entrevista ofrecida a mediados del año pasado a un medio de comunicación televisivo, afirmaba que de la violencia contra los NNA y jóvenes, y sobre todo de la violencia sexual, “apenas vemos la punta del iceberg de un problema grande, doloroso y serio”.
Pero más allá de la dimensión del problema, la psicóloga apunta como elementos esperanzadores para enfrentar este escenario, el hecho de que ahora se denuncia más que antes. “Hay una mayor visualización y se discute más el problema”, considera Peña.
Para la especialista “hay signos físicos y cambios conductuales como no ir al colegio, introspección, entre otros”, que deben ser tomados muy en cuenta por el entorno de los NNA para actuar de manera oportuna.
“Si bien hay factores de riesgos en el propio núcleo de la familia, es importante que los adultos estén atentos de los otros adultos”, advierte Irma Peña para quien toda la comunidad es “corresponsable”.
Por su parte, el equipo de investigación del OVV Mérida reconoce que se está ante un problema en el que se tendrá que seguir investigando para, con esta información científica y cierta, tomar decisiones en el contexto de una sociedad consciente que igualmente le exija a un Estado que debe asumir su enorme cuota de responsabilidad.
Según Gustavo Páez, las recomendaciones son muchas, pero destacan aquellas que debe promover el Estado como procurar producir estadísticas actualizadas que permitan estimar indicadores sobre la situación de mortalidad, violencia y vulneración de derechos de NNA y jóvenes, con cifras diferenciadas según sexo, edad, causas de muerte, entidades federales y municipios de ocurrencia. Esto permitiría el diseño de medidas y políticas públicas adecuadas a la situación que esté imperando.
Asignación de recursos suficientes y oportunos a la estructura institucional que protege a NNA y jóvenes, y la promoción de campañas educativas, son parte de las acciones que deben activarse. “El Estado -agrega Páez- a través de políticas públicas, debe coadyuvar para que las familias y comunidades cuenten con herramientas suficientes para fortalecer una crianza respetuosa basada en el respeto de los derechos de la infancia”.
Visto a partir de las recomendaciones de los especialistas, es evidente que aún falta mucho para lograr alejar a los NNA y jóvenes de la violencia como único modelo de vida.
Pero por algo hay que empezar. Por ejemplo, intentar que, sobre todo los más pequeños -los niños y las niñas- tengan cada vez más momentos de bienestar, tal como lo expuso, con crudeza, un miembro de los Consejos de Protección de NNA. “Dentro de los recuerdos de muchos niños y niñas no está el haber vivido situaciones buenas, como pasear un fin de semana, comer bien o asistir de forma regular al pediatra”.
Es una misión titánica que entraña responsabilidades que involucran a las familias, a las instituciones públicas, privadas, al sistema educativo y al Estado en general como garante de esa misión. En suma: es lograr que la mano que cuida a los NNA y jóvenes se mueva a partir del amor y el respeto, y que jamás se levante como instrumento de la violencia.
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Prensa OVV Mérida.
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