Los Ángeles/ Sao Paulo/ Bogotá, 11 may (EFE).- La violencia policial en América es una enfermedad que parece insalvable y que ha penetrado en toda la región pese a las llamadas permanentes al control y al respeto por los derechos humanos. Países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia o Chile, han sido escenario de episodios de extremo uso de la fuerza, dejando tras de sí decenas de víctimas.
COLOMBIA BAJO LA LUPA
Las protestas en Colombia llevan en los últimos años el nombre de Dilan Cruz, Javier Ordóñez y en estos últimos días el de Marcelo Agredo o Santiago Murillo. Muertos todos ellos en el marco de las manifestaciones que debían ser pacíficas o por la acción de la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El problema de la brutalidad policial persiste, cada vez más agravado, mientras que una parte de la sociedad pide cambios en una Policía que depende del Ministerio de Defensa.
«Hay un fenómeno estructural en Colombia y es que por cuenta del conflicto armado y de la guerra contra el narcotráfico hemos confundido mucho la diferencia que tienen que desempeñar los militares y la Policía», explica a Efe la analista política Sandra Borda, quien compara esto a lo que pasó, por ejemplo, en las protestas raciales de Ferguson (EE.UU.), cuando la Policía comenzó a usar material militar.
«Acá en Colombia es peor, entre otras cosas porque con tanto problema de orden público, básicamente se tuvo que dedicar toda la fuerza pública a lidiar con esos problemas», continúa Borda, profesora asociada de la Universidad de los Andes.
En Colombia, «se ve demasiado Ejército en la calle», cuando no tenía que estar «tan presente en la cotidianidad de la ciudadanía», y luego la Policía asumió «una doctrina y unos métodos supremamente militares», con una actitud «sumamente defensiva», en la que la «ciudadanía es el enemigo».
Las actuales protestas en Colombia, que dejan 27 muertos según la Defensoría o hasta 47, según la ONG Temblores, son la expresión exacerbada del paro nacional de 2019 y una situación social que ha empeorado con la pandemia, con incremento de la pobreza y una parte de la juventud aislada del mercado laboral.
LA INFLUENCIA DE ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos ha sido en el último año protagonista de la mayor ola de protestas raciales tras la década de los 60 del siglo pasado a raíz de la muerte en mayo de 2020 del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía, lo que ha generado un amplio debate sobre la violencia policial contra las minorías.
El impacto de la cultura de EE.UU. en el resto del continente también llega a través de la militarización de sus cuerpos policiales, normalmente acorazados con armas de alto calibre y equipamiento de guerra, según el abogado de derechos civiles V. James DeSimone, especializado en violencia policial en Los Ángeles.
«No tengo ninguna duda de que si otros países sienten que Estados Unidos puede o está tratando a su propia gente de esta manera, con ciertos niveles de opresión, e incluso con el uso de fuerza letal sobre individuos, cuando ocurra en América Central y del Sur, (los países) no van a encontrar ninguna resistencia por parte de Estados Unidos», reflexiona DeSimone en una entrevista con Efe.
Las unidades policiales militarizadas en EE.UU. se despliegan con mayor frecuencia en comunidades de menores ingresos, con una gran proporción de residentes afroamericanos, incluso después de controlar las tasas de delincuencia locales, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Princeton publicado en la revista científica PNAS.
TORTURA EN PLENA CALLE
Para DeSimone, uno de los principales problemas en EE.UU. y el continente es la normalización de tácticas defensivas de la Policía que constituyen tortura, como el uso de pistolas de electrochoque, también conocidas como táser, o gases lacrimógenos.
«Si causas violencia física a alguien que no representa una amenaza, constituye tortura: Amnistía Internacional dice que el uso de armas táser contra alguien que está en una posición pasiva es tortura», explica el experto.
Estas violaciones de las normas internacionales en EE.UU. «pueden de alguna manera influir a otros países para que también infrinjan estas normas aceptadas», añadió DeSimone.
SANGRE EN RÍO
Una violenta operación policial realizada el jueves pasado en Río de Janeiro en una favela de la ciudad, dejó un saldo de 27 civiles, que según las autoridades eran supuestos criminales, y un policía muertos.
La acción fue considerada como la «mayor masacre» en la historia de la urbe y volvió a levantar las alertas sobre los abusos de los uniformados en el país, ya que la mayoría de los civiles muertos fueron jóvenes, negros y habitantes de favela, de los cuales solo tres tenían relación con el objeto del operativo.
Expertos consultados por Efe en Brasil coincidieron en que el alto índice de letalidad policial no es solo un problema del gigante suramericano sino de varios países de América, debido a factores comunes como los altos índices de violencia, el narcotráfico, la falta de profesionalización de los uniformados, los prejuicios sociales y un sistema de justicia ineficiente.
A eso se suma la ola de una política conservadora que promueve la violencia como la solución a los problemas y a una sociedad que normaliza y avala esas prácticas de ‘mano dura’.
«Esta ola más populista tiende a elevar la violencia como un tema muy fuerte y a verla como la solución de los problemas sociales», señaló Rafael Alcadipani da Silveria, especialista en seguridad pública de la Fundación Getulio Vargas.
MEZCLA EXPLOSIVA
En la misma línea opina el coronel de la reserva Robson Rodrigues da Silva, antropólogo e investigador del Laboratório de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado do Rio, quien asegura que otros países ya han avanzado en la reformulación de sus sistemas de justicia criminal, pero Brasil no.
«Hemos verificado que existe una mezcla explosiva de factores que generan esas violencias. Uno de ellos es una criminalidad violenta que muchas veces es utilizada para proteger los mercados ilícitos y los mercados de droga», indicó.
EL FALSO OASIS CHILENO
Pese a que Chile estaba considerado el «oasis» latinoamericano hasta las protestas de finales de 2019, el descrédito de las fuerzas de seguridad comenzó a gestarse un año antes, cuando el joven Camilo Catrillanca murió de un disparo policial mientras se desplazaba en un tractor por una comunidad mapuche en el sur.
Muchos analistas consideran que el caso Catrillanca fue la semilla de lo que un año después se convertiría en una ola de indignación transversal sin parangón desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (19973-1990), con multitudinarias protestas durante meses, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, muchos de ellos con traumas oculares.
Los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, las dos personas que se quedaron ciegas por disparos policiales, dieron la vuelta al mundo y llevaron a la ONU, Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) a denunciar violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno del presidente Sebastián Piñera tardó un tiempo en reconocer que los abusos no fueron «casos aislados», como apuntaba al inicio de la crisis, y se comprometió a reformar el cuerpo de Carabineros.
CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO
En México, la violencia policial y los abusos de las instituciones de seguridad han sido moneda corriente desde hace varias décadas.El acto más recordado en este país es la matanza de centenares de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, a manos del Ejército.
Mientras que el más reciente ocurrió el 27 de marzo cuando la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue asesinada por cuatro policías municipales en el balneario de Tulum, Caribe mexicano.
Y en plena pandemia de la covid-19, la brutalidad policial reapareció en el país con la muerte del joven Giovanni López a principios de mayo de 2020. Tenía 30 años y fue arrestado supuestamente por no llevar cubrebocas en el estado de Jalisco.
En el informe «México: la era (ira) de las mujeres», presentado por Amnistía Internacional el pasado 3 de marzo, la organización encontró represión policial en distintas movilizaciones de mujeres contra la violencia de género, que marcaron el 2020, en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México.
CIENTOS DE CASOS EN VENEZUELA
En Venezuela, los casos de violencia policial en los últimos años se cuentan por cientos y son atribuidos, fundamentalmente, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía, un grupo creado en 2016 que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó disolver al responsabilizarlo de numerosas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro respondió con el apoyo incondicional a los efectivos y sus actos.
Entre los casos más destacados de víctimas de la brutalidad de las fuerzas de seguridad del Estado (la Fuerza Armada asume labores de Policía cuando el Gobierno lo considera necesario, como en las protestas de 2017 o 2014) está el asesinato de David Vallenilla, quien recibió un disparo procedente de la base militar de La Carlota el 22 de julio de 2017, cuando el joven tenía 22 años.
Otro caso sonado fue el de Juan Pablo Pernalete, quien murió a los 20 años producto de una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional Bolivariana, tal y como reportó la entonces fiscal General Luisa Ortega Díaz, y a la que desmintió el Gobierno, argumentando que el joven había sido asesinado con una pistola por «la propia derecha».
Un caso que también sigue vigente es el del asesinato de Óscar Pérez, policía insurrecto que en las protestas de 2017 decidió posicionarse del lado de los ciudadanos que protestaban contra el Gobierno, llamando a sacar a Maduro del poder. Según el Ejecutivo, Pérez lanzó varias granadas desde un helicóptero policial contra dos edificios gubernamentales en Caracas, pero nunca se reportaron muertos ni heridos del supuesto ataque.
Pérez se refugió en una localidad cercana a la capital, donde fue abatido por fuerzas de seguridad del Estado en enero de 2018 junto a 6 personas más.
Más reciente -4 de julio de 2019- el adolescente de 16 años Rufo Chacón se quedó ciego al recibir parte de la munición de las armas de dos policías, que pretendían dispersar una protesta para exigir gas doméstico a base de disparos. Los agentes fueron detenidos, pero nunca se supo si fueron juzgados ni qué ocurrió posteriormente con ellos.
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