A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y costo político que termina dando al traste con los gobiernos que las aplican. Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento, para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias sinceró las tarifas, pero la clase media urbana, pymes y trabajadores sintieron que sobre sus bolsillos recaía el peso del ajuste y este malestar generó un costo político-electoral que finalmente llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las reformas.
En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas de transporte público-, se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital, la intensidad de las protestas fue tal que obligó al gobierno de Lenín Moreno a echar para atrás las medidas.
En Chile, el aumento en las tarifas del Metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado. La intensidad de las protestas y la brutal represión desembocaron en un cuestionamiento el proyecto de país plasmado en la Constitución y en una convocatoria de una Asamblea nacional Constituyente para repensar el modelo económico y social de la Nación.
En Colombia la reforma tributaria impulsada por Duque desató una ola de protestas a lo largo y ancho del territorio nacional que también fueron violentamente reprimidas y exacerban el cuestionamiento a un gobierno que sufre un apoyo cada vez más precario.
¿Cómo hacer para que en la corrección de los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas el costo del ajuste no se cargue sobre la población más vulnerable? ¿Cómo evitar que el creciente descontento social y político termine restaurando al viejo orden que ya se creía superado?
La obsesión por adelantar la elección presidencial que domina a importantes líderes de la oposición venezolana tiene que mirarse en el espejo de esos países. Sobre todo porque aquí la atención nacional ha estado más enfocada en el debate político y no se está prestando suficiente atención a la viabilidad económica de la transición política, ni a la distribución equitativa y proporcional de los costos sociales que generan los ajustes macroeconómicos.
¿Cuáles compensaciones a los sectores afectados habría que prever? ¿Cómo explicar y comunicar las medidas necesarias para evitar el estallido de protestas que puedan dar al traste con las reformas económicas? ¿Cómo evitar que la transición política sea abortada por las omisiones que se suelen cometer en los programas de estabilización y ajuste económicos?
La experiencia de las reformas económicas en América Latina revela que no basta que las medidas sean las correctas, aplicadas en un orden lógico y a una velocidad adecuada. El éxito de un programa de estabilización y ajuste económico no es un asunto meramente técnico. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta para que un programa de reformas económicas técnicamente bien diseñado tenga éxito? ¿Cómo hacer para transformar la cultura rentista, acostumbrada a vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo, por una nueva cultura tributaria, sustentada en el valor del trabajo y la inversión productiva?
Ahora que en el país se debilita la vía insurreccional y violenta y cobra fuerza la ruta electoral, es necesario pensar muy bien la viabilidad económica de la transición política. Quienes aspiran a gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista -plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto inflacionario- están llamados a entender que no se trata solo de un cambio político, también se requiere un cambio profundo en la manera de pensar la economía y el modelo económico. De lo contrario solo se habrá producido un cambio en el mando político, pero la crisis de gobernabilidad se prolongará y agravará cada vez más.
Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr